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El porqué de una libertad

Familiares de delincuente narco cambiaron su relato y evitaron un año atrás que fuera preso

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21 de octubre de 2018 a las 05:01

Antes de asesinar a un hombre el 21 en agosto de este año y amenazar de muerte al sociólogo Gustavo Leal –director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior–; antes incluso de liderar las extorsiones y desalojos que sufrieron más de 100 familias de Casavalle durante 2017 para que sus casas fueran utilizadas por su banda, Jairo Sosa era señalado por familiares directos como el asesino de su abuelo, Waldemar Ross Techera. 

Pero la Justicia no contaba con que la testigo principal del caso revirtiera el testimonio que había ofrecido a la policía, y Sosa nunca fue enviado a prisión por ese delito. 
Mientras la investigación avanzaba, el delincuente que entonces tenía 21 años fue enviado al hospital Vilardebó, pero no como un inimputable, tal como en su momento había informado la cartera de seguridad, sino porque una pericia psiquiátrica determinaba que era un hombre peligroso, que podía dañarse o agredir a terceros.

“No hubo una declaración de inimputable: nosotros no le endilgamos ningún delito porque no teníamos pruebas. Dispusimos su internación solo por razones médicas”, dijo a El Observador el juez de la causa, Nelson dos Santos. El asesinato se produjo sobre las 15.30 del viernes 7 de abril de 2017, y a las 17.15 un parte policial al que accedió El Observador consignó que una tía de Sosa –hija de Ross, líder de los Chingas, una banda de narcotraficantes que hoy está desarticulada– declaró que el autor había sido el joven delincuente. Esa mujer también dijo que poco antes de la tragedia había escuchado que su sobrino gritaba que “deberían morir todos”.

Luego, la abuela de Sosa, cuando fue interrogada por la policía, aseguró que estaba almorzando con Ross cuando llegó su nieto “muy excitado”. El joven, según este primer relato, dijo al entrar que llegaba para matar a su abuelo con el cometido de que “los Chingas siguieran existiendo”, y entonces retiró a su abuela a la fuerza. Ya en la calle, la mujer fue a buscar ayuda y cuando retornó con una de sus hijas, el crimen ya se había consumado: su pareja, un hombre de 68 años, con siete antecedentes penales, yacía sobre el suelo con una bala dentro de su cráneo. Ese mismo día la policía detuvo a Jairo Sosa pero el joven no ofreció respuestas que ayudaran a dilucidar lo ocurrido, porque se expresó “en forma totalmente incoherente”. 

La próxima interrogada fue la madre del indagado, Mónica Sosa, la líder actual de los Chingas –de acuerdo al Ministerio del Interior–, hoy en prisión por usurpación y hurto de agua y energía eléctrica. Mónica dijo entonces que hacía una semana que Jairo había cambiado de actitud y que últimamente estaba “muy agresivo y con dichos incoherentes”. Luego contó que esa tarde, mientras regresaba del jardín de otro de sus hijos, se cruzó con su madre –la abuela de Jairo– justo cuando había sido echada de su casa, y que le contó lo que había pasado: que Jairo le había dicho a su abuelo que si este no disparaba primero, él le pegaría “un tiro”. La abuela, sin embargo, no sostuvo este relato ante el juez Dos Santos cuando la citó al juzgado. En la audiencia, habló de una “sombra” que entró a su casa pero que estaba de espaldas como para apreciar detalles.

Psicótico incoherente

El juez Dos Santos intentó obtener la declaración de Sosa en tres oportunidades, pero no tuvo suerte. El sábado 8 de abril, cuando comenzó a narrar qué había hecho el día anterior, se interrumpió y se retiró “repentinamente” de la sala, según consta en un acta a la que accedió El Observador. “No quiero declarar, si escriben no quiero hablar más entonces”, dijo Sosa. Veinte minutos después se volvió a intentar su declaración, pero se repitió el mismo comportamiento. 

Con un diagnóstico de “cuadro psicótico agudo” y drogadicción, Dos Santos dispuso entonces que el principal sospechoso del asesinato fuera internado en el Vilardebó, y que su sede fuera avisada cuando le dieran de alta. Algo más compensado, el 19 de mayo Sosa volvió al juzgado, y el magistrado le preguntó si seguía escuchando “voces” que le indicaban que debía matar, a lo que el indagado le respondió que no, que eso le había pasado antes pero ya no, y que quería colaborar en el caso: “Quiero ayudar a que lo encuentren, (pero) no sé quién es esa persona”.
Raúl Estomba, el abogado que asumió su defensa–y la de otros integrantes de los Chingas– cuando fue imputado del homicidio a Jonathan Ferreira el 21 de agosto, dijo a El Observador que considera “loco” a su cliente. “Está mal de la cabeza o tiene algún problema mental. No puede tener esos cambios de conducta que te dejan helado. Se queda quieto como ido y después te sale con cada cosa”, aseguró.

Según informaron en su momento fuentes de ASSE, durante 2017 Sosa ingresó otras tres veces al Vilardebó, por orden de la Justicia de Familia, luego de que su madre –Mónica– lo denunciara por violencia doméstica.  Y durante esos meses, Dos Santos intentó avanzar en el caso, pero tuvo varias dificultades. Una de ellas fue la falta de comunicación que hubo con el hospital psiquiátrico, que no notificaba a la sede judicial sobre la evolución de Sosa con la celeridad requerida. Prueba de ello es un oficio que libró el juez el 25 de abril de 2018 –a un año de su internación– al director de ese centro de salud, en el que le solicitaba la historia clínica de Jairo Sosa y conocer si el indagado se encontraba “internado en ese nosocomio”. 

Sosa no volvió a ser citado por esta causa –que continúa abierta–, y en eso también incidió la burocracia judicial. “En el medio se trasladaron los juzgados, y eso generó un retraso considerable. No es un pedido de disculpas, pero también hubo una demora de nuestra parte ”, dijo el juez Dos Santos.
 

En prisión preventiva
Jairo Sosa se encuentra  en prisión preventiva desde el jueves 6 de setiembre por el asesinato de Jonathan Ferreira. El fiscal de Homicidios Juan Gómez dijo en la audiencia que Sosa utilizó para ese crimen un arma que había robado a un policía en 2016. Ese día volvió a la cárcel luego de estar un mes en libertad, porque en agosto había sido liberado luego de ocho meses tras las rejas. En diciembre de 2017 había sido detenido portando un fusil M1, y lo condenaron por un delito de porte y tenencia de arma. El 16 de agosto, cinco días después de volver a su barrio, Casavalle, fue cuando Sosa asesinó a Ferreira.
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