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Error sobre hipotecas: colorados piden renuncias pero no rodarán cabezas
Fue un error que no debe repetirse. Los tiempos no fueron los ideales. Pero no está pensado pedirle la renuncia a nadie. Esa es la postura que, en medio de un prudente silencio, se mantiene en el Poder Ejecutivo en torno al último cimbronazo que afectó a la coalición de gobierno: el apuro con el que fue votada esta semana una ley que evitara la prescripción de deudas hipotecarias que le hubiera ocasionado un millonario daño económico al Estado.
Así fue transmitido desde la Torre Ejecutiva al coordinador de la bancada nacionalista en el Senado, Gustavo Penadés, en el marco de varias conversaciones entre ambos poderes en las últimas horas. En el ojo de la tormenta aparecen los representantes del oficialismo en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Klaus Mill von Metzen (Cabildo Abierto) y Gustavo Borsari (PN), en la mira por la demora en advertir sobre el problema que se venía. "Esto no se debería repetir", dijo Penadés a El Observador. "Tampoco hay que dramatizar".
Mientras blancos y cabildantes optan por poner paños fríos y destacar que, en suma, no hubo ningún hecho de corrupción y se atajaron a tiempo eventuales perjuicios para el Estado los colorados, que no están representados en esa agencia, salieron contundentemente a pedir responsabilidades. Este viernes el presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet (PC), pidió publicamente la renuncia de los directivos de la ANV. "El episodio fue demasiado grueso como para hacer de cuenta que no pasó nada", expresó en las redes sociales. "Hubo que legislar de apuro para evitar un enorme daño económico y político". Así, Pasquet consideró que los responsables "deberían poner inmediatamente sus cargos a disposición del gobierno.
"Si yo fuera diputado, sentiría lo mismo que Ope Pasquet", señaló a El Observador el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackembruch, que dejó transmitir su molestia con los integrantes de la ANV. El dirigente colorado, que aparece directamente involucrado por ser un tema propio de su cartera, ratificó que lo de la agencia representó una omisión grave. "Yo, personalmente, me enteré tarde y mal", aseguró. Al punto que recién este jueves tomó contacto de la cifra concreta que podría haber perdido el Estado si las hipotecas hubieran caído: US$ 400 millones.
El ministerio había manejado la semana pasada un dato bastante menor: US$ 50 millones. Según el subsecretario, esa fue la cifra que le había sido transmitida originalmente por la propia agencia. La plana mayor del ministerio deberá ahora afrontar el tema en el Parlamento el próximo martes, cuando comparezca para exponer sobre la Rendición de Cuentas.
Los que también deberán pasar por allí en los próximos días serán Mill von Metzen y Borsari. Será en una reunión con representantes de toda la coalición y que es promovida por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que rechazó la intimación de Pasquet. "Estos pedidos de renuncia dentro de la coalición dañan el relacionamiento interno y debilitan al gobierno", señaló a El Observador. Sobre todo, apuntó, en caso como este en el que no fue detectada ninguna irregularidad ni daño a las arcas públicas.
Una visión similar mostró el senador nacionalista Sergio Botana. "Todo se procesó en plazo, con el apuro clásico y el dejar para último momento todas las cosas en este país", dijo. "No estamos en Alemania, estamos en Uruguay".
"Las renuncias no se piden por la prensa ni por las redes", coincidió su colega Juan Martín Rodríguez que, pese a todo, aceptó que "no está bueno que se manden proyectos a último momento". Con todo, valoró que el problema logró solucionarse a tiempo.
Una especie de circo
El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, optó por apuntar al Frente Amplio. "Están haciendo una tormenta con cierta cola de paja" dijo este viernes, en declaraciones a Monte Carlo. “Nos sorprende un poco el escándalo que se ha querido hacer entorno a en torno a esto”, señaló. “Acá se está armando una especie de circo para buscar algún rédito".
En el Partido Nacional se apuesta a los resultados de una investigación administrativa que buscará determinar las razones de por qué se archivó en la ANV un informe en el que los servicios jurídicos de esa oficina advertían, ya en julio de 2020, la necesidad de tomar acciones para evitar la prescripción de las hipotecas. "Ese informe nunca llegó al directorio", había asegurado Borsari el martes pasado en el Parlamento, cuando tuvo que ir a justificar la necesidad de aprobar raudamente la ley correctiva. "Se archivó antes de llegar. Esa es la verdad". Lo cierto es que, según el trámite al que accedió El Observador, ese informe pasó por distintas áreas de la agencia: crédito, divisiones sucursales, gerencia y, finalmente, secretaría general. En Vivienda también dijeron desconocer el contenido de ese informe.
"En el ministerio no existe interés financiero ni se quiere la liquidación de los deudores", aclaró el martes en el Parlamento el director general del MVOT, Gabriel Albornoz, al tratar de explicar el entuerto. "Lo que se busca con esta prórrogas es llegar a una solución. Ese fue el objetivo desde el primer día". Una postura que fue ratificada por Borsari. "Todo el sistema público de vivienda se ubicó en la posición de no rematar, de no intimar, de no llegar a una situación extrema". Sobre todo, apuntó, durante la emergencia sanitaria que acaba de finalizar. Esta es la explicación oficial de por qué el tema se terminó resolviendo al filo del plazo: "Estábamos totalmente abocados a dar soluciones las familias en una época complicada, por la pandemia", acotó la escribana de la ANV, Mariela Martínez. Incluso, señaló, se dejaron de cobrar los atrasos para permitir una readecuación de las deudas.
La decisión ahora fue evitar los efectos sociales que se hubieran derivado de intimaciones masivas a 2.500 deudores. Como los plazos finalmente no vencieron, no hubo pérdida patrimonial para el Estado. Así, en estos 24 meses, se irá solucionando lo que se pueda. "No sé si vale la pena comentarlo", señaló Albornoz. "Pero la propuesta inicial era derogar todas las prescripciones". Una propuesta que se terminó desechando para no afectar el orden jurídico. En suma, la prórroga ampara solo a las deudas con el sistema público de vivienda.
