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Uruguay ganó el juicio contra Aratirí en La Haya

El reclamo era por US$ 3.536 millones y fue realizado en 2018 durante el gobierno de Tabaré Vázquez

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06 de agosto de 2020 a las 15:48

Uruguay le ganó a la empresa minera Aratirí el juicio internacional en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, según informó VTV Noticias y confirmó El Observador con fuentes oficiales al tanto de la resolución.

Según supo El Observador, el tribunal no se pronunció sobre el fondo de la controversia y exigió a Aratirí que pague US$ 4 millones al Estado uruguayo por gastos del juicio. 

En un comunicado, Presidencia de la República informó que el tribunal arbitral hizo lugar a la "objeción de jurisdicción" presentada por Uruguay, entendiendo que los demandantes (Ritika Mehta, Vinita Agarwal y Prenay Agarwal, los últimos dos hijos del fundador de la compañía, Pramod Agarwal), en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que "indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares al momento de los hechos de un bien protegido por el Convenio y por tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión".

La firma de origen indio reclamaba al Estado uruguayo US$ 3.536 millones. La demanda planteó que el Estado incumplió con el tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido y la República Oriental del Uruguay.

En un comunicado, la minera alegó que la empresa y sus subsidiarias "contaban con varios permisos de prospección y exploración, que les otorgaban un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación del Proyecto Valentines" pero el gobierno "implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva".

La defensa uruguaya fue diseñada por el entonces secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y Paul Reichler del estudio Foley Koag –el mismo de los casos Phillip Morris y Botnia– y estuvo centrada en demostrar que Aratirí continuó negociando con el gobierno cuando se aprobó la ley de megaminería en 2013 y cuando se modificó la ubicación de la terminal portuaria en Rocha. Los abogados también argumentaron que el grupo empresarial no agotó las instancias internas antes de iniciar el litigio internacional.

El presidente del tribunal fue el español Andrés Rigo Sureda, mientras que el francés Pierre Mayer fue el elegido por el demandado (Uruguay), y O.T. Johnson el elegido por el demandante (Aratirí).

Las últimas audiencias se realizaron en febrero en Washington, para lo cual viajó a Estados Unidos el entonces secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma.

Durante el juicio declararon funcionarios de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, así como expertos contratados tanto por el Estado uruguayo como por la minera.

Entre ellos se encuentran Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y Carlos Delpiazzo, exministro de Salud Pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Ambos fueron contratados por el estudio Ferrere, que ejerció la defensa de Aratirí.

También brindaron testimonio la contadora Giuliana Pérez de la Secretaría Antilavado; el director de emprendimientos de alta complejidad de la Dinama Eugenio Lorenzo; la directora general del Ministerio de Industria Fernanda Cardona; las asesoras de esa cartera Florencia Ualde y Leda Sánchez; la asesora del exministro de Transporte Víctor Rossi, Graciela Soler; y el director de Planificación de esta cartera Pablo Genta. 

Como expertos contratados por Uruguay que dieron una opinión asesora al tribunal viajaron los abogados Santiago Pereira Campos, Jorge Fernández Reyes –esposo de la vicepresidenta Beatriz Argimón– y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Leslie Van Rompey. También declararon exjerarcas del gobierno de José Mujica.

Toma expresó a fines de 2019 los motivos por los que creía que Uruguay ganaría. “Se presentó una sólida defensa y el pronóstico que hemos anunciado es que Uruguay va a salir ganancioso en esa instancia, (…) la labor que se ha hecho lleva inexorablemente al Estado a ganar ese juicio”, señaló.

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