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25 de julio 2023 - 5:02hs

Un mensaje por WhatsApp terminó con decenas de puestos de trabajo en una planta procesadora de cáñamo medicinal en Colonia Garibaldi, un poblado a 18 kilómetros de la ciudad de Salto. Este fue el último episodio de una empresa que llegó a tener alrededor de 400 empleados, pero que hoy no está operativa.

Sin embargo, Boreal Uruguay —el nombre fantasía de Ignapin S.A.— se sigue vendiendo a través de su página web como “la planta de secado de cannabis medicinal más grande de Latinoamérica”. Las instalaciones fueron inauguradas a lo grande en 2020, en plena pandemia de covid-19, con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y otros integrantes del Poder Ejecutivo. Debido a que parte de la inversión provenía desde empresarios canadienses, la entonces embajadora de ese país, Joanne Frappier, también participó de la apertura.

La planta, de casi 5.000 metros cuadrados de superficie, contaba con una capacidad de producción de hasta 20 toneladas diarias de cáñamo y la posibilidad de generar hasta 1.000 empleos directos e indirectos, señalaron, hace tres años, en la inauguración. Pero la realidad que afronta Boreal en la actualidad está en las antípodas: desvinculación de empleados, falta de pago de los despidos por parte de la empresa y la operativa totalmente detenida.

La planta de cáñamo, que llegó a contar con 400 trabajadores en su plantilla —entre zafrales y fijos—, fue haciendo despidos progresivos hasta quedarse con unas pocas decenas de empleados, a los que terminó de desvincular hace días, pero siguen sin cobrar lo correspondiente al despido y otras cargas que les corresponden, según supo Café & Negocios a través de varias fuentes vinculadas al sector.

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La situación llegó a puertas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) formalmente el jueves 13 de julio, cuando nueve extrabajadores se presentaron ante las autoridades para buscar una solución a su situación, informó El País días atrás.

El ministerio intervino por una audiencia solicitada por la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay al ministro de Trabajo. “Este fue el acercamiento oficial”, expresó el director Nacional de Coordinación en el Interior de esa cartera, Andrés Prati, a Café & Negocios.

“Formalmente no se ha accionado el cierre de la empresa”, indicó Prati y añadió que hay al menos 40 trabajadores afectados, aunque solo nueve se presentaron formalmente ante el MTSS. Mientras tanto en la planta hay solo tres trabajadores de Boreal a los que no se les dio de baja y siguen percibiendo el sueldo.

“Debemos sentar a las partes para resolver la situación, pero no hemos podido identificar al responsable de la empresa”, explicó Prati.

El presunto engaño de un uruguayo a inversores canadienses que desató el cierre

No hay un motivo claro que le explique a los trabajadores por qué la empresa cerró, pero la versión que corre con más fuerza es la de un inversor uruguayo que detrás de la figura de sociedad anónima malversó inversiones provenientes de Canadá.

Según ésta versión,  fue a principios de 2023 cuando la empresa fue intervenida luego de que los accionistas canadienses señalaran ciertas irregularidades en los movimientos de la empresa cannábica que involucraban a un accionista uruguayo. Esta intervención llevó a una serie de problemas financieros y laborales en la empresa, explicó la abogada patrocinante de los extrabajadores de Boreal, María José Borghi, en diálogo con Café & Negocios.

Presidencia Lacalle Pou en la inauguración de la planta de Boreal, en Salto.

En este sentido, y según publicó el medio canadiense The Sudbury Star a principios de 2023, fueron los canadienses John Pollesel, empresario, y el abogado Brian Montgomery quienes comenzaron acciones legales contra la empresa AD Group (con sede en Toronto) y su propietario, el uruguayo Gonzalo Aguiar. Tanto Pollesel como Montgomery tomaron esta iniciativa alegando que Aguiar, su esposa y sus dos hijos mayor de edad "engañaron sobre el proyecto de cannabis y malversaron el dinero de la inversión” inicial, se explayó el diario. Según el medio canadiense su inversión dirigida al proyecto de cannabis en Uruguay fue de US$ 27,5 millones.

“Aguiar tenía una relación comercial anterior con Pollesel a través de Boreal Agrominerals Inc., una empresa especializada en productos para mejorar el suelo que cuenta con una mina cerca del río Spanish River y una oficina en Lively”, agregó la publicación canadiense de abril de 2023. Hasta ese momento, las acusaciones contra Aguiar, su familia y empresa no han sido probadas en la justicia, añadió The Sudbury Star.

La demanda que preparan los exempleados

La abogada de los trabajadores de Boreal  mencionó que había dos grupos de trabajadores en la empresa: uno que trabajaba en campo (zafrales) y otro que trabajaba todo el año en la planta. Los trabajadores de la planta estaban “mal categorizados” y se les pagaba por debajo del salario que les correspondía por el tipo de actividad que realizaban. “No estaban capacitados para ejercer esas tareas”, especificó la abogada.

Borghi  señaló que los trabajadores se acercaron a ella buscando asesoramiento legal porque no estaban informados sobre los movimientos de la compañía. “Se les comunicó por WhatsApp su desvinculación de la empresa cuando retornaron del seguro de desempleo”, agregó. 

Nadie en la empresa, ni los accionistas ni responsables, se han presentado para resolver la situación y hacer frente con lo que se le adeuda a los trabajadores, coincidieron tanto Borghi como Prati. 

Para la abogada, entre despidos, salario vacacional, aguinaldos (de 2022 y de lo que va de 2023) y el cambio de categoría según la remuneración que perciben en función de las tareas que desempeñaban en la empresa cannábica, el monto total del reclamo por parte de esos nueve trabajadores que representa asciende a $ 13 millones.

En la actualidad, la empresa está paralizada, y algunos bienes valiosos fueron vendidos sin que el dinero llegara a los empleados, expresó  Borghi y sostuvo que Boreal Uruguay tiene un embargo por parte de un acreedor que llega al US$ 1 millón. “Hay que ver qué monto queda para responder a las obligaciones que contrajeron con los empleados”, concluyó la abogada.

Borghi espera presentar formalmente la demanda este semana. Si bien la abogada auspiciante representará a los nueve trabajadores que formalizaron su reclamo frente al MTSS, hay otros tres exempleados —uno de ellos de Montevideo, donde figura la dirección de la empresa en su web oficial— que están por sumarse a la demanda.

Boreal Así es la planta de cannabis por dentro.

“Uso político”

El intendente de Salto, Andrés Lima, ha expresado en medios locales, como el diario Cambio, sobre la necesidad de resarcir a los trabajadores que se quedaron sin empleo. 

“Lima no solicitó audiencia con (el ministro de Trabajo Pablo) Mieres por el asunto”, expresó Prati, quien enfatizó que los pronunciamientos del intendente de Salto han sido solo para los medios y no ha realizado ninguna gestión formal a favor de los extrabajadores de Boreal.

“Está haciendo un juego político con el trabajo de la gente”, dijo Prati.

“Tristeza” y “mala imagen” para el sector

Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, Ricardo Paez, así como otros empresarios del rubro dijeron sentir “tristeza por el cierre de una empresa y más aún si es una del rubro cannábico”. Además, esta situación genera “una imagen negativa” hacia la industria por el manejo de Boreal con los empleados.

No obstante, Paez expresó que, más allá de que “el cierre de una empresa es multifactorial”, en el último tiempo las empresas locales vinculadas al cannabis no están pudiendo hacer frente a la situación económica, moldeada por la falta de mercado interno y la imposibilidad de exportar hacia otros mercados, a raíz de la lentitud en las normativas internacionales en regular cannabis medicinal.

En este sentido, Paez expresó que la cámara “le está poniendo este asunto sobre la mesa al gobierno” para no dejar caer la empresas del sector que, en su mayoría, están en una situación comercial “compleja”. 

El diálogo con el gobierno —precisamente con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Industria, Energía y Minería—, pretende promover el mercado interno a través de la regulación y consumo de flores de cáñamo de alto THC medicinal, la habilitación para el uso de flores de cáñamo para la producción de otros productos con valor agregado, como cosméticos y comestibles, entre otras medidas.

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