Estudio alerta por armas menos letales que “igual matan" y pide más capacitación para su uso

Aquella noche del martes 9 de octubre de 2018, tras un motín en el que todos los testigos coinciden con que no participó, Pato murió —paradójicamente— en Libertad, como le llaman en el país del Arroyo Seco y el Cerro Chato al penal ubicado cerca de la localidad homónima. La bala Rubber Rocket había salido de la escopeta del policía ubicado a menos de diez metros, atravesó el brazo, entró por la cara posterior del tórax a la altura en que las costillas diez y once dejan un espacio, y fue a parar al estómago.

Cuando el forense Fidel Lagos examinó el cuerpo no esperaba tal hallazgo: en el estómago estaba alojado el proyectil de más de cuatro centímetros de largo, con forma de pequeño cohete, y que le habría hecho perder al recluso de 34 años tanta sangre que el corazón se cansó de bombear.  Fue la primera constatación científica de un fallecimiento en un centro de reclusión en Uruguay a causa de este tipo de balas que usa la policía local.

“El uso de las armas menos letales intenta disminuir la posibilidad de causar lesiones graves y causar la muerte, siempre y cuando se tenga conocimiento de la distancia mínima recomendada y se apunte a las zonas del cuerpo de mayor resistencia”, explica a El Observador la forense Malbina Revetria, profesora adjunta de Medicina Legal y autora de una reciente monografía sobre el “uso de armas menos letales por las fuerzas de seguridad”.

Revetria había examinado otro fallecido en las cárceles uruguayas por el impacto de 21 balas menos letales en 2012, aunque en aquel caso se trataba de proyectiles de goma clásicos y habiendo el recluso obtenido un arma de fuego que ponía en peligro a los guardiacárceles.

Con esta revisión, la médica quiso demostrar que las armas “menos letales” son potencialmente letales, requieren un estricto protocolo de actuación que en Uruguay no siempre se aplica y, sobre todo, “demanda una constante capacitación y práctica del personal que usa esas armas”.

El Comisionado Parlamentario Penitenciario radicó el último año 18 denuncias por violencia institucional en las cárceles uruguayas. Dos de esas denuncias fueron un presunto uso abusivo de las armas menos letales que ocasionaron lesiones oculares y de otro tipo en los reclusos.

El riesgo

La muerte es la punta del iceberg de los potenciales peligros que acarrean las llamadas armas menos letales. El forense Lagos lo sabe: “Cada tanto debo atender a algún preso del Penal de Libertad que perdió la vista por perdigones lanzados con las escopetas antidisturbios”.

Una vez, recuerda, atendió un paciente al que le habían disparado en el ojo con la llamada “bolsa de frijoles”: la escopeta lanza una bolsita con varios pequeños pedigones que al impactar causan un gran dolor. La mala fortuna, la mala puntería del agente o el mal uso hizo que esa bolsita diera a parar en el lugar incorrecto y le quitara por completo el globo ocular del recluso.

Algo similar ocurrió el pasado 3 de noviembre, cuando en medio de una pelea entre cuatro reclusos la policía disparó para dispersarlos y lastimó a uno de ellos en el ojo. El comisionado parlamentario para las cárceles radicó una denuncia que la Fiscalía archivó por considerar que el uso del arma había sido justificado en medio de una trifulca.

Sea como sea, la forense Revetria insiste en que así como los medicamentos pasan por ensayos clínicos y los fabricantes establecen en base a estudios cómo debe emplearse, las armas menos letales deben seguir estrictas reglas de uso que varían según el tipo de arma y material.

Uruguay usa como referencia las recomendaciones de Naciones Unidas, aunque los forenses reconocen que “la falta de capacitación y la ausencia de una legislación interna” hacen que a veces el uso se aleje de lo estipulado. La ley de procedimiento policial da un encuadre genérico sobre el uso de la fuerza, pero no especifica en un tipo de arma concreto. 

Al ser consultada por El Observador, la Policía Nacional respondió que “los policías no se capacitan en el uso de armas menos que letales, pero sí para el uso de munición menos que letal”. Lo hacen en las escuelas de formación y en capacitaciones posteriores.

En este sentido, la Policía uruguaya no considera como “arma” los bastones policiales o los irritantes químicos lanzados a distancia que, según los forenses y Naciones Unidas son catalogadas como tal. De hecho, dice Revetria, con los bastones, porra o macana “se debe evitar la compresión del cuello por el riesgo alto de muerte o lesiones que puede provocar la compresión de la vía aérea o los grandes vasos”.

A diferencia de otros países, Uruguay no cuenta a nivel oficial con las pistolas de descarga eléctrica (Táser). Según el abogado penalista Andrés Ojeda, la misma ley de procedimiento policial autoriza el uso de estas armas, solo que no se utilizan porque no están disponibles. Mediante unos cablecitos que se incrustan en el cuerpo genera una “incapacitación neuromuscular” que es potencialmente letal, sobre todo si no corta a los cinco segundos. Es por eso que varios países (como España y Argentina) lo han prohibido. 

La muerte de un policía en Buenos Aires, hace pocas semanas, reabrió el debate en la vecina orilla. Según el ministro de Seguridad porteño se podría haber evitado el desenlace fatal si se usaba ese tipo de armamento.

A la inversa, en Estados Unidos su uso “desproporcionado” llevó a “brutales muertes” en cárceles, lo que condujo a la crítica de Naciones Unidas.

La forense Revetria insiste en su monografía que “en las guías internacionales se insta a los Estados a proporcionar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley una amplia gama de armas menos letales, con la finalidad de poder decidir en cada situación qué tipo de arma debe utilizarse”. En la muerte del Pato, como en la mayoría de fallecidos por armas menos letales en cárceles uruguayas, “los funcionaros encargados de hacer cumplir la ley sólo utilizaron escopetas antidisturbios”.