INAU: niños y adolescentes pasaron años en clínicas de salud mental después del alta médica

A diciembre de 2019, según los últimos datos oficiales disponibles, había allí 5.270 menores, de los que las dos terceras partes estaban alojados en alguno de los “centros de 24 horas”, y no en la modalidad de alojamiento. Y de esa población, uno de cada diez (unos 350) estaba internado en alguno de los doce centros de salud mental en convenio con el organismo, uno de los cuales es para “trastornos severos”. 

El 23% de estos chicos tenía menos de 12 años de edad. El 70% de los que han pasado por esos centros estuvieron allí más de dos años, lo que excede los tiempos estipulados por la normativa, que prevé un plazo máximo de 18 meses. 

Aún así, se detectó que el 13%  pasó entre tres y nueve años en un centro de atención en salud mental. 

Todo esto forma parte del VII Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos, correspondiente a 2020, y que fue presentado recientemente ante el Parlamento. 

“Una situación terrible, porque quiere decir que la mayor parte de su vida la transitaron en una clínica de salud mental”, advirtió la institución. 

La institución viene monitoreando la situación desde 2016. Tiene registradas internaciones en clínicas de agudos que se prolongaron más de dos años después del alta médica. 

“Chicos que habían sido declarados sanos permanecían más de dos años después del alta médica en un contexto de atención psiquiátrica en el que no tenían juguetes y solo conservaban un cepillo de dientes”, contó el presidente de la Inddhh, Wilder Tayler, para quien la situación “cruza todas las líneas rojas”. 
  
En marzo de 2019 la Justicia hizo lugar a una acción de amparo presentada por la institución para el cese inmediato de la permanencia allí de 16 niños. Sin embargo, denunció Tayler, la situación continuó aunque se llegó a imponer multas al INAU por esta causa. 

Agotada la vía judicial en Uruguay, Tayler sostuvo que “el tema está listo para una denuncia internacional”, que no se presentó aún porque en la institución se preguntaron “qué sentido tendría” una denuncia si “los gurises” siguen sufriendo la misma situación. 

“Estamos hablando de 50 chiquilines pero que estén allí, cuando algunos llevan meses y meses con un alta médica nos parece realmente inaudito”, dijo. 

Varios legisladores consultaron la razón de esta situación. “En los últimos años se nos ha dicho que no hay lugares donde llevarlos”, contó Tyer. “El argumento ha sido el mismo todos los años: ‘estamos en proceso de’”. 

"Cuartos fuertes" y "judeadas"

Para elaborar el informe, la INDDHH realizó dos visitas a cada uno de los 12 centros, en las que practicó un registro fotográfico y entrevistó a los internos y a los integrantes de los equipos técnicos. 

En siete centros, más de la mitad, se constató un trato distante y descuido emocional por parte del personal a cargo. En cinco se comprobaron “tratos humillantes y degradantes”. 

“Ellos te amenazan con que te van a llevar a un correccional de menores o otro INAU donde te tratan peor”, confirmó el relato de uno de los adolescentes consultados por la institución. 

Así, la intervención del personal que supuestamente está encargado de atenuar y contener a los jóvenes ante una crisis, en muchos casos contribuyó a desencadenarla. 

En tres centros se constataron situaciones de maltrato físico, que fueron denunciadas ante la dirección del INAU. En cuanto a la aplicación de medidas de contención física y farmacológica, se encontraron situaciones donde su puesta en práctica se convertía en una forma de castigo y no en una atención terapéutica. 

En la mitad del sistema también se verificó la existencia de habitaciones usadas como “cuartos fuertes” o de aislamiento, totalmente inadecuadas para un proceso terapéutico y más similares a espacios de castigo. 

Se encontraron habitaciones con rejas en puertas y ventanas que las asimilaba a celdas, con escasa iluminación y ventilación y que no eran visibles desde la enfermería. 

Los internos de cuatro centros denunciaron que se ejercía sobre ellos una fuerza desmedida o se recibían amenazas al momento de aplicar las medidas físicas. 

“Los funcionarios te pegan cuando están alborotados. Hacen que te reducen, pero te judean”, contó uno de los menores entrevistados. 

Existe además una extendida preocupación por la medicación que, en general, era la primera y muchas veces única respuesta frente a situaciones de crisis. 

Uno de los niños cuyo testimonio fue recogido por la institución afirmó: “Yo trato de no llorar porque, si no, no me dan la medicación”. 

Otra de las constataciones recabadas para el informe pasa por el traslado al centro de salud mental de los internos sin previo aviso o mediante engaños, muchas veces sin el conocimiento de sus familias, que a veces desconocían incluso la resolución de internación. 

“Al niño le decían que lo iban a llevar a pasear, que le iban a poner una ropa distinta para ir a otro lugar, pero terminaban llevándolos a una clínica psiquiátrica y ellos se daban cuenta muchos días después”, asegura el informe. 
 
Se detectaron por otra parte internaciones que no estaban acompañadas de informe médico o notificación al juez competente. 

Tayler señaló que la protección de los derechos a la salud mental de los niños bajo amparo del INAU es uno de los “nudos más críticos” que hoy tiene el sistema. 

El último reporte del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia (Sipiav) indicó este año que el 49% de los chicos que ingresan al INAU lo hacen por situaciones de violencia intrafamiliar. 

Acompañantes terapéuticos

En diálogo con El Observador el presidente del INAU, Pablo Abdala, reconoció la realidad denunciada pero afirmó que se está trabajando fuertemente y “más de lo posible”  para cambiarla. 

Se trata, dijo, de “cambiar el paradigma” de atención mental de estos chicos. Este miércoles el directorio aprobó prorrogar el plazo de trabajo de unos 30 “acompañantes terapéuticos” que trabajarán con los internos en sus lugares de residencia y al salir de la internación. 

Agregó que también se está en proceso de transferir la atención de pacientes agudos a la órbita de ASSE. Al respecto, dijo Abdala, se está poniendo en marcha un proyecto para “desinstitucionalizar” a los jóvenes que han vivido situaciones de vulneración de derechos humanos.