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Mujeres presas por microtráfico: las alternativas a la LUC que manejan abogados y la expectativa puesta en el proyecto colorado
Desde que entró en vigencia el artículo 74 de la ley de urgente consideración, que fijó una pena de cuatro a 15 años de prisión para quien intente o logre ingresar drogas a cárceles, hospitales o centros educativos, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) se convirtió en la voz de cientos de mujeres que se veían en la obligación de enfrentar –a juicio de los defensores, la injusta pena– de cuatro años de prisión por querer ingresar pocos gramos de marihuana a la cárcel, generalmente para sus parejas que están recluidas.
Por eso, contaron sus historias. En diversas entrevistas, difundieron varios casos de mujeres que debían cumplir con extensas penas por haber intentado ingresar –la mayoría de las veces, sin éxito– escasos gramos de marihuana a la cárcel. La más conocida, fue la historia de Dona Samer Fleitas (que difundió Búsqueda). Se trata de una mujer de 40 años con cuatro hijos a cargo, quien fue condenada a cuatro años de prisión por haber intentado ingresar 56 gramos de marihuana a la cárcel a pedido de su novio que estaba recluido.
Gracias a las gestiones de la Defensoría de Oficio y del Comisionado Parlamentario Penitenciario Juan Miguel Petit, la jueza de Ejecución Verónica Pena entendió que era de orden que la mujer cumpla la pena en prisión domiciliaria. Tanto la abogada como el comisionado argumentaron que la medida de la prisión violaba pactos internacionales que Uruguay había firmado y el propio Código Penal que indica que siempre debe ponerse en relieve el interés superior del niño. El delito no era lo suficientemente grave como para separar a cuatro hijos de su madre, que quedarían internados en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).
Después de varios meses de vigencia de la LUC, con diferentes argumentos los defensores de Montevideo lograron que varios de los fiscales de la capital soliciten no penar esta situación bajo el artículo 74, si no como acto preparatorio porque no se concreta el delito. La pena por ello es sensiblemente menor, tiene una mínima de 16 meses. El acto preparatorio se pena con un tercio de la pena respecto al delito consumado.
Pero desde que en diciembre del año pasado la senadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti anunció en un coloquio de la Facultad de Derecho que presentaría un proyecto de ley para que disminuyan la pena por este delito, algunos defensores cambiaron la estrategia. Prácticamente la totalidad de los casos se resuelven por un acuerdo abreviado –la persona asume la culpabilidad a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena–, cuando ello se valida ante el juez, la sentencia queda firme y comienza a cumplir la pena.
Un grupo de defensores consultados por El Observador señalaron que aconsejaron a sus defendidas no aceptar un acuerdo abreviado (salvo que sea por acto preparatorio) y aguarden a ver si el proyecto de ley tiene un trámite ágil y logran beneficiarse de ella. Así, las mujeres permanecen presas preventivamente –eso después se descuenta de una eventual pena– y si el Parlamento votara el proyecto de la senadora, podrían ser juzgadas bajo la nueva ley.
La integrante de la comisión penal de Adepu, Victoria Muraña, indicó que no se trata de una decisión grupal ni que fomenten poner en práctica. "No es una posición que hayamos adoptado los defensores porque todavía no vemos con claridad la modificación. No está claro cómo va a ser ni si va a salir o no va a salir. No acordamos nada", expresó a El Observador.
Así, citó el caso de una defensora que le mencionó el tema a una fiscal porque entendía que la pena que pedía para su defendida era excesiva. La abogada le dijo que no firmarían el abreviado esperando por la ley, pero eso finalmente no pasó. La Fiscalía reformuló el acuerdo, le tipificó acto preparatorio y el acuerdo se validó.
Los proyectos a estudio
El proyecto de Carmen Sanguinetti –pero que también lleva la firma de los senadores Pablo Lanz y Raúl Batlle– ingresó al Parlamento la última semana del año 2022. En el texto, al que accedió El Observador, los legisladores hacen referencia a la "imperiosa necesidad" de ir ajustando las normas procesales y penales a la cambiante realidad social, teniendo siempre presente los impactos que esas normas tienen en la población.
A juicio de los legisladores, allí se plantea una "excesiva penalización" para la conducta a la que alude y que tuvo un impacto directo en el incremento de determinado sector de la población carcelaria. Sanguinetti, Batlle y Lanz apelan allí a cifras. De setiembre de 2020 a setiembre de 2021 la población carcelaria en general aumentó 9%. Pero la cantidad de mujeres presas se incrementó 30%.
De aprobarse, el intento de ingreso de drogas a las prisiones o centros de internación de menores pasará a tener una pena mínima de 12 meses de prisión, por lo que será excarcelable. Para la determinación de la pena, el juez deberá tener en cuenta el tipo de sustancia involucrada. También deberá considerar determinadas situaciones si la responsable es una mujer, por ejemplo, su necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado que hicieran evidentemente perjudicial su encarcelación. En particular, los casos de imputadas que ya cursen el quinto mes de embarazo o madres durante el primer año de lactancia, o si tiene la custodia exclusiva de menores o personas con discapacidad.
El proyecto de los senadores colorados prevé de todas formas una pena de cuatro a 15 años de penitenciaría para los caso en que la venta, facilitación o suministro de droga sean dirigidos a un menor de 21 años o con problemas de discernimiento o voluntad, o cuando la sustancia fuera suministrada o aplicada sin conocimiento de la víctima.
Por otra parte, en enero, Búsqueda divulgó un borrador de proyecto de ley en el que trabaja el Ministerio del Interior para abordar la misma cuestión. El texto buscaba “salvar un problema de interpretación” surgido de la LUC. “En el caso del delito de intento de ingreso de sustancias a establecimientos carcelarios, el tribunal podrá, de acuerdo a las circunstancias del caso, la cantidad y tipo de sustancia objeto del delito y a la gravedad del hecho cometido, considerar la conducta como un acto preparatorio y en consecuencia castigarlo con la tercera parte de la pena que correspondería al delito consumado”, expresa.
La principal diferencia entre el proyecto del ministerio –que aún no se presentó– y el de los senadores colorados, es que para la cartera no es necesario modificar artículos de la LUC, sino agregar uno aclaratorio.
Aclaración: una versión anterior de esta nota presentaba a Muraña como la presidenta de Adepu, cuando en realidad es integrante de la Comisión Penal. La presidenta de la asociación es Yamila Cabrera. A los lectores y a los involucrados las disculpas del caso.
