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La iniciativa estaba incluida en la ley de Presupuesto

Nacional > Seguridad pública

Gobierno habilitó a que policías retirados vuelvan a trabajar: qué podrán hacer y qué requisitos tienen

El Ministerio del Interior podrá contratar así hasta 1.000 funcionarios y destinarlos al combate al delito

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09 de septiembre de 2021 a las 13:17

El Poder Ejecutivo reglamentó esta semana el artículo 167 de la vigente ley de Presupuesto y de esta forma habilitó al Ministerio del Interior a poner en práctica la contratación de hasta 1.000 policías retirados para cumplir funciones ejecutivas. 

Según el decreto correspondiente, estos funcionarios podrán desempeñarse en comisarías, subcomisarías, seccionales policiales, destacamentos, garitas o kioscos policiales en todas las jefaturas departamentales. 

Deberán cumplir cometidos de “observación, prevención, disuasión y represión y así evitar la comisión de delitos o faltas”. 

También tendrán funciones de “relacionamiento con la comunidad”, ya sea con vecinos, comisiones barriales, organizaciones sociales o centros de enseñanza, y así “fortalecer el entendimiento” con la policía. 

El Ministerio del Interior abrirá la inscripción a los interesados, que deberán cumplir con una serie de requisitos. 

En primer lugar, estar retirados al 1 de enero de este año y que su retiro se hubiere producido en el subescalafón ejecutivo. 

No podrán haber sido dados de baja o declarados cesantes por una sanción disciplinaría o por ineptitud física o mental, ni tampoco sometido a un sumario administrativo con sanción final por causa grave. Tampoco haber sido condenados en causa penal ni estar sometidos a proceso al momento de su contratación. 

Deberán tener como máximo 65 años y acreditar aptitud física y mental para el desempeño de sus funciones. 

Una vez contratados, quedarán sujetos a todos los derechos y obligaciones de un policía en actividad, entre ellos el uso de uniforme, salvo la posibilidad de realizar funciones de vigilancia especial bajo el “servicio 222”. Podrán ganar, como agentes, hasta el 60% del salario de un agente en actividad, y seguirán percibiendo sus haberes como retirados. 

El plazo de la eventual contratación será por cuatro años, con opción a dos años más de prórroga. 

La utilización de policías retirados para funciones ejecutivas había sido justificada por el entonces ministro Jorge Larrañaga ante el Parlamento, cuando fue discutida la ley de Presupuesto. 

El jerarca había cuestionado la decisión de sus antecesores de apelar a becarios para cumplir funciones en las seccionales. Larrañaga también había argumentado que el ministerio tenía al 15% de la fuerza policial bajo certificación o cobrando un subsidio por incapacidad. 

El actual ministro, Luis Alberto Heber, encomendó recientemente un estudio para “esclarecer” el estado de 4.800 funcionarios que hoy están bajo junta médica. 

Heber había estimado que se necesitaban 1.000 policías más para cubrir vacantes ejecutivas y encomendarlos a patrullar en el área metropolitana. 

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