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Instituto de Derecho Penal entiende que la LUC suprime "derechos y garantías constitucionales"
El Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República rechaza el proyecto de ley de urgente consideración. A pesar de los cambios que hubo entre el borrador inicial y la versión final, los integrantes del instituto llegaron el 6 de mayo a la misma conclusión que en febrero, cuando por unanimidad se mostraron en contra de la propuesta del presidente Luis Lacalle Pou referida a la seguridad pública.
Los especialistas entienden que los cambios proyectados implican "supresión de derechos, vulneración de principios y garantías constitucionales, restricción de libertades e incremento punitivista, alteración inadecuada de los dosimetría de las penas y expansión penal desmedida". Así lo explicó Germán Aller, el director del instituto, cuando este viernes asistió al Palacio Legislativo para dar su opinión sobre las modificaciones propuestas.
Para los abogados de la Udelar, la norma sujeta a consideración de los legisladores presenta "deficiencias jurídicas", de rigor científico y hermenéuticas, "primando aspectos meramente políticos". En la resolución leída por Aller ante la comisión especial del Senado, concluyeron que "su implementación legal podría ocasionar graves inconvenientes interpretativos y de aplicación en la praxis forense, así como cuestionables criterios político-criminales de selectividad negativa".
Aller se respaldó en el descenso de los delitos anunciado por el Ministerio del Interior para explicar que, si la disminución efectivamente se dio, el sistema actual "operativamente permite abatir la criminalidad en los niveles que se está sosteniendo". "No veo fundamento científico alguno para poder sostener que esto (la implementación de los cambios propuestos) sea necesario", argumentó.
A pedido del vicepresidente de la comisión especial que trata el proyecto de ley, el senador frenteamplista Charles Carrera (MPP), Aller se comprometió a hacer un análisis pormenorizado de algunos de los artículos más cuestionados de la primera sección, referida a seguridad pública. El senador nacionalista Carlos Camy adelantó que habrá cambios en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.
Los apartados que serán analizados por el abogado penalista son el 1 (legítima defensa), el 7 (resistencia al arresto), el 11 (agravio a la autoridad policial) y el 17 (referido a la protección de trabajadores de la educación y de la salud, que fija multas para quienes los hostiguen, insulten, ataquen física o verbalmente, maltraten, menosprecien o perturben emocional o intelectualmente).
Legítima defensa
En su exposición, Aller sugirió no modificar el artículo 26 del Código Penal –referido a la legítima defensa–, como propone el primer artículo del proyecto de ley.
Esta propuesta fue definida por el coordinador de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, como una de las "normas llave" para la gestión de la seguridad pública. El artículo fija por escrito la legítima defensa presunta en favor de los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, policías y militares dedicados a la seguridad interna.
"¿Desde cuándo el policía, como cualquier otro ciudadano, no es presunto inocente? Solo deja de ser inocente cuando es condenado con sentencia firme", argumentó el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología, según la versión taquigráfica de la sesión.
Aller considera que para los policías es una "espada de Damocles" que los contemplen específicamente porque, contrariamente a lo que se puede creer, no gozarán de mayor protección de la que ya tienen.
"Digámoslo en idioma claro en derecho: no es presunto; le compete al fiscal la carga de demostrar la culpabilidad y al juez de sentenciarla. Por lo tanto, no se le hace un favor al funcionario policial al darle una supuesta mayor protección con una presunción relativa que desparece, como en un chasquido de dedos, en la primera declaración de ese policía ante el ministerio público", explicó.
Advirtió que en el futuro podrá haber problemas de interpretación del artículo 1 debido a su redacción. En particular, apuntó contra el siguiente enunciado: "Cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende".
Aller aseguró que le costó entender su significado, por lo que estimó que "a muchos de los intérpretes en la práctica les va a generar graves problemas", al trabajar en plazos acotados.
Por otra parte, cuestionó que se hiciera una descripción detallada –a su juicio, innecesaria– de qué son las dependencias de una casa: balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines, garajes, cocheras o similares.
"¿Barbacoas? ¿Y los parrilleros no? Porque si dice 'barbacoas' han querido dejar de lado los parrilleros. Pregunto: en Uruguay, ¿qué hay más, parrilleros o barbacoas? Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero hace a la interpretación de las leyes. Si no las construimos con certeza idiomática y conceptual, luego tendremos problemas que no van a quedar aquí, en el Legislativo, sino que van a estar en los juzgados penales; se van a trasladar hasta ahí. Entonces, tendremos que interpretar", advirtió.
