Gobierno reacciona con mesura a anuncio de firmas contra la LUC pero ven "nuevo escenario político"

La algarabía y el desborde de la militancia frenteamplista y de las organizaciones sociales, que afirman haber llevado a la Corte Electoral suficientes papeletas como para someter a consulta popular al buque insignia de la administración de Luis Lacalle Pou, contrastó con la mesura y apatía del oficialismo, que apenas reaccionó públicamente ante el anuncio y aguarda con cautela el proceso de validación, que tardará meses.

 Puertas adentro, y siempre bajo el manto de la cautela, el anuncio de un probable referéndum generó reacciones y lecturas diversas sobre los tiempos que se le vienen al gobierno. 

Mientras que algunos integrantes de la coalición llaman a “desdramatizar” ese escenario y no apartarse de la agenda trazada de antemano, otros dirigentes advierten que el referéndum se puede constituir en un elemento distorsivo que retrase ciertas reformas o afecte decisiones de gobierno, según las consultas realizadas por El Observador. 

“Nuevo escenario político”

El año pasado –mientras la izquierda todavía discutía si lanzarse o no a la recolección de firmas, y algunos de sus principales referentes hasta advertían que podía resultar “inconveniente”– Lacalle Pou transmitió en más de una oportunidad a dirigentes del oficialismo que en caso de que la LUC se sometiera a referéndum, el gobierno obtendría una victoria contundente.

Este jueves, el presidente volvió a resaltar que se trata de “una buena ley” y señaló que de confirmarse la instancia de referéndum, su gobierno dará “el debate” en defensa de los 135 artículos. “Cuando la Corte verifique si se llegó o no, ahí hacemos los análisis políticos”, afirmó.

En línea con esos dichos, en la interna de los partidos que conforman la coalición no ha habido, por el momento, conversaciones oficiales respecto a cómo debe posicionarse el oficialismo ante la eventualidad de un referéndum.

De todos modos, los integrantes del gobierno reconocen que lo más probable es que la Corte valide la consulta popular y que ello abra un nuevo escenario político. 

“Es de reconocer el esfuerzo de la comisión pro-referéndum, que cambia el escenario político. A partir de ahora la disucisón de esos 135 artículos de la LUC van a ser parte del debate político”, dijo a El Observador el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto.

Pero más allá de la discusión sobre el contenido de la ley y la férrea defensa que ya prevén desde el oficialismo, lo que empieza a asomar es un debate sobre el impacto que podría tener el referéndum en la agenda de reformas del gobierno. 

Jorge Gandini, senador nacionalista, opina que en caso de confirmarse, la consulta popular “va a distraer y consumir energía y esfuerzo”. El legislador, líder del sector Por la Patria, advierte que un referéndum “inevitablemente se transformará en un plebiscito al gobierno”, y que el resultado, además de marcar la suerte de artículos que conforman la columna vertebral de los compromisos electorales, tendrá a su vez un alto  “significado político”. 

Esa misma lectura está presente en otros legisladores y jerarcas del Poder Ejecutivo, que temen que la campaña achique el margen de maniobra política del gobierno en áreas sensibles, como la reforma de la seguridad social, los cambios a la carrera funcional en el Estado o la modernización del sistema educativo.  

Otros son más optimistas. Manini Ríos, por ejemplo, dijo que “no cree” que la consulta popular “frene la agenda del gobierno”, dado que a su juicio “las disposiciones de la LUC no influyen en los grandes temas que se vienen”,  como el de la seguridad social.

Desde el Partido Nacional, el senador Sebastián Da Silva (Espacio 40) dijo por su parte que “el que piense que esto pone en stand by la agenda del gobierno no termina de discernir la obsesión por el tiempo y el cambio que tiene la administración de Luis Lacalle Pou”. “El foco de la gente está en la recuperación del empleo, en la salud, y el retorno a la normalidad; no está en la portabilidad numérica o los delegados del Codicen”, opinó el senador, y dijo que todavía falta tiempo para dedicarle atención a la campaña. Eso sí: advierte que recorrerán todo el país para reivindicar la LUC. “Ya estoy cambiando las cubiertas para meter ruta”, comentó. 

El diputado herrerista Juan Martín Rodríguez también planteó que hay que “quitar dramatismo” al eventual referéndum, y se mostró confiado en que el presidente no va a renunciar a sus compromisos y a las reformas que entiende necesarias por un “cálculo electoral”. 

“No llegamos al gobierno para andar haciendo ese tipo de cálculos. Porque además, la gente nos votó para cambiar y llevar a cabo varias reformas, así que flaco favor haríamos si dilatáramos acciones por un eventual resultado. El gobierno tiene que seguir gobernando y el Parlamento tiene que seguir legislando”, argumentó el legislador. Según Rodríguez, para la fecha en la que se realizaría el referéndum varias de las disposiciones de la ley impugnada habrán mostrado “buenos resultados”. “No habrá mejor defensa que eso”, señaló. 

Por el momento, la tónica reinante en el oficialismo es mirar de reojo la instancia electoral que se abre camino en el horizonte. Saben que en caso de confirmarse, el referéndum será un mojón crucial para el gobierno. “Ahora es tiempo para observar y pensar. Llegado el momento se pensará la instrumentación de una estrategia de campaña”, dijo uno de los consultados. 

Por lo pronto, el expresidente Julio María Sanguinetti, hoy secretario general del Partido Colorado, ya soltó una pista sobre el discurso de defensa de la LUC. “Hay muchas cosas muy importantes, pero el capítulo de seguridad es fundamental y decisivo. No me gustaría nada que cayeran esas normas”, señaló en rueda de prensa, vinculando la normativa con el descenso en las cifras de delitos.