Opinión > EDITORIAL
Esperanza con los pies en la tierra
La próxima década comienza en 2021, pero mentalmente ya estamos listos para darle la bienvenida en este año que recién empieza a despuntar.
Si un nuevo año siempre nos llena de expectativas, ¡qué decir entonces de un cambio de década que, en nuestro caso, además, coincide con un cambio de gobierno!
Un singular cambio de época genera entusiasmo, pero que se debería moderar con el sentido de la realidad.
El papel del próximo presidente, liderando un gobierno integrado por cinco partidos políticos, es clave para encarar un conjunto de reformas imprescindibles, pero no es suficiente. Es necesario sumar el apoyo de la robusta futura oposición o por lo menos que no sea un palo en la rueda.
Desde el retorno a la democracia en 1985, hemos sido capaces de llevar adelante proyectos de largo plazo –como la política forestal y la apuesta por la industria de la celulosa, la instauración de un sistema mixto de pensiones, la reforma de la matriz energética– que nos deberían dar confianza para proyectar nuevas políticas de Estado.
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En ese sentido, no podemos esperar otra década para resolver los problemas estructurales del gasto público o el de la educación.
Hace 10 años, en este mismo espacio, nos referíamos a los escollos para el desarrollo y el crecimiento sustentable que supone el excesivo gasto público, el aumento de la inseguridad y la mala calidad de la educación, entre otros. Y como ocurre con las dificultades no resueltas a tiempo, pese a los compromisos asumidos por los gobernantes, en las tres áreas mencionadas estamos mucho peor que hace una década.
Se trata de graves inconvenientes en el tintero que terminan por dañar la confianza de los ciudadanos en la política y en la democracia.
La templanza y actitud en general del presidente electo, Luis Lacalle Pou, desde la campaña electoral, parecen mostrar que ha tomado debida nota de que las fallas de los políticos al no cumplir con la palabra empeñada son cada vez más frustrantes para los uruguayos.
Desde el próximo 1° de marzo, Lacalle Pou deberá demostrar con hechos que interpretó correctamente el mensaje de las urnas.
El reto es enorme porque a los problemas viejos se suman inocultables problemas nuevos.
Uno de ellos es el avance del narcotráfico, que daña enormemente el sano entramado de la sociedad, ahonda la brecha social, aumenta la violencia y los actos delictivos, fomenta la corrupción y la economía ilegal.
El sistema político debería dar un claro mensaje de unidad en la lucha contra el comercio de las drogas antes de que sea demasiado tarde para evitar la podredumbre de la sociedad que sufren otros países de la región.
La violencia de género es otro de los retos a resolver desde el consenso político. Por eso es que nos parece vacía de contenido la decisión de la declaratoria de la emergencia nacional por parte del Poder Ejecutivo que no tuvo en cuenta que es el próximo gobierno quien deberá implementar la medida y respaldarla presupuestalmente.
Los ataques contra la mujer son un fenómeno social que es urgente atender con o sin la declaratoria de la emergencia nacional.
Esperamos con ansias de que el país sea capaz de superar los obstáculos que afectan su horizonte y que el sistema político –no solo el gobierno– esté a la altura de las circunstancias para extirpar los males que nos afectan.
