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El presidente de Fenapes estuvo este lunes en el Parlamento.

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Informe de Jurídica de Secundaria exime a docentes por inasistencias y advierte "falta administrativa" de Puente y Landoni

El presidente de Fenapes, José Olivera, presentó ante la comisión investigadora documentos que, según el sindicato, reconocen inocencia de los profesores 

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08 de diciembre de 2021 a las 05:03

El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, presentó este lunes ante el Parlamento un documento con las conclusiones primarias de la investigación administrativa que el Consejo de Educación Secundaria le abrió a Marcel Slamovitz, el docente y dirigente sindical acusado de haber incurrido en las irregularidades que forman parte del objeto de una comisión investigadora de Diputados. 

Según el documento, fechado el 12 de julio y al que accedió El Observador, los informes de la División Jurídica eximen de responsabilidad al profesor, lo mismo que a otros docentes que hubieren presentado los cuestionados certificados para justificar faltas, y responsabilizan en cambio a los exconsejeros Javier Landoni y Celsa Puente, a quienes se acusa de haber incurrido en "falta administrativa". 

“El jerarca, ya sea el director o el subdirector, fueron los que dictaron el acto administrativo de justificación de las inasistencias”, señala el informe primario.

Por otra parte, el informe sostiene que sí "hubo falta administrativa y por ende, constituye una responsabilidad funcional de los ex consejeros, Prof. Javier Landoni y Celsa Puente, así como de la ex Secretaria General, por no haber registrado y firmado las actas sobre acuerdos alcanzados en la comisión bipartita, desde mediados del año 2017 en adelante, así como el no registro del convenio celebrado entre el Consejo de Educación Secundaria y Fenapes, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en base a la ley 16.170".

El caso de Slamovitz, a quien se le achaca haber justificado de forma irregular 250 horas docentes no dictadas entre 2016 y 2017, fue el que dio origen a la Comisión Investigadora.

Para Olivera, el instructor de Secundaria que llevó adelante la investigación “reconoce, fundamenta y presenta evidencia” de que los certificados o constancias que presentaban los docentes no tenían ningún elemento que coartara la discrecionalidad de la Administración para justificar o no las inasistencias por esa vía. 

Al respecto el diputado colorado Felipe Schipani se mostró sorprendido y dijo desconocer la manera en la que Olivera accedió a esa documentación.  El legislador planteó además que el dirigente incurrió en una “falta grave” al revelar información bajo secreto. "El señor Olivera violó claramente el secreto de los procedimientos disciplinarios”, afirmó. “Ha ventilado los contenidos de un informe de un instructor de una investigación en curso”. 

"Capítulo negro para la democracia"

Un "capítulo negro para la democracia uruguaya". Así fue definido el trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga sobre la presunta justificación irregular de inasistencias por el presidente de la Fenapes, que luego de muchas idas y vueltas concurrió este lunes al Parlamento a dar su punto de vista.

Gran parte de su intervención, de todos modos, estuvo destinada a cuestionar duramente la actitud de los diputados del oficialismo. “Claramente la finalidad perseguida por la coalición gobernante no es otra que entrometerse en la vida interna de un sindicato, menoscabar sus conquistas gremiales, convirtiendo en una verdadero escarnio público para nuestra federación”, afirmó. 

Olivera dijo que podía estar “horas presentado pruebas de cómo, en las redes sociales, legisladores que integran el Parlamento e incluso la comisión" los han "tratado de delincuentes, ladrones y corruptos”. Esa actitud, advirtió, solo podría ser admisible en un “régimen como el fascismo": "te acuso y te condeno, y te someto al escarnio público”, argumentó. 

Olivera apuntó específicamente a la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que días atrás solicitó información sobre Mabel Mallo, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU), luego que la dirigente mantuviera un contrapunto público con el presidente Luis Lacalle Pou. 

Para el sindicalista, Bianchi claramente confunde sus fueros parlamentarios con la sensación de tener impunidad. 

Olivera, que se retiró de sala y no aceptó preguntas del oficialismo, anunció que había ido a la comisión a aportar “evidencias” y “pruebas” de que los parlamentarios de la coalición montaron una “situación política extrajurídica y extraparlamentaria” plagada de vicios. 

El Acta 90

Olivera también presentó el Acta 90, emitida por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) el 12 de diciembre de 2006. Ese documento, dijo, homologó un acuerdo entre la administración y los sindicatos de la enseñanza. Allí se indica que “el ejercicio del derecho de huelga no debe afectar la carrera docente o no docente de lso funcionarios, ni su actividad computada, así como tampoco los beneficios conexos con la asiduidad y la puntualidad”. 

El acta apuntaba a que debía establecerse “un régimen de licencia para dirigentes y representantes sindicales que permita el eficaz cumplimiento de las tareas de dirección, representación y participación en ámbitos de negociación colectiva y promoción sindical”. Entre ellas, cumplimiento de las tareas de dirección, representación y participación en ámbitos de negociación colectiva y promoción sindica".Olivera remarcó que la palabra “homologar” aparece dos veces en dicha acta. 

“No son estados de ánimo lo que estamos expresando, son documentos”, puntualizó. 

La Constitución y la OIT

Para Olivera la comisión partió su actuación con un prejuzgamiento, al considerar de antemano como irregulares los hechos que iba a investigar.  “Llama poderosamente la atención que no se adopte el mismo criterio cuando se trata de comisiones investigadoras que involucran a integrantes de este mismo Parlamento” ironizó, en clara referencia al exministro de Turismo, Germán Cardoso. 

El dirigente cuestionó por otra parte que la comisión esté investigando a una organización sindical que, como tal, configura una persona privada. 

Allí apeló al artículo 26 de la ley de Comisiones Investigadoras. “Las personas de derecho privado no pueden ser objeto de investigación”. En su visión, “no se necesita tener un título en materia jurídica” para comprender que es una descripción que abarca a Fenapes. 

Olivera anunció además que el accionar de los legisladores está incluido en la denuncia que Fenapes presentó recientemente ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  A su entender, la investigadora es violatoria de los convenios 87 y 187, ratificados por el Estado Uruguayo. Un marco jurídico que, recordó, consagra el principio fundamental de la libertad sindical. 

La tercera apelación del sindicalista fue al artículo 57 de la Constitución, que obliga al Estado a abstenerse de intervenir en las organizaciones gremiales, salvo a los efectos de promover su organización. 

“Son varios los elementos que evidencian que estamos en presencia de una investigación contra una organización sindical por parte del Parlamento, que atenta contra los más elementales derechos en términos de libertad sindical e, incluso, de las propias competencias de la Comisión Investigadora”, apuntó. 

Durante su larga intervención, Olivera aprovechó para reivindicar a la federación de profesores como como “víctima del terrorismo de Estado, donde no solo fuimos declarados ilegales sino que sufrimos persecución, tortura, la destitución, el exilio y hasta la muerte y desaparición de varios compañeros”.

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