Gobierno pidió al Poder Judicial "ajustarse el cinturón" y complica ley de violencia de género

En una reunión realizada el lunes 29 de junio en la que participaron la presidenta de la Suprema Corte, Bernadette Minvielle; el ministro Eduardo Turell; y el director de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, se sentaron las bases para la negociación que seguirá ahora con el Ministerio de Economía y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Desde el organismo judicial señalaron que intentarán "obtener lo mejor para el funcionamiento del Poder Judicial". "El objetivo es lograr que la regla fiscal no se aplique al Poder Judicial, ya que todos los años tenemos que ir a pedir plata", explicó una fuente.

Según surge de la Rendición de Cuentas recientemente publicada, el presupuesto asignado al Poder Judicial durante el período pasado fue de $ 4.379.594 anuales. De ese monto, el 90,22% se gastó en remuneraciones ($ 3.759.635), el 9,78% en gastos de funcionamiento ($ 407.596) y 3,46% en inversiones ($ 149.352). Todos los años pidieron partidas extra.

En el conjunto del presupuesto asignado a la Administración Central y a organismos del artículo 220 de la Constitución, el Poder Judicial representa el 2,7% del total, casi lo mismo que el Ministerio de Economía, que tiene el 2,6%, mientras que ANEP tiene el 26,1%, ASSE el 14,5% y el Ministerio del Interior, 11,4%.

El problema al que se enfrenta la Justicia es que tiene pendiente aplicar parte de la ley 19.580 de “Violencia hacia las mujeres basada en género”, aprobada en 2017. Si bien la ley vigente ya se aplica en cuanto a las normas, aún falta la creación de juzgados con los consiguientes cargos de jueces y de equipos técnicos (psicólogos y asistentes sociales que asesoran a los jueces).

El objetivo es llegar a tener en Montevideo entre 26 y 28 juzgados en el quinquenio. Actualmente funcionan diez juzgados de familia especializada y pronto serán 12 ya que el Poder Judicial decidió transformar dos juzgados de Adolescentes, informó Búsqueda el jueves, ya que los delitos cometidos por los menores han bajado notoriamente y esa materia tenía capacidad ociosa.

Según un estudio realizado en 2017, cuando se aprobó la ley, el costo para ponerla en marcha desde cero era de $ 970 millones (US$ 22 millones al valor del dólar actual). De esos rubros, $ 200 millones estaban destinados a inversiones y $ 770 millones a sueldos y gastos de funcionamiento.

De todos modos, según dijeron los informantes, se va a incluir en el proyecto de presupuesto que envíe la Suprema Corte de Justicia y para ello se están haciendo "nuevas estimaciones de costos y necesidades" porque, con los tres años de experiencia que ya tiene de aplicación la ley, algunos costos se podrán reducir. A modo de ejemplo, explicaron que los juzgados penales que tenían a cargo casos del viejo código del proceso penal en el interior del país han reducido su tarea y ya hoy se están ocupando de los casos de violencia doméstica.

En Montevideo, un costo importante será el de la adaptación del colegio que se compró en la Aguada para transformarlo en sede de los juzgados. Están viendo opciones para costearlo.

"Pronósticos desalentadores"

La Fiscalía General de la Nación, cuyos representantes trabajan a la par del Poder Judicial, y que como servicio descentralizado tramita su presupuesto en forma independiente, también lamentó haber empezado la negociación "con el pie izquierdo", como dijo días atrás su titular, Jorge Díaz. “Los pronósticos son bastantes desalentadores, puesto que no se está hablando de incremento sino de disminución”, dijo el jerarca en diálogo con el programa Así nos va de radio Carve el lunes 29 de junio. “La rendición de cuentas la acabamos de presentar y la Fiscalía tiene una ejecución de más del 99% del presupuesto asignado”, añadió, ejemplificando que los rubros son ajustados.

Pero la ley de género no es la única necesidad del Poder Judicial para el período. También está la necesidad de terminar las obras en el edificio de la calle 25 de Mayo (donde antiguamente estaba el banco La Caja Obrera) que permitiría trasladar allí a los juzgados de Paz, hoy distribuidos en varios edificios por los que se pagan "alquileres altísimos", además de que son "malas oficinas". "En definitiva, ahorraríamos con ello", dijo la fuente.

También falta la segunda etapa del Centro de Justicia de Maldonado para poder trasladar todas las materias al mismo centro y devolver el edificio San Lázaro de Maldonado, también alquilado.

Según el Plan Estratégico 2019 del Poder Judicial, también está pendiente la ampliación del Centro de Justicia de Rivera, dónde funcionan los juzgados penales, que quedó chico.

Proyecto en peligro

Otros proyectos corren serio peligro de tener viabilidad en este escenario, como el presentado por el Colegio de Abogados en el Parlamento para aplicar tecnologías de la información y comunicación en procesos jurisdiccionales y así continuar la actividad en forma remota. Como quedó demostrado a causa de la emergencia sanitaria, por no contar con esas herramientas, en el Poder Judicial "se frenó todo", como había dicho a El Observador Diego Pescadere, presidente del Colegio de Abogados.

El proyecto de ley plantea la realización de actos procesales escritos por medios electrónicos o telemáticos, la realización de audiencias a través de videoconferencia u otros medios electrónicos y la asignación de turnos especiales para las instancias presenciales, entre otros aspectos.

Si bien desde hace algunos años el organismo viene recorriendo un "camino hacia la digitalización" de varios procesos –por ejemplo hay "350 sedes judiciales" en las que se admite la firma digital, y desde febrero de este año es obligatoria la inscripción de testamentos que hacen los escribanos vía online–, todavía están muy lejos de poder desarrollar la actividad judicial vía web.

De todos modos, en el Poder Judicial ya adelantaron que en este escenario no prevén que los recursos alcancen para poner en marcha esa ley. "El proyecto es proyecto. Por ahora nos manejamos con las necesidades actuales", concluyó la fuente.