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Jairo Sosa fue declarado imputable por la Justicia
Jairo Nicolás Sosa, uno de los líderes de la banda de narcotraficantes Los Chingas -principal impulsor del desalojo masivo de vecinos de Casavalle-, que es además investigado por dos asesinatos –uno de ellos a su abuelo–, fue declarado este martes por la Justicia como una persona imputable, y por tanto consciente de sus actos y sus consecuencias.
Sosa compareció como indagado en una audiencia de prueba anticipada en la causa que lo indaga por el asesinato a Jonathan Ferreira cometido el 21 de agosto, y allí se conoció el resultado de la pericia psiquiátrica que solicitó su defensa y que dictaminó que el imputado “es capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos claramente”, según dijo a El Observador el fiscal del caso, Juan Gómez.
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Sosa había estado en la cárcel entre diciembre del año pasado y agosto de este año por el delito de porte y tenencia de arma, pero a cinco días de ser liberado ocurrió el homicidio que Gómez le atribuye. Por este caso se encuentra en prisión preventiva desde el 6 de setiembre.
Pero el prontuario delictivo de este delincuente de 22 años no termina aquí. Sosa es investigado por el juez Nelson Dos Santos por el asesinato de su abuelo, Waldemar Ross Techera ocurrido el 7 de abril de 2017. Familiares directos señalaron a la policía que lo asesinó por discrepancias en la forma de conducir la banda de narcotraficantes pero luego, ante la Justicia, quien era la testigo principal –la abuela de Jairo– cambió la versión de lo ocurrido.
Sosa tiene, asimismo, 38 anotaciones policiales registradas entre 2012 –cuando tenía 16 años– y 2018, y otros dos antecedentes penales por hurto en calidad de autor de setiembre de 2015 –por el que también fue a prisión– y por manejar sin libreta de conducir en diciembre de 2016. Y además, este delincuente es investigado por el fiscal Fernando Romano por amenazar de muerte al sociólogo y director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal.
Según evidencia que está en poder de la Fiscalía, Sosa aseguró a través de las redes sociales que tenía intenciones de matar a Leal -el vocero de la cartera de seguridad en los operativos policiales en algunos barrios de Montevideo en que actúan bandas criminales - y su familia. Sin embargo, no pudo ser enviado a la cárcel porque el delito de amenazas no tiene pena de prisión. Por eso el fiscal Romano adelantó que pedirá la ampliación de la imputación, e intentará acusarlo de violencia privada.
