Justicia condenó a ocho años y medio de prisión a líder de Los Chingas

Según informó a El Observador el fiscal Juan Gómez, se llegó a un acuerdo con la defensa de Sosa por el cual ambas partes aceptaron resolver el caso mediante un proceso abreviado, y evitaron así un juicio oral. Sosa aceptó su responsabilidad en lo ocurrido y, a cambio, recibió una pena algo menor, pero fue una disminución poco significativa a criterio del fiscal, quien se mostró conforme con la resolución del caso.

Sosa, que para el asesinato usó una pistola robada a un policía en 2016, fue acusado de un homicidio simple y de tráfico de arma.

El episodio había ocurrido en agosto de 2018, luego salir de cárcel tras ochos meses de encierro. Había sido imputado por un delito de porte y tenencia de armas en lugares públicos, tras haber sido detenido en diciembre de 2017, durante el primer operativo Mirador que desplegó el Ministerio del Interior que entonces en encabezaba Eduardo Bonomi, en el complejo de Los Palomares del barrio Casavalle. Estando en prisión, Sosa se peleó con Jonhatan Ferreira, un compañero que hasta entonces se encargaba de defenderlo en los conflictos carcelarios.

Ferreira lo acusó de consumir drogas, generar demasiados "problemas" con los otros reclusos y le dio una "cachetada". Desde entonces el vínculo entre ambos quedó roto, dijeron a El Observador fuentes de la investigación.

Ambos salieron de la cárcel casi al mismo tiempo, y Sosa lo hizo con la promesa de matar a Ferreira, agregó Gómez por su parte. 

Y cumplió. En la noche del 21 de agosto de 2018, a cinco días de haber recobrado su libertad, en el Pasaje 306 de Los Palomares, le dio dos tiros y lo mató.

Lo detuvieron el 5 de setiembre. Un comando de la Dirección de Información Táctica irrumpió en su vivienda, ubicada en el pasaje 316 de Casavalle, y lo capturó con una pistola 9 milímetros y un cargador que no tenía las municiones colocadas.

En una audiencia que tuvo lugar al otro día, Sosa increpó al juez Gonzalo Arsuaga porque a su entender no había evidencias suficientes como para ser imputado. “Me estás haciendo autor de un homicidio, me tenés que traer por lo menos una evidencia. El hecho de sangre te estoy pidiendo”, gritó entonces.

Antecedentes

Poco más de un mes después de esa audiencia, Sosa fue imputado por amenazar de muerte a Gustavo Leal, por entonces director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, y coordinador de los operativos Mirador. Se trata de una causa que todavía está abierta

Pero además el ahora condenado es investigado por el asesinato de su abuelo, Waldemar Ross, el 7 de abril de 2017, después de discutir la estrategia de los desalojos que Los Chingas –grupo criminal hoy casi desarticulado– llevarían adelante en el barrio ese año, para usar las casas usurpadas como base de operaciones y depósito de armas y drogas.

El hombre, de 68 años, sostenía que debían dejar el barrio en paz, pero Sosa no estaba de acuerdo y, delante de su abuela y tías, zanjó la discusión con un balazo. La justicia lo declaró entonces inimputable, por lo que Sosa no fue a prisión, sino al Vilardebó. Sin embargo, fue liberado a tan solo cuatro semanas y quedó en libertad. A ese centro de salud había ingresado al menos otras tres veces en 2017, por decisión de la Justicia de Familia ante reiteradas denuncias de violencia intrafamiliar 

Este delincuente también había sido condenado por un delito de hurto en 2015, y se le había aplicado una falta en diciembre de 2016 por manejar una moto sin licencia de conducir, según documentos a los que accedió El Observador. Un año después, el 16 de diciembre de 2017, fue cuando lo detuvieron por portar la carabina M1, que tenía junto a 30 cartuchos de munición.