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Integrante de los Chingas ingresó al Vilardebó cuatro veces en un año, una de ellas por homicidio, y salió a los pocos meses

Pese a su prontuario delictivo, la Justicia lo declaró inimputable tras asesinar a su abuelo, Waldemar Ross

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11 de septiembre de 2018 a las 05:04

En 2017, Jairo Sosa asesinó a su abuelo de un tiro, lideró el desalojo de 110 familias de Casavalle que impulsó la banda de Los Chingas, fue denunciado por violencia doméstica en tres ocasiones y lo detuvieron por portar en plena vía pública un fusil M1. Durante ese mismo año, la Justicia ordenó cuatro internaciones en el Hospital Vilardebó, tres de ellas decretada por la Justicia de Familia como respuesta a las denuncias de violencia intrafamiliar, y una durante la investigación penal por el homicidio de su abuelo. Pero en todos los casos, informaron a El Observador fuentes de la institución, el centro de atención psiquiátrica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado le dio de alta poca semanas después, las cuatro veces. Los informantes del hospital aseguraron que siempre que egresaba de la institución quedaba a disposición de médicos del Hospital Maciel o el Portal Amarillo para su seguimiento. 

Desde diciembre hasta agosto de este año, Sosa corrió otra suerte y fue enviado a la cárcel por el delito de porte y tenencia de arma, pero a cinco días de ser liberado asesinó a otro hombre. Por este homicidio fue acusado el 6 de setiembre, y desde ese día se encuentra bajo el régimen de prisión preventiva, decretada por un lapso de seis meses mientras se sustancia el juicio.

Sosa, de 22 años, también amenazó de muerte al sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, la cara visible de la cartera de seguridad en la intervención del gobierno y la Justicia en el complejo de viviendas de Unidad Misiones –Los Palomares–, que se propone sacar de allí a los delincuentes que usurparon las viviendas de vecinos, expulsados a punta de pistola para utilizar esas casas como base de operaciones para el narcotráfico.

La estrategia de esa operación delictiva fue discutida en el seno de su familia el 7 de abril. Waldemar Ross, su abuelo de 68 años, sostenía que debían dejar el barrio en paz, pero Sosa no estaba de acuerdo y, delante de su abuela y tías, zanjó la discusión con un balazo. La Justicia lo declaró entonces inimputable, por lo que Sosa no fue a prisión, sino al Vilardebó. Por qué fue liberado a tan solo cuatro semanas de ingresar allí es una pregunta que se hacen las autoridades del Ministerio del Interior. Otra, es qué criterio se siguió para definir su imputabilidad.

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Este delincuente ya había sido condenado por un delito de hurto en 2015, y se le había aplicado una falta en diciembre de 2016 por manejar una moto sin licencia de conducir, según documentos a los que accedió El Observador. Un año después, el 16 de diciembre de 2017, fue detenido por portar la carabina M1, que tenía junto a 30 cartuchos de munición.

Quedó en libertad nuevamente el 16 de agosto de este año, el mismo día en que su madre, Mónica Sosa –líder de los Chingas, y quien lo denunció tres veces por violencia doméstica–, fue a la cárcel como medida preventiva, acusada de hurtar agua y energía eléctrica en una casa que había ocupado por la fuerza, tras desalojar a sus dueños.

Según señalaron fuentes del Ministerio del Interior, si Sosa no caía por tener armas, iba a ser capturado cuatro días después, cuando la Policía desplegó en Casavalle un operativo que apuntaba a la "reinstalación de la cultura de la legalidad en la zona", según apuntó la cartera.  Había sido señalado como uno de los líderes de los Chingas en las denuncias de algunas de las víctimas de los desalojos que hoy son testigos protegidos por la Justicia.

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El último delito lo cometió el 21 de agosto: su víctima se llamaba Jonathan Ferreira. En la audiencia en la que la Justicia decidió encerrarlo, el fiscal de Homicidios, Juan Gómez, relató que tres testigos confirmaron que el autor del hecho fue Sosa, con una pistola que habría sido robada a un policía en el 2016. Sosa y Ferreira habían sido compañeros este año en el Penal de Libertad y tuvieron conflicto por la adicción a las drogas. 

Cuando la Policía lo capturó el miércoles 5, se encontraba armado. Un comando de la Dirección de Información Táctica irrumpió en su vivienda, ubicada en el pasaje 316 de Casavalle, y lo capturó con una pistola 9 milímetros y un cargador que no tenía las municiones colocadas.

 

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