Investigación contra fiscal que absolvió a Moreira fue para "dar garantías" y evitar linchamiento

A la mañana siguiente, Díaz vio que en las redes sociales se señalaba que Charquero había integrado la comisión de seguridad de la candidatura de Luis Lacalle Pou para el Partido Nacional en la campaña electoral de 2014, y decidió entonces disponer una investigación administrativa. El propósito fue dar "garantías" a la fiscal acusada para que "diera sus fundamentos" y al mismo tiempo evitar "que fuera crucificada públicamente", según señalaron a El Observador fuentes del organismo.

De hecho, el fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, se comunicó en la mañana de este lunes con las fiscales de Carmelo para "darles tranquilidad", ya que la investigación iniciada tiene el objeto de "proteger" tanto a Charquero como a "la institución", agregaron los informantes.

Sin embargo, luego de conocida la decisión de Díaz varios legisladores de la coalición de gobierno criticaron la investigación administrativa, y uno de ellos, el diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust, llegó a plantear que pondrá "en marcha los mecanismos constitucionales solicitando la destitución del fiscal de Corte por su ataque a la autonomía técnica, al Estado de Derecho y la 'señal' al fiscal que debe diligenciar la denuncia contra el gobierno del (ex)presidente (Tabaré) Vazquez", según escribió en su cuenta de Twitter. 

Y este lunes, Lust y el senador Guillermo Domenech fueron a la Torre Ejecutiva a pedir "que se tomen medidas en aras de la independencia de los fiscales y del prestigio de la justicia dada la indebida intromisión del fiscal general de la Nación en la independencia de los fiscales". "Creemos que esta investigación ordenada es la gota que ha derramado el vaso, hay un cúmulo de irregularidades cometidas que afectan la independencia de los señores fiscales y estamos particularmente preocupados en preservar la tradicional independencia de los fiscales", declaró Domenech a la salida de la reunión.

También se expresaron este lunes el senador nacionalista Jorge Gandini, quien en diálogo con Radio Carve calificó de "intervención poco feliz" lo resuelto por Díaz, y la senadora blanca Graciela Bianchi, que aseguró a La Diaria que se debe "estudiar" lo ocurrido al haber "mostrado demasiado cuál es su filiación política".

En paralelo, el diputado colorado Felipe Schipani tramitó un pedido de informes a la Fiscalía para conocer "los elementos que justifican la instrucción de la investigación administrativa", qué es lo que "lleva a pensar que puedan existir actos o hechos irregulares o ilícitos", y en qué año ingresó exactamente la fiscal Charquero al Ministerio Público. 

Por su parte, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, solicitó a Díaz una reunión formal para "tener conocimiento de lo que está pasando con este caso y otros varios más", según declaró a Radio Universal. El encuentro con el fiscal de Corte tuvo lugar finalmente en la tarde del lunes.

El Observador consultó a Díaz por estas críticas, pero dijo que al momento no haría declaraciones. 

La posición de la fiscal y lo que dice la ley

La resolución de Charquero y Nebot apoyó lo que había resuelto la fiscal de Colonia Eliana Travers el 4 de febrero, luego de investigar a Moreira por verse involucrado en la viralización de una serie de audios en los que ofrecía una pasantía a cambio de sexo. Travers y las dos fiscales adscriptas de Carmelo –en donde no hay fiscal titular– coincidieron en que no había elementos para imputar al exintendente –y candidato a la reelección– por los delitos de abuso de funciones, concusión y abuso sexual.

La decisión de las fiscales no sorprendió al fiscal de Corte, quien ya consideraba "bien fundado" el dictamen de Travers y porque la jurisprudencia indica que la mayoría de las veces los fiscales que analizan lo actuado por colegas no suelen contradecirlos.

Las fuentes del Ministerio Público informaron además que lo que la investigación administrativa deberá resolver es si había alguna clase de vínculo de afinidad o familiar entre Charquero y Moreira, pero no su pasado político porque la ley no exige a los postulantes a fiscales no tener militancia partidaria.

El que informó sobre vínculo de Charquero con el Partido Nacional fue el periodista Carlos Pelaez, columnista de LaX. En su cuenta cuenta de Facebook, divulgó una foto de la cuenta de Twitter de la lista 404, de octubre de 2014, en la que aparecía Charquero posando junto con Álvaro Garcé y otros, con un cuadro del sector político detrás. "La 404 en la presentación del equipo de seguridad, apoyando a nuestra compañera y militante Dra. Natalia Charquero", decía el tuit de hace seis años.

Según supo El Observador en base en fuentes del la Fiscalía de Carmelo, Charquero entiende que no era su "deber" haber informado de su pasado político.

La ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación , Nº 19.483, establece en su artículo 50 que el cargo de fiscal es incompatible, entre otras cosas, "con cualquier función pública honoraria, excepto aquellas especialmente conexas con el ejercicio del cargo de fiscal". Y en su artículo 56 se define que un fiscal "podrá ser recusado si se comprobare interés personal en el proceso en que interviene afecto, parentesco o enemistad en relación a las partes".

Es esto último lo que deberá ser dilucidado con la investigación. Es decir, si Charquero "tenía que haber avisado por delicadeza" acerca de sus años de militancia, lo que no puede ser exigido desde un punto de vista legal, o si por el contrario mantiene un vínculo de afecto o cercanía con Moreira e incurría en una "causal de recusación" y no lo notificó, dijeron las fuentes de la Fiscalía de Corte.

Gremio con cautela