Juicio de Aratirí: terminaron las audiencias de apelación y el gobierno confía en que ganará

Los herederos, que fueron quienes encabezaron la demanda en 2018, presentaron un recurso contra el fallo ante el Tribunal Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, cuyo resultado se espera para fines de febrero o principios de marzo.

La audiencia final, en la que las partes realizaron los alegatos de cierre ante los tres jueces, se realizó a principios de diciembre en la Corte de París, según confirmó El Observador con fuentes de Presidencia. 

Uruguay estuvo representado por el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, junto a abogados del estudio norteamericano Foley Hoag, el mismo que ejerció la defensa en el juicio en Washington.

En diálogo con El Observador, Ferrés expresó su confianza de que el país obtenga un resultado satisfactorio y dijo que Uruguay viene haciendo “una muy buena defensa” en esta etapa. 

La solicitud de anulación fue realizada en octubre de 2020 por los tres hijos del magnate hindú, dos meses después que el tribunal arbitral diera la razón a Uruguay y obligara a Aratirí a pagar US$ 4 millones por costos del juicio, algo que no ha ocurrido. El gobierno contestó la demanda en junio de 2021, fecha en la que los jueces comenzaron a diligenciar las pruebas.

El caso se resolverá en Francia porque en 2018 –cuando se inició la demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya– ambas partes establecieron que París fuera la sede.

En agosto de este año, Pramod Agarwal había adelantado que estaba haciendo el reclamo. “Nos gustaría que Uruguay se dé cuenta de que han expropiado el activo. Lo que hicieron estuvo mal. La inversión no puede simplemente volverse ‘puf’. Alguien tiene que asumir la responsabilidad”, dijo al Financial Times y aseguró que las pérdidas económicas del frustrado proyecto lo obligaron a vender su mansión de Regent’s Park (Londres) por 26 millones de libras en 2016.

El juicio en Washington

El laudo del arbitraje entre el Estado uruguayo y Aratirí, al que accedió El Observador, tiene 91 páginas, fue emitido originalmente en inglés y traducido de forma oficial al español. Está dividido en ocho capítulos y da cuenta que el tribunal –compuesto por Andrés Rigo, Pierre Meyer y O.T. Johnson– aceptó de forma unánime la “objeción a la jurisdicción ratione temporis” presentada por Uruguay. 

Esta objeción estuvo centrada en señalar que los demandantes “no tenían una inversión al momento de los presuntos incumplimientos”.

El tribunal concluyó que en virtud de la ley de las Islas Caimán –donde fue constituida la ingeniería financiera del proyecto– los demandantes “no poseían ningún derecho” sobre los bienes. 

La ingeniería fue un fideicomiso discrecional, el cual supone que Pramod Agarwal –el fundador– nombró a los herederos del proyecto pero se reservó el poder de revocar las decisiones y agregar a otros herederos o quitarlos.

Por esta razón, los árbitros entendieron que los hijos no tenían “ningún derecho o interés sobre los bienes”, sino solo “la esperanza de beneficiarse, y el valor de dicha esperanza se asemeja al valor de los intereses que pudiera tener una persona con la expectativa de recibir una herencia”. En opinión del tribunal, “una esperanza no es un bien” sino que “es comparable a un beneficio condicional” y estos “no han sido considerados como bienes susceptibles de reunir las condiciones de una inversión”.

Debido a que la demanda no logró superar la cuestión de forma, el tribunal no se expidió sobre el fondo de la controversia: si Uruguay mediante “numerosas acciones y omisiones, retrasó y finalmente denegó el otorgamiento de los permisos necesarios para” Aratirí, lo cual ocasionó “la extinción de los derechos mineros y la expropiación del valor del proyecto”.

En la práctica, la empresa señaló que la promulgación de la ley de minería de gran porte y las idas y vueltas por la ubicación del puerto de aguas profundas en Rocha cambiaron las condiciones iniciales del negocio. 

La empresa alegó haber invertido US$ 332 millones en el proyecto y consideró que la actuación del gobierno incumplía el literal A del artículo 1 del tratado de inversiones entre Reino Unido y Uruguay. Por esta razón, solicitó ser indemnizada con US$ 3.536 millones. Uruguay, en tanto, alegó que “brindó todo su apoyo” al proyecto y sostuvo que el fracaso obedeció al “colapso” de los precios del hierro después de 2011, lo que generó que “perdiera rentabilidad y financiación”.

El proyecto Aratirí comenzó en el año 2011 e implicaba además, la construcción de un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, en la zona de El Palenque (entre La Paloma y Cabo Polonio), aunque luego la minera pidió que fuera en La Angostura (entre la laguna Negra y la fortaleza de Santa Teresa), pero el Ejecutivo señaló que eso no era posible.