Internación compulsiva o consentimiento previo: Las propuestas en el Parlamento para adictos y la legislación existente

El gobierno de Tabaré Vázquez envió al Parlamento en 2015 un proyecto de ley sobre salud mental -que fue aprobado en 2017- que regula la internación compulsiva para ciertos casos y también habla del consentimiento informado en el caso de hospitalización voluntaria. Los pasajes de esa ley vinculados a estos temas nunca fueron reglamentados y, por lo tanto, no se aplican. 

Es por eso que ahora Cabildo Abierto quiere tomar la posta en el tema y dos legisladores del partido trabajan en proyectos con enfoques distintos. Según datos que manejan en el partido, unas 12.000 personas tienen problemas de adicción y cerca de 2.000 requieren de internación. El sistema público cuenta con 100 lugares para recibir pacientes con este problema y, en promedio, tiene un 85% de ocupación. 

La diputada Silvana Pérez, presidenta de la comisión de Salud Pública, se unió a la colorada Nibia Reisch para presentar un texto que busca establecer la necesidad del consentimiento previo del adicto para que pueda ser internado en momentos de crisis. Se trata de una iniciativa que fue presentada originalmente por Reisch en 2017 y que ella misma volvió a plantear este año. Sin embargo, tras recibir varias delegaciones en la comisión, el texto sufrió algunas modificaciones y el nuevo proyecto tuvo también la firma de Pérez. 

Ese proyecto ya fue aprobado en comisión de Salud Pública solo con los votos del oficialismo, según dijo a El Observador la diputada cabildante y según diversas consultas entre legisladores del oficialismo, el texto tiene el respaldo para ser aprobado en el plenario en las primeras semanas de marzo.

El objetivo del proyecto, que fue trabajado en conjunto con la organización Madres del Cerro que reúne a familiares de adictos, es que la persona firme un consentimiento de voluntad anticipada certificado con un escribano en un momento de lucidez para que en caso de que vuelvan a caer en una situación de crisis pueda ser internado. Todas estas situaciones, sin embargo, están supeditadas a lo que decida el psiquiatra tratante.

La Ley de Salud Mental aprobada en la legislatura anterior ya prevé este tipo de situaciones y habla del consentimiento informado. “La hospitalización es considerada un recurso terapéutico de carácter restringido, deberá llevarse a cabo sólo cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones realizables en el entorno familiar, comunitario y social de la persona y será lo más breve posible”, dice el texto aprobado y agrega que la hospitalización deberá ser realizada con el “consentimiento informado” de la persona o el representante legal. 

La diputada del Frente Amplio Cristina Lustemberg hizo referencia a  esa ley en la discusión de la comisión de Salud Pública y aseguró que es necesario un abordaje “multidimensional”. Además, en diálogo con El Observador dijo que el tema no se soluciona “poniendo ley sobre ley” sino que es mucho más “complejo”. 

“El abordaje tiene que ser multidimensional. La internación compulsiva es una estrategia que no ha dado resultado en la mayoría de los lugares del mundo”, dijo la diputada en comisión a pesar de que el texto aprobado por el Frente Amplio también la regula. 

Para Reisch el pasaje de la Ley de Salud Mental es “letra muerta” porque nunca fue reglamentada y además este texto, según la diputada, se  trata de un marco para algo mucho “más preciso”. 

Internación compulsiva

En paralelo al tratamiento del proyecto aprobado en comisión de Salud Pública, el también diputado cabildante Martín Sodano está trabajando en otra iniciativa para regular la internación compulsiva, según informó Búsqueda. Esto también está previsto en la Ley de Salud Mental pero tampoco fue reglamentado y el texto que presentará el diputado es más amplio. 

El legislador ultima los detalles de un texto que permite la internación, tras la evaluación médica, de cualquier “ciudadano sospechoso de un consumo abusivo” de drogas que se encuentre en la vía pública, según dijo al semanario. 

Según Silvana Pérez, la bancada de Cabildo respalda su proyecto mientras que el de Sodano todavía no fue presentado formalmente. Incluso, según la legisladora, el ministro de Salud Pública e integrante de CA, Daniel Salinas, se mostró “favorable” a su iniciativa y aseguró que era “viable”. 

Para Sodano no existe una contradicción entre un proyecto y el otro sino que son complementarios. “El consentimiento previo tiene un costo porque precisa de un escribano. El proyecto de Pérez no es una política social amplia”, aseguró en diálogo con El Observador. 

La ley aprobada por el gobierno de Vázquez ya prevé algunas situaciones de este tipo. “La persona sólo podrá ser hospitalizada involuntariamente o retenida en un prestador en el que ya hubiera sido admitida como usuaria voluntaria cuando: exista riesgo inminente de vida para la persona o para terceros y cuando esté afectada su capacidad de juicios y el hecho de no hospitalizarla pueda llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le proporcione un tratamiento adecuado”, dice la normativa.

El texto agrega que en la reglamentación se establecerán cuáles son las “situaciones de riesgo inminente de vida” pero el decreto que reglamenta esta ley solo se refiere a los primeros capítulos y deja esto por fuera. Además, mucho de los pasajes de esa ley nunca recibieron recursos para ser implementados. 

Cabildo Abierto

Más allá del texto aprobado en la legislatura anterior, dos legisladores de Cabildo Abierto trabajaron por separados proyectos distintos sobre el mismo tema aunque con enfoques diferentes: uno sobre consentimiento previo y otro sobre internación compulsiva.

Para el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se trata de proyectos que van “por canales distintos”. El proyecto ya aprobado en comisión, según el senador, es una solución transitoria, que es más fácil que sea aprobado, mientras que el de Sodano va a generar más debate y más rechazos. “(El de Pérez) Es una solución para el mientras tanto que pueden ser varios años”, aseguró en diálogo con El Observador. 

Manini Ríos hizo hincapié en que se trata de un tema que le preocupa a su partido y que fue un compromiso de campaña.

El diputado cabildante aseguró que es una problemática que viene desde hace muchos años pero que hoy se ve más porque “antiguamente había otro pudor y la gente se escondía más”. 

De todos modos, ya hay voces oficialistas que se han pronunciado en contra de la internación compulsiva. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío (Partido Independiente), no comparte el proyecto de ley que fue aprobado en Comisión de Diputados sobre la internación para adictos en situación crítica y aseguró que ya existe legislación vigente para internar a una persona contra su voluntad en determinados casos. 

“Nunca un paciente indica su propia internación. (…) Nunca es el propio paciente que decide cuándo lo internan”, dijo en declaraciones a radio Uruguay en noviembre de 2020.

Intento del FA y promesas

A pesar de que la Ley de Salud Mental fue aprobada por el Frente Amplio, y no fue reglamentada, dentro de la propia fuerza política hay voces que siguen reclamando por este tema. En 2019, en plena campaña electoral, el expresidente José Mujica se refirió al tema. “Es necesario discutir si existen casos donde se pueda determinar la internación compulsiva. Hay veces que hay sujetos que van a vivir a la calle y ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos así?”, dijo en rueda de prensa y aseguró que iba a “pelear” por este tema en el Senado (renunció a su banca en octubre de 2020).

Mujica desde el gobierno también había impulsado un proyecto en ese sentido pero en ese entonces fue descartado por la bancada frenteamplista. 

En 2012, cuando el gobierno anunció una serie de medidas para combatir la inseguridad que incluían la regulación del mercado de la marihuana también estaba prevista la internación compulsiva. Sin embargo, ese proyecto no logró ser aprobado y fue en la siguiente legislatura que se avanzó sobre el tema en el marco de la Ley de Salud Mental.