Colorados buscan derogar un artículo de la LUC que mandó a la cárcel a mujeres "pobres y vulnerables"

En el texto que ingresó al Parlamento este miércoles y al que accedió El Observador, los legisladores hacen referencia  a la "imperiosa necesidad" de ir ajustando las normas procesales y penales a la cambiante realidad social, teniendo siempre presente los impactos que esas normas tienen en la población. "Es menester siempre asegurar por un lado el cumplimiento de los derechos humanos y por el otro la protección de la ciudadanía frente a la violencia social", subrayaron. 

La referencia es clara y está dirigida al artículo 74 de la ley de Urgente Consideración (LUC), que llevó a un mínimo de cuatro años de prisión las penas previstas, por ejemplo, para los casos en que se intente ingresar estupefacientes a un centro de reclusión. A juicio de los legisladores, allí se plantea una "excesiva penalización" para la conducta a la que alude y que tuvo un impacto directo en el incremento de determinado sector de la población carcelaria. Esa norma había modificado la redacción de la ley de Estupefacientes, que hasta entonces no establecía una pena mínima para este tipo de agravantes y le otorgaba así a los jueces cierto margen de maniobra para determinar la condena en estos casos. 

Los senadores colorados reconocen que el hecho de ingresar droga a una cárcel debe ser tenido en cuenta como un agravante. Reparan sin embargo que, en la práctica, ese artículo de la LUC impactó directamente sobre las mujeres, quienes mayoritariamente son las que realizan visitas a las cárceles y que, por lo tanto, son las que intentan ingresar droga a las prisiones en pequeñas cantidades. 

Sanguinetti, Batlle y Lanz apelan allí a cifras. De setiembre de 2020 a setiembre de 2021 la población carcelaria en general aumentó 9%. Pero la cantidad de mujeres presas se incrementó 30%. Un año después los datos oficiales indicaban que el fenómeno continuaba. Frente a un incremento general de 6% de la población carcelaria, las mujeres privadas de libertad aumentaron 10%. 

"En su mayoría se trata de mujeres pobres, vulnerables, con hijos menores a cargo, que han sido sometidas a presión de sus compañeros privados de libertad de otras personas para ingresar los estupefacientes", aseguran. "Ello ha llevado a situaciones injustas e inadecuadas que llevan a que sean sancionadas a cuatro años de prisión, sin derecho a redención de pena, por haber intentado ingresar 50 gramos de marihuana". La mención está vinculada al caso de Dona Samer Fleitas, una mujer y madre de cuatro hijos cuyo caso se transformó en referencia para analizar la situación. 

De aprobarse, el intento de ingreso de drogas a las prisiones o centros de internación de menores pasará a tener una pena mínima de 12 meses de prisión, por lo que será excarcelable. Para la determinación de la pena, el juez deberá tener en cuenta el tipo de sustancia involucrada. También deberá considerar determinadas situaciones si la responsable es una mujer, por ejemplo, su necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado que hicieran evidentemente perjudicial su encarcelación. En particular, los casos de imputadas que ya cursen el quinto mes de embarazo o madres durante el primer año de lactancia, o si tiene la custodia exclusiva de menores o personas con discapacidad. 

El proyecto de los senadores colorados prevé de todas formas una pena de cuatro a 15 años de penitenciaría para los caso en que la venta, facilitación o suministro de droga sean dirigidos a un menor de 21 años o con problemas de discernimiento o voluntad, o cuando la sustancia fuera suministrada o aplicada sin conocimiento de la víctima. 

Los efectos de la LUC

Los efectos del artículo 74 de la LUC fueron expuestos en sucesivos informes del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, en agosto de este año y ante la muerte de una reclusa en la Unidad 5. Petit reveló entonces que se trataba de una prisión con capacidad para 390 personas, pero que entonces mantenía recluidas a 634 mujeres, con un índice de hacinamiento de 162%. 

El comisionado citó también un informe elaborado este año por la Consultora Vigna, que indicó que desde julio de 2020 –al entrar en vigencia la ley– el ritmo de crecimiento de la población carcelaria femenina cuadruplicó al de los varones. También hay diferencias en el hacinamiento, que es de 132% en la población en general pero que en el caso de las mujeres es de 159%.