Fiscal de Corte propone cambios al Código del Proceso

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, entregó un documento al Parlamento con una serie de recomendaciones que a su juicio deberían tenerse en cuenta para introducir en el proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal. La principal, en opinión de Díaz, es que cuando se trate de un reiterante o reincidente –un procesado o condenado que vuelve a delinquir, respectivamente– los antecedentes deben considerarse como un requisito para decretar la prisión preventiva frente al nuevo delito.

Esta recomendación estuvo presente en un encuentro entre jueces, fiscales y policías que se realizó en junio pasado para debatir sobre los principales cambios que introducirá la reforma. En ese encuentro, la gran mayoría de los operadores judiciales coincidieron en que la nueva ley modernizará el sistema penal y dará mayores garantías tanto a los indagados como a las víctimas de delitos, pero advirtieron que habrá que hacerle algunos ajustes.

A modo de ejemplo, se planteó que la prisión preventiva no será obligatoria y se corre el riesgo de que delincuentes peligrosos queden libres. El artículo 226 del proyecto que está en el Parlamento establece que “en ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva”.

En los siguientes artículos se dispone que se podrá decretar la prisión si existiera peligro de fuga o si el indagado pudiera entorpecer la investigación. Pero para Díaz, debe quedar explicitado para el caso de los reincidentes.

La idea del Parlamento y del Poder Ejecutivo es que la reforma se apruebe en esta legislatura y entre en vigencia en 2016 con un nuevo presupuesto.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, había explicado que para cumplir con esos plazos se debe realizar una serie de pasos previos. En una entrevista al semanario Crónicas de mayo pasado, explicó que, por ejemplo, se deberían duplicar la cantidad de jueces, fiscales y defensores, para lo cual se requiere generar nuevas vacantes, destinar inmuebles y adjudicar recursos para su funcionamiento. “Hay que agregar en principio 62 defensores públicos en materia penal, lo que también es duplicar el número existente y otro tanto está haciendo la Fiscalía de Corte”, dijo Chediak.