Tras conocerse el dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía, que rechazó una denuncia de la Patronal del Taxi por prácticas anticompetitivas contra Uber, el Poder Ejecutivo ratificó que la aplicación "solo puede desempeñarse en la República si cumple fielmente las normas" consagradas en la legislación vigente, "quedando sometida a los contralores referidos y a las sanciones que del incumplimiento se deriven".
El órgano especializado concluyó que no hay "ilegalidades" desde el punto de vista de la libre competencia y sostuvo que "no hay razones para prohibir y sancionar a Uber". El pronunciamiento también destaca que la aplicación puede servir para que el servicio de taxis sea más "eficiente".
"Coexisten, por un lado, el servicio de taxímetro, con una limitación a la entrada al mercado a través de permisos o licencias, que constituye la principal limitación para el ejercicio de la libre competencia y donde se verifica la fijación de tarifas máximas por parte de las autoridades públicas y, por otro, el servicio brindado por Uber, sin barreras a la entrada y con fijación libre de sus precios, lo cual puede generar una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado", señala el dictamen.
La comisión no se quedó sólo en el análisis de los servicios que ofrecen el taxi y Uber, sino que realizó una recomendación para que "se procure diseñar un marco favorable a la competencia, que busque la igualdad de condiciones de las partes para competir, que no establezca requisitos injustificados ni barreras a la entrada que impidan el ingreso de nuevos agentes al mercado y que no resulte en un obstáculo para el desarrollo de nuevos modelos de negocios", según señala el texto.
Por su parte, el gobierno, en un comunicado que divulgó este lunes en el sitio web de la Presidencia, indicó que el 14 de marzo envió al Parlamento un proyecto de ley que busca regular las aplicaciones tecnológicas. La iniciativa está siendo estudiada por la Comisión Especial de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara de Diputados.
El comunicado del Poder Ejecutivo indicó que la regulación propuesta busca dar un marco jurídico y regulatorio a "los prestadores que emplean medios informáticos y aplicaciones tecnológicas para concertar diversos servicios dentro de los que se incluye el transporte privado de personas, de modo de proteger el interés general, confiado a su gestión, sin desconocer el avance tecnológico y la utilización de los sistemas informáticos como herramientas para la evolución de las sociedades".
