Juez federal ordena detener la separación de familias en la frontera de EEUU

El juez Dana M. Sabraw emitió el martes una orden judicial en el Distrito de San Diego, California, que impide que se sigan separando niños de sus padres en la frontera y demanda que todas las familias que ya fueron separadas sean reunidas en un plazo máximo de 30 días.

La orden, que tiene carácter nacional, también indica que a todos los niños se les deberá permitir hablar con sus padres dentro de los próximos diez días. Además, especifica que aquellos menores de cinco años deberán reencontrarse con sus padres en un plazo de 14 días.

La orden fue emitida el mismo día que la Corte Suprema respaldó al presidente Donald Trump en cuanto al veto migratorio de seis países. En tanto, el mandatario emitió la semana pasada una orden ejecutiva cuyo objetivo fue poner fin a las separaciones de las familias en las fronteras. Sin embargo, dicha orden apenas esboza cuestiones de reunificación o reencuentro. Previo al dictamen presidencial, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) también había presentado una demanda para detener las separaciones.

En su orden, el magistrado también dictaminó que los adultos no pueden ser deportados del país sin sus hijos. A su vez, señaló que los niños pueden ser separados de sus padres en la frontera solo si estos representan un riesgo inmediato para ellos. Para Sabraw, "la desafortunada realidad es que bajo el sistema actual, los niños migrantes no son considerados de la misma forma que se considera a la propiedad".

La demanda judicial que realizó ACLU inicialmente presentaba dos casos en los que los hijos fueron separados de sus padres después de cruzar la frontera estadounidense. El primero de ellos es el de una mujer que venía huyendo de la persecución en la República Democrática del Congo y que entró al país de manera legal por vía marítima. Según la demanda, le quitaron a su hija de seis años y la llevaron a Chicago, donde permaneció por casi cinco meses. El otro caso es el de una mujer brasileña que cruzó la frontera sin documentación apropiada con su hijo de 14 años. Fueron separados y a él también lo enviaron a Chicago. De acuerdo con lo que sostiene la demanda, estuvieron separados por casi ocho meses.

El mismo martes, antes de que la jueza Sabraw emitiera su orden, 17 estados demandaron al presidente por las prácticas de su administración con las familias migrantes, alegando que se está causando un "daño devastador". Estos estados, entre los que se cuentan Washington, California y Nueva York, calificaron los procesos de inconstitucionales, "crueles e ilegales", y afirmaron que es una violación del proceso de protección equitativa. En este sentido, solicitaron que la Suprema Corte lo detenga y ordene la inmediata reunificación de padres e hijos.

Todo apunta a que la administración Trump no está preparada para hacer frente a las consecuencias de su propia decisión de enjuiciar a todos los inmigrantes que sean capturados pretendiendo ingresar al país de manera ilegal. Por lo que el desafío de reunir a las familias que ya fueron separadas se transformó en una crisis por sí misma.

Alex M. Azar II, secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, dijo que el departamento está teniendo problemas para determinar cómo cuidar a los niños detenidos. Según sus propias declaraciones, algunos de ellos permanecen bajo custodia federal y sus padres ya han sido enviados a sus países de origen. Al respecto, Azar afirmó que a cargo del departamento hay 2.047 niños separados de sus familias, lo que implica solo seis menos que los que tenía antes de que Trump firmara la orden ejecutiva.

Por otra parte, Raj Shah, portavoz de la Casa Blanca, dijo en una entrevista con CNN que el proceso de reunificación será difícil. "Nuestro objetivo es reunir a tantas familias como sea posible, lo más rápido posible", agregó.

No obstante, los fiscales generales de los estados notaron que el decreto de Trump no incluye a familias que ya se han roto, ni impide que la práctica se vuelva a utilizar en el futuro.

Impulsado por la decisión de la Corte Suprema sobre el veto migratorio, Trump retomó su accionar en contra de las leyes de inmigración que permiten que aquellas personas que experimentan peligro y persecución en sus países natales consigan su adjudicación de asilo por parte de un juez. En este sentido, el presidente sostuvo que su país necesita adoptar leyes más estrictas que envíen el mensaje inequívoco de que solo aquellos inmigrantes con habilidades especiales para impulsar la economía deberían tener acceso al país.

"Se llama, 'Lo siento, no puede entrar. Tiene que pasar por un proceso legal'", dijo Trump. Y sostuvo que tiene que dejar que las personas entren, pero que tienen que tener un mérito para ello y poder amar y ayudar a Estados Unidos.