Nacional > CUESTIÓN PRESUPUESTAL

Bottero dijo que juzgados de género "se tienen que hacer" y ofreció partida de Inmujeres

La directora de Inmujeres y organizaciones feministas criticaron la postura de la SCJ de no instalar juzgados de género debido a falta de recursos

Tiempo de lectura: -'

14 de enero de 2021 a las 05:04

La explicación que brindó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al presidente Luis Lacalle Pou sobre la imposibilidad de instalar tres juzgados especializados en género en el interior de Uruguay por cuestiones presupuestales causó sorpresa tanto en las organizaciones feministas como en la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, que ahora ofrecerá recursos del organismo para revertir la situación.

"Me sorprendió muchísimo enterarme de esto. Los juzgados se crearon y se financiaron", dijo Bottero en diálogo con El Observador. Para la directora del organismo, la cuestión va "más allá" de lo presupuestal. "Creo que si hay voluntad política de hacerlos, se hacen", apuntó.

Tras el pedido de la vicepresidenta Beatriz Argimón en octubre a los legisladores de los partidos de la coalición de gobierno, el oficialismo acordó con el Ministerio de Economía y la SCJ reasignar recursos para comenzar a poner en práctica la Ley Integral contra la Violencia de Género en el interior.

El objetivo era poner a funcionar en 2021 tres juzgados letrados especializados en violencia de género y para ello acordaron con la SCJ tomar recursos de los $ 800 millones que la Justicia tiene asignados para el pago de sentencias por la readecuación salarial.

Poner en marcha tres juzgados en el interior del país costaría, según lo que la SCJ le trasladó a los diputados, unos $ 57 millones por año. Finalmente en octubre la Cámara de Representantes habilitó la partida para iniciar desde el 2021 la creación de los juzgados. Pero en la carta enviada al presidente la corporación aseguró que el dinero previsto no alcanza y por eso descartaron su instalación por completo si no se asignan más recursos.

Sucede que para cumplir con la instalación de los juzgados especializados, el Poder Judicial reclamaba suspender la vigencia de los juzgados multimateria, también previstos por la ley de Violencia de Género, con el objetivo de que las víctimas no tuvieran que pasar de juzgado en juzgado y recibieran un abordaje "integral". 

Si bien en Diputados se cumplió con el pedido de la Suprema Corte y se votó la suspensión indefinida de ese aspecto, en el Senado la Bancada Bicameral Femenina planteó la necesidad de cumplir  y la vicepresidenta Beatriz Argimón se plantó firme en ese aspecto, que de esa forma quedó por el camino. 

Argimón, al igual que el conjunto de los colectivos feministas, argumentó que la modalidad multimateria era imprescindible, y entiende que se debe asegurar el cumplimiento de toda la ley votada en 2017. 

Pero ante esta situación, Bottero dijo que una alternativa para asegurar los recursos es recurrir al ahorro que hizo la Cámara de Diputados y que se había resuelto trasladar a Inmujeres.  

Según contó la jerarca a El Observador, en medio de las negociaciones presupuestales, cuando a la SCJ le preocupaba no alcanzar el dinero para afrontar el presupuesto que implicaba poner en práctica estos juzgados, se manejó la posibilidad de que el dinero del ahorro que se generaba en la cámara al suprimir las partidas de prensa y fotocopias –unos $ 20 millones anuales– se destinara a Inmujeres para aplicar la ley de violencia de género. 

"Ofrecimos ese dinero a la presidenta de la SCJ, Bernadette Minvielle, pero como se consiguió ese aporte ($ 57 millones) no iba a ser necesario y dejamos ese dinero por si se necesitaba", señaló Bottero.

Ahora, la directora de Inmujeres volvió a ofrecer esa partida para concretar la instalación de los juzgados. "La ley de presupuesto mandata a crear los juzgados y se tienen que hacer", apuntó.

En noviembre, al comparecer ante la comisión de Presupuesto del Senado, la presidenta de la Suprema Corte, Bernadette Minvielle, se había referido a esa propuesta de Bottero. "Necesitamos que eso quede negro sobre blanco, que eso sea incorporado a una norma, porque si no hay un mensaje complementario, de alguna forma, tiene que quedar expresado para que podamos ir a reclamar esa partida extra al Ministerio de Economía y Finanzas, con la que estaríamos cubriendo gastos de funcionamiento", expresó en ese momento. 

Según Bottero, existe una "opinión antigua de la corporación judicial y de la academia con una visión muy masculina, un poco pasada de época respecto a que los temas de género son de segunda categoría", afirmó. Sin embargo, aclaró que no se refiere a la presidenta de la SCJ sino al sistema en general.

"Me parece que hubo falta de sensibilidad con el tema y falta de sensibilidad política. El dinero está, no es el problema", apuntó, y también criticó a la Fiscalía General de la Nación luego que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, anunciara que durante 2021 no funcionará la Unidad de Género como unidad autónoma de la Fiscalía General de la Nación, por falta de presupuesto, y se fusionará con la Unidad de Víctimas. 

"Cada vez que falta un peso dicen que van a cortar algo de género, ¿son cosas accesorias? ¿Lujos que se dan los organismos públicos? Lo veo como una visión muy antigua de decisiones políticas que se toman", resaltó Bottero.

"Resistencia" y omisiones

Desde las organizaciones feministas también criticaron la decisión de la SCJ, que había solicitado a los legisladores que derogaran los juzgados multimateria por falta de recursos y cuestiones técnicas, ya que entendían que no hay una justificación para crearlos porque ya existen los jugados de Familia que entienden en esos temas.

Una de las voceras de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica, Marina Morelli, dijo que es "preocupante" la decisión del Poder Judicial y que debe enmarcarse en la solicitud para no incluir los juzgados multimateria que, según la abogada, podían haber comenzado a aplicarse desde que entró en vigencia la ley en enero de 2018. "Se podía hacer mediante la transformación de los juzgados existentes, con una disminución del caudal de trabajo que va a llegar a los juzgados", sostuvo.

Estos juzgados tienen el objetivo de dar trámite judicial a todos los ámbitos que son afectados por la situación de violencia, y supone la intervención de un solo juez que atiende todas las materias (penal, familiar, de paz y especializada) sobre el mismo caso de violencia de género.

Morelli entiende que es "importante reorganizar los recursos", y cuestionó que el Poder Judicial no haya detallado los destinos específicos del dinero que se requiere. "Ha dado la idea de que hace falta poco más que salir a comprar bloques, ladrillos, construir todo cuando en realidad ya está todo. Lo que se requiere es la transformación, que es mecanismo muy utilizado excepto con esta ley".

Por su parte, Valeria Caggiano, vocera de la Intersocial Feminista, opinó que para tener un "compromiso real por parte del Estado y asegurar una vida libre de violencia basada en género es necesaria una asignación presupuestal". "En el Poder Judicial hay cierta resistencia" sobre el tema, señaló.

REPORTAR ERROR

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 245 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 245 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 245 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...