Presidente de Fenapes rechazó preguntas del oficialismo, que lo acusó de "huir" de la Investigadora

El diputado colorado Felipe Schipani, miembro denunciante, dijo a El Observador, que el dirigente sindical efectuó un "discurso de dos horas" ante la Comisión Investigadora que funciona en la Cámara de Representantes, y se limitó a responder las preguntas "genéricas" que efectuaron los integrantes del Frente Amplio, entre ellas la situación de la educación y los beneficios de Fenapes para los estudiantes. 

"Cuando nos tocaba preguntar a nosotros, huyó de la comisión", señaló el legislador. En cambio, apuntó, se limitó a realizar un largo "speech político". 

Olivera estaba convocado para probar la existencia de un acuerdo que, según Fenapes, autorizaba a los funcionarios a utilizar horas docentes para su actividad sindical; un acuerdo que la federación aduce que fue suscrito con las anteriores autoridades de Secundaria, pero del que nadie pudo aportar pruebas de su existencia hasta ahora.

El centro de la polémica se da en torno al artículo 70.10 del Estatuto Docente, que establece una de las causales para obtener licencia extraordinaria con goce de sueldo. 

Ese apartado expresa que se concederá ese beneficio, entre muchas otras causales, por "tareas o servicios especiales encomendados por el Consejo Directivo Central, por los Consejos respectivos o requeridos por otros organismos estatales, en cumplimiento de disposiciones legales expresas". 

Desde el oficialismo se cuestiona que no existe ningún documento que haya habilitado a los docentes a ampararse en ese artículo para actividades sindicales. 

Por eso la existencia o no de un acuerdo era la primera de las 42 preguntas que tenía preparada la bancada oficialista.

Sin embargo, Olivera consideró que con su intervención había quedado respondida cualquier interrogante que pudiera existir y optó por retirarse, según comunicaron desde el oficialismo al término de la sesión.

A la salida, el dirigente alegó que la investigadora configura una violación a la Constitución, ya que a su juicio carece de potestades para indagar a una entidad sindical como Fenapes. También sostuvo que la actuación parlamentaria va a en contra de los acuerdos firmados por Uruguay en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que garantizan la libertad sindical. 

Frente Amplio: "Uno puede entender la postura"

Desde el Frente Amplio, el diputado Enzo Malán dijo al El Observador que el sindicato viene siendo duramente cuestionado por parte del oficialismo, que lo ha tildado desde "corrupto" hasta "delincuente". Ante esa situación, sostuvo, "uno puede enteder la postura" de Olivera. 

El legislador afirmó que el presidente de Fenapes presentó ante la comisión documentación "importante" que, según afirmó, avala las afirmaciones del sindicato en cuanto a la existencia de un convenio que preveía la justificación de las faltas. 

Se trata del acta 90/2006, por la que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) homologó acuerdos anteriores y que le daría un "marco jurídico" a la posibilidad de que los docentes pudieran recurrir a licencias sindicales ocasionales, fundamentadas en el Estatuto del Funcionario Docente. Allí aparecen, según Malán, el famoso artículo 70.10 y también el 70.13, que prevé ausencias por "motivos especiales".

Por este último artículo, argumentó el legislador frenteamplista, los delegados de la Educación que participaron podían justificar horas de clase no dictadas para así concurrir al Congreso del PIT-CNT, que se desarrolló a inicios de noviembre. 

El artículo 70.13 del estatuto establece que "los Consejos podrán conceder, anualmente y por motivos especiales, hasta un máximo de 30 días de licencia extraordinaria con goce de sueldo".

Malán dijo además que "desde un principio" sostuvieron que "esta investigadora no corresponde". "Si un profesor intentó justificar faltas desmedidas, debería ser sancionado por la dirección del centro y no que una comisión se ponga a indagar a tres o cuatro profesores", argumentó. 

Hasta el momento, el oficialismo dice tener pruebas de que 120 docentes apelaron, en mayor o menor medida, a la justificación irregular de faltas en 70 liceos de todo el país. 

Otra docente

La investigación incorporó en las últimas horas nuevos elementos. Una serie de documentos en poder del oficialismo señalan que Mabel Mallo, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU), también tomó licencias bajo este formato definido como irregular, en su rol de profesora de Literatura del Liceo de Soca.

Al respecto, un informe oficial en poder de la comisión señala que Mallo –que a fines del mes pasado encaró al presidente Luis Lacalle Pou por los "recortes" en la educación técnica– justificó bajo el artículo 70.10 unas 33 horas de clase no dictadas en 2018. El certificado presentado indicaba que había asistido a un Congreso de Educación en La Habana, Cuba. 

La senadora nacionalista Graciela Bianchi le solicitó la semana pasada a las autoridades educativas conocer el nivel de faltas y el desempeño como docente de Mallo, luego de su recriminación a Lacalle Pou al pie de la Torre de las Telecomunicaciones, previo a la presentación del Plan de Transformación Educativa. El Frente Amplio definió la actitud de la legisladora oficialista como "persecución". 

No aparece

Este lunes estaba citado el exconsejero de Secundaria, Javier Landoni, que este fin de semana envió una nota excusándose de asistir. En una reunión del Consejo de Secundaria realizada en setiembre de 2017, bajo la presidencia de Celsa Puente, ese organismo resolvió avalar las inasistencias de varios dirigentes sindicales ante una serie de actividades gremiales al margen de las direcciones de los centros en los que trabajaban. 

Así lo había denunciado en su momento Schipani luego de haber accedido a las actas de esa reunión y haber denunciado que Slamovitz, dirigente de Fenapes, había logrado justificar mediante ese aval 250 horas no dictadas entre 2016 y 2017. 

En ese encuentro Landoni había hecho hincapié en la necesidad de "proteger" a los docentes aludidos y así evitar divulgar la información para no "perjudicarlos" ni "someterlos al escarnio público", al tratarse de un "acto político" que, entendía, "debería ser discreto". 

La investigación en Diputados se da debido a las denuncias impulsadas por el legislador Felipe Schipani denuncias sobre un "uso excesivo" de este mecanismo por parte de varios dirigentes. 

A principios de noviembre, la comisión había cursado a Fenapes un pedido oficial en la que se le pedía al sindicato presentar el texto de ese supuesto convenio. "Ok" fue la respuesta que, a través de correo electrónico, elevó la federación. 

Las dudas sobre la existencia del convenio alcanza a los propios docentes. "No tengo certezas, nunca lo vi", había declarado a mediados de octubre ante la comisión investigadora Daniel Castro Peñalva, director del liceo 45 de Montevideo, que reconoció haber avalado, "de buena fe" este tipo de formularios que le presentaron profesores a su cargo. Zubía recordó que algunos dirigentes, como Mario Bango, hablaron de que se trataba de un "acuerdo tácito" con las autoridades del pasado gobierno. 

La actual directora de Secundaria, Jenifer Cherro, había remarcado en ese ámbito que "no existe convenio ni marco jurídico regulatorio habilitante" para justiticar las inasistencias investigadas. También lo señalaron los responsables de la división Jurídica del organismo.