Cárceles: hay casi 3.000 presos más en este gobierno y la mayoría tiene adicciones

Así lo indicó el relevamiento médico que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) realizó en todas las cárceles del país y que reveló datos contundentes. Según ese estudio, cuyas líneas generales fueron presentadas la semana pasada en el Parlamento, el 95% de los presos hoy encarcelados mantiene un consumo problemático de drogas, que va desde el tabaco y el alcohol hasta las sustancias psicoactivas. Fundamentalmente, pasta base de cocaína. 

El gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, indicó el martes ante la Comisión de Salud Pública del Senado que en el estudio no se detectó a ningún preso con desnutrición. Sin embargo, confirmó el grave problema de adicciones en las cárceles, que incluye a medicamentos como quetiapina, un antipsicótico suministrado en los propios centros par tratar casos de esquizofrenia y diversos trastornos mentales y depresivos. Son, explicó Henderson, las famosas "canicas", que los presos "se venden entre ellos". 

Los resultados del estudio de la entidad pública de salud fueron mencionados ese mismo día en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados por el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, que planteó a los legisladores "ensanchar la posiblidad" prevista en varios artículos del Código del Proceso Penal y así derivar a los presos con severos problemas de adicción a la Justicia Terapéutica para que, así, puedan cumplir su pena en un establecimiento adecuado de salud. 

Petit elevó además un nuevo informe general sobre la situación de las cárceles. Allí, indicó, hay 735 presos más de los que había exactamente hace un año, y 2.905 más de los que había el 1 de marzo de 2020. Con un incremento de 25% en lo que va de este gobierno, Uruguay exhibe una tasa de prisionización de 413 por cada 100 mil habitantes, lo que lo ubica en el noveno lugar a nivel mundial. 

Todo eso en un sistema en el que, según las cifras oficiales, mantiene un hacinamiento general de 21%, que según Petit, es más alto. Según el comisionado parlamentario hay 132 reclusos por cada 100 plazas disponibles. "Estamos claramente resolviendo problemas sociales con la privación de libertad", afirmó. "No es un éxito tener esta cantidad de presos". 

Ya no es una emergencia

Petit fue convocado para actualizar información sobre la situación de "emergencia" del sistema. Allí el comisionado discrepó con seguir utilizando este término: "Ya no podemos hablar de emergencia", dijo. "Una emergencia es algo súbito, no podemos hablar de emergencia en algo que lleva treinta años". "Diría que el sistema carcelario es una llaga estructural, dolorosa, desesperante, vergonzante para el Uruguay", aseguró. 

Según su visión, en parte de la sociedad la alta prisionización produce una "sensación de alivio", un "tranquilizante" en cuanto a que el privado de libertad deja de delinquir. Una sensación de alivio que, dijo, a la larga es contraproducente, dado que la alta prisionización lleva a la ruptura social y cronifica al delito. 

La situación planteada por Petit es particularmente complicada en el caso de las 1.031 mujeres que hoy están presas. Son 28% más que el año pasado, un aumento que representa tres veces en relación a los hombres. La mitad de ellas están en condiciones de hacinamiento. 

El centro del pedido de Petit fue dirigido a la Justicia. "Tiene mucho para hacer en esto", sostuvo. Por ejemplo, en cuanto a fortalecer la defensa pública que, según indicó, padece de severas carencias técnicas, humanas y operativas, que le impide claramente cubrir el mínimo derecho a la defensa.  "No puede ser que cuando uno entra a una cárcel de saco y corbata, lo primero que le pregunten es si es abogado", lamentó. Allí Petit relató un comentario que habitualmente recibe de los presos: "Yo hace años que no veo a mi abogado". 

El comisionado lleva presentadas este año 35 notas a diferentes juzgados. Allí pide que determinadas personas pasen a cumplir prisión domiciliaria, que no ingresen a prisión o que puedan salir para ser atendidos por sus adicciones. Son "situaciones excepcionales", según explicó. En su mayoría, mujeres con muchos hijos, con una gran vulnerabilidad o que, se sabe, fueron explotadas manipuladas y abusadas para cometer en delito y cuya pena de cárcel lesiona a su vez a sus niños o demás personas dependientes. 

A los efectos, Petit afirmó seguir conversando con representantes de todas las bancadas para revisar las penas actualmente previstas para delitos como, por ejemplo, el microtráfico o el ingreso de pequeñas cantidades de droga a las prisiones, y que suponen en particular un mayor encarcelamiento de mujeres. Penas que fueron agravadas por el artículo 74 de la ley de Urgente Consideración (LUC) y que prevén un mínimo de cuatro años de prisión, el doble que en el caso de los homicidios. "Claramente allí hay un exceso", señaló Petit, al marcar que el fenómeno afecta las mujeres más vulnerables y pobres. 

El comisionado pidió asimismo cumplir con lo establecido en la ley de Urgente Consideración (LUC) y establecer, por fin, una Estrategia Nacional Penitenciaria. Según el informe de Petit en lo que va del año hubo 35 muertes en las prisiones. De ese total, 23 fueron en forma violenta. Fueron 13 homicidios, nueve suicidios y un accidente.