Jorge Larrañaga sonríe por debajo del tapabocas, aparta el fajo de hojas que tiene debajo del brazo y choca el codo del senador nacionalista Sergio Abreu. “Lo que proponen es legislar por stock, ¡legislar por stock!”. Con esta frase resumió el intercambio que por casi 10 horas acababa de mantener con legisladores de todos los partidos, y en particular con los opositores del Frente Amplio.
El ministro del Interior fue el primer integrante del gabinete de Luis Lacalle Pou en defender el proyecto de ley de urgente consideración en el Parlamento, este lunes, en la comisión especial de la Cámara de Senadores. Lo acompañaron el subsecretario, Guillermo Maciel, el director general, Luis Calabria, y el secretario de Inteligencia, Álvaro Garcé.
La frase con la que Larrañaga sintetizó el encuentro –”legislar por stock”– refería a uno de los puntos que mayor tensión generó en la sala 17 del edificio anexo del Palacio Legislativo: el capítulo que trata las normas sobre adolescentes privados de libertad, que entre otras disposiciones prevé el aumento de las penas para aquellos que cometen delitos gravísimos.
“Hay menores que matan, que son autores o coautores de homicidios. No es válido sostener que hay apenas 280 menores privados de libertad en el Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente) para no exigir la modificación”, aseguró Larrañaga al terminar el encuentro.
Y recordó que con la firma del entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi (MPP), en 2013 el presidente José Mujica quiso modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia para duplicar las penas permitidas a los menores infractores, pero los legisladores del Frente Amplio la rechazaron.
Puertas adentro, el debate fue el mismo. Los senadores Óscar Andrade, Charles Carrera y Bonomi, en ese orden, fueron los más críticos al modelo de seguridad pública propuesto, según legisladores consultados por El Observador.
Dudas en la coalición de gobierno
La discusión no está laudada en la interna del Partido Nacional, donde algunos dirigentes “tienen dudas” y señalan que es necesario revisar estos artículos, de acuerdo a lo que recomiendan los organismos internacionales expertos en el área.
El senador nacionalista que más reparos tiene es Jorge Gandini, según las fuentes consultadas. Sin embargo, dirigentes blancos aseguraron que todos los legisladores, aunque estén en desacuerdo con las disposiciones, van a votarlo.
Larrañaga dio poco margen para cambios. “No vamos a dejar de aplicar la ley penal cuando existan infracciones, porque lo peor de todo es que la gente advierta que hay impunidad. Esa es la realidad que subyace todo este tema y se transforma en visiones ideológicas que, me parece, en algunos casos, yo no le doy el beneficio de la duda al Frente Amplio”, dijo en conferencia de prensa.
“Cómo no vamos a aceptar la discrepancias y la diferencias. Pero creemos que en el marco de una política criminal es importante ser sabedores de que hay adolescentes que no tienen ninguna empatía con las víctimas y se transforman en victimarios, en una suerte de carrera delictual que culmina con homicidios, esa es la realidad que tenemos por delante, es lo que vemos en el accionar del policía todos los días, más allá de las ecuaciones y los números”, planteó.
La legítima defensa presunta en favor de los cuerpos de seguridad del Estado, a la que Garcé definió como una de las “normas llave” de esta administración, fue cuestionada por los senadores de la oposición. No solo porque entienden que no es necesario modificar el ordenamiento jurídico en el que estén amparados, sino porque creen que las nuevas disposiciones dan margen al “gatillo fácil”, un concepto con el que insistieron a lo largo del encuentro.
Antes de adentrarse en la discusión del articulado, Larrañaga marcó su distancia “política e ideológica” con el Frente Amplio. El secretario de Estado afirmó que durante las tres administraciones de la coalición de izquierda fueron “jarabe de pico”, porque prometieron mucho y no cumplieron, en particular con las políticas públicas alusivas a los menores de edad.
El asesinato de la policía Daniela Silva fue presentado por los jerarcas del Ministerio del Interior como un ejemplo de por qué es necesario aprobar el proyecto de ley, dijeron fuentes de esa cartera. El 7 de marzo, Silva se convirtió en la primera funcionaria policial en ser asesinada durante la administración de Luis Lacalle Pou, en manos de dos adolescentes de 17 años. La agente de 31 años murió por un disparo en el cuello cuando la atacaron para robarle el arma de reglamento.
Leonardo Carreño
Búsqueda de acuerdo
Las diferencias en la coalición de gobierno, más que conceptuales, tienen que ver con la forma en que quedaron redactados algunos artículos del proyecto de ley. A esta conclusión llegaron los legisladores el viernes pasado, cuando en conjunto repasaron qué puntos de la primera sección del proyecto de ley no compartían.
El trabajo insumió toda la jornada y no fue posible debatir sobre los 120 artículos que componen esta sección. Las disposiciones sobre seguridad pública en los espectáculos deportivos, por ejemplo, quedaron pendientes de discusión.
En materia de seguridad, la mayoría de los cambios de redacción acordados buscan prevenir posibles inconstitucionalidades. Por ejemplo, el artículo 56 del proyecto de ley crea el cargo de director nacional de Seguridad Rural y encomienda a la Contaduría General de la Nación a “habilitar los créditos correspondientes”. Sin embargo, eso será modificado para que la asignación de recursos se dé en una instancia presupuestal posterior.
El Partido Independiente adelantó que hay tres artículos sobre seguridad pública que no va a votar: el 4, el 11 y el 17, referidos a la resistencia al arresto y la consideración del “agravio a la autoridad policial” como un delito.
El diputado Iván Posada apuntó contra una parte del primer artículo del proyecto de ley, que a su juicio “legitima” la justicia por mano propia y por tanto no va a acompañar.
Este apartado establece que “cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende”.
Los grupos por temas
Para avanzar en el articulado, la coalición conformó grupos de trabajo sobre distintas áreas temáticas con diputados y senadores oficialistas:
Seguridad pública, coordinado por Carlos Camy.
Economía, libertad financiera, empresas públicas y eficiencia del Estado, coordinado por Jorge Gandini.
Educación, coordinado por Graciela Bianchi.
Seguridad social y relaciones laborales, coordinado por Carmen Asiaín.
Vivienda, coordinado por Gloria Rodríguez.
Agronomía, coordinado por Alejo Umpiérrez.
