Gobierno aprobó nuevas directivas para Fuerzas Armadas, donde advierte sobre pandemia con “final incierto”

Entre las directivas, el Poder Ejecutivo también promoverá en el quinquenio la reforma de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas -tal como había sido manejado-, procurará "reafirmar como política de Estado la presencia” de Uruguay” en Misiones de Paz, y reforzará el control de los ciberataques, de los que -según el documento- el Estado uruguayo no está libre. 

Las directivas para la política de defensa del período incluyen un análisis de la situación mundial y regional, definen “objetivos estratégicos” del Estado, eventuales amenazas y brindan “lineamientos” de acción. Las definiciones surgen a raíz de la Ley Marco de Defensa aprobada en 2010, un texto que creó el Consejo de Defensa Nacional (Codena) encabezado por el presidente junto a los ministerios de Defensa, Interior, Economía y el de Relaciones Exteriores, que durante el primer año de gobierno debe tomar las definiciones estratégicas para el área.

Además de “preservar” la soberanía y la “seguridad humana”, las directrices de la política de defensa promueven el desarrollo del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, una mayor participación de mujeres en las Fuerzas Armadas, y la creación de un Comando Conjunto de Ciberdefensa. 

La pandemia por el coronavirus es un elemento abordado en diferentes pasajes del documento. En su análisis de la situación mundial, el gobierno señaló que “la aparición de la pandemia de covid-19” tiene la “potencialidad de acelerar procesos que degraden la seguridad global, por la vía del debilitamiento de las economías, del aumento de la desconfianza entre naciones, o por el simple aprovechamiento de la situación por parte de actores, que pretenden mejorar su posición estratégica regional o global”. 

La “crisis sanitaria” ante la propagación del covid-19 fue retomada más adelante en el documento aprobado el 23 de diciembre, donde al analizar la situación regional el Poder Ejecutivo advirtió el impacto “sobre los más vulnerables” y la “incertidumbre de una pandemia con final incierto”. 

A nivel regional el presidente y sus ministros también advirtieron sobre el avance del terrorismo y del narcotráfico, al que caracterizaron por las redes de contactos de escala internacional que luego permean en cada país a través de distintos métodos y herramientas. “Este poder supranacional obtiene una ventaja comparativa por la estructura de redes a través de la cual opera, mucho más rápida que la necesaria cooperación entre estados que, hacia su interior, enfrentan las dificultades propias de actualizar amenazas”, señaló el texto.

Según el documento del Poder Ejecutivo, las redes de narcotráfico operan mediante una “estrategia de ganar-ganar” con organizaciones terroristas a través del lavado de activos y “la consolidación de áreas seguras para su encubrimiento o actuación”. Asimismo, en el escenario mundial reconoció la existencia de “potencias emergentes” con capacidad para influir en diversas áreas y una “creciente carrera armamentista”.

En tanto, las relaciones exteriores y la diplomacia son señaladas como una base para alcanzar los objetivos, pero el Poder Ejecutivo cuestionó la conformación de la Unasur. “En cuanto a las políticas de defensa a nivel regional, en los últimos años se asistió a la disolución de hecho de la Unasur y su Consejo de Defensa Sudamericano, organismos que fueron creados sobre la afinidad ideológica y no sobre la comunidad real de intereses regionales”, señaló también el documento al inicio de su análisis de la situación regional.

Cambios a leyes orgánicas de Fuerzas Armadas

El Poder Ejecutivo también reafirmó en su plan para el período la intención de “revisar o reformular el marco normativo que rige las distintas funciones y tareas que hacen a la Defensa Nacional, particularmente la presentación de proyectos que actualicen y adecúen las leyes orgánicas del Ministerio de Defensa Nacional y de cada una de las Fuerzas”. Del mismo modo, el gobierno promoverá hacer lo mismo con los procesos de formación militar de las distintas escuelas de cada una de las fuerzas. 

Los cambios a la ley orgánica militar comenzaron en la Ley de Presupuesto Nacional. El texto prevé un aumento de 12 a 14 en la cantidad de generales en el Ejército Nacional y un incremento de 130 a 156 en la cantidad de coroneles que pertenecen a la fuerza de tierra, lo que implicó cambios a lo establecido el texto de la Ley Orgánica aprobada en 2019 y que entraría en vigencia entre 2021 y 2022.

El proyecto aprobado en el Parlamento también aumentó la cantidad de capitanes de navío en la Armada, pasando de 76 a 82 y subió el número de coroneles en la Fuerza Aérea, pasando de 45 a 47. El texto mantuvo en 7 la cantidad de contralmirantes en la fuerza de mar y 6 brigadieres generales en la fuerza de aire.

En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto, el Poder Ejecutivo había señalado que promoverá “procesos de mejora en la gestión de los procedimientos de compra, que prioricen las adquisiciones conjuntas de aquellos insumos comunes a todas las Fuerzas Armadas, aprovechando los beneficios de la economía de escala”.