Allanamiento de Azul FM para conocer “origen” de sus audios genera cuestionamientos por "violación de libertad de prensa"

Un técnico fue quien les abrió la puerta. El timbre del piso 12 del edificio en Tacuarembó y 18 de Julio había sonado con insistencia, aunque la producción no esperaba a ningún invitado. 

Los periodistas Pablo Londinsky y Magdalena Correa estaban al aire este viernes en 12 PM, de radio Azul FM, cuando alguien del otro lado del vidrio se asomó con una expresión de extrañeza en su rostro.

“Son de Interpol y buscan a Nacho Álvarez”, advirtió el trabajador una vez de vuelta hacia el estudio. 

Vestidos de civil, una comitiva de cuatro policías de la unidad especializada, incluyendo a su jefe, Juan Rodríguez, se presentó con una orden de allanamiento pedida por la fiscal Mariana Alfaro y firmada por la jueza Patricia Rodríguez. El objetivo: dar con las grabaciones y dispositivos de La Pecera, el programa conducido por el periodista Ignacio Álvarez, que el martes 1° de febrero divulgó audios vinculados con la denuncia de violación grupal por la que este viernes fueron imputadas tres personas.

Lo que se inició como una investigación de oficio ordenada por el fiscal de Corte Juan Gómez, tras la difusión pública de audios íntimos sin consentimiento de las partes involucradas, escaló este viernes a una indagatoria judicial más profunda sobre la forma en la que el comunicador accedió a la información, y avivó un debate sobre la protección legal de los periodistas y sus fuentes.

Periodistas y abogados dijeron este viernes que el allanamiento y la orden de revisar celulares supone una "violación a la libertad de prensa" y a la Ley de Prensa (nº 16099), que en su artículo 1 establece que "los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.

Sobre la noche del viernes, y tras cuestionamientos públicos de varios periodistas al accionar judicial y policial, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) comunicó que se reunirá con el fiscal de Corte el lunes para "solicitar formalmente que se revea la medida".

El allanamiento

Los efectivos de Interpol estuvieron alrededor de una hora en las oficinas de Azul. Luego de mostrar la orden judicial, dijeron que tenían que llevarse “todo lo que tuviera que ver con el programa”. Preguntaron cuáles eran esas pertenencias y si había alguien de producción. Desde la radio se les dio acceso a la red interna, se les brindó una computadora para trabajar y extrajeron de allí todo lo que necesitaban. Un responsable de la radio fue con los funcionarios policiales hasta Interpol a darse por notificado y certificar conformidad con el proceso. Además, los abogados del Grupo Magnolio –dueños de Azul FM– llamaron a colaborar con las autoridades. 

La orden de allanamiento no solo se limitaba al domicilio laboral de Ignacio Álvarez, sino a su domicilio personal. Pero cuando los oficiales de Interpol llegaron a la casa de Malvín que tenían registrada, se les dijo que el comunicador no vivía más allí. Se lo llamó por teléfono y se le pidió que se presentara en sede de Interpol y entregara los dispositivos electrónicos que hubiera utilizado para la producción del programa. 

Álvarez expresó en su cuenta de Twitter que no lo hará y recurrirá la sentencia. El periodista calificó esa decisión judicial como “peligrosa” y dijo que atenta “contra la libertad de prensa y el derecho de todos ustedes a estar informados”.

El entramado judicial

“La difusión de contenido íntimo o sexual sin consentimiento de todas las partes es un delito”, comenzó diciendo a El Observador la fiscal Mariana Alfaro, que lidera la investigación. Los objetivos de las incautaciones –en las que insistió en no llamar “allanamiento”– eran ver si lo emitido al aire era el material completo y si desde el programa se lo cedieron a otra persona, acción que también configuraría un delito. 

Consultada sobre si buscaban saber quién se los había facilitado, la fiscal manifestó que “eventualmente sería un aspecto de investigarse de alguna otra forma”, aunque dentro de esta investigación. De todas formas, señaló que estas incautaciones podrían ser una forma de acceder a esa información.

La fiscal resaltó que “no es interés de esta investigación revelar fuentes ni dar cuenta de otra información que no concierna a esta investigación”. 

La orden judicial a la que accedió El Observador expone que los fines del “allanamiento” eran “obtener evidencias útiles para la investigación y verificar el origen y contenido cabal de las grabaciones reproducidas”. 

Aparte de solicitar el allanamiento e incautación de dispositivos electrónicos y de almacenamiento, la solicitud de la Fiscalía agregaba “el cambio de contraseñas de dispositivos, aplicaciones, redes” para que la investigación no se frustre de forma remota. 

Respecto de la difusión de los audios, la fiscal expuso en la orden que no quedó claro al aire si todos los hombres que participaban en el video habían prestado su consentimiento, pero que la mujer no lo había hecho. Y cita el pasaje en el que Álvarez relata que le escribió por Facebook y ella nunca le respondió. Esta investigación comenzó por la actuación de oficio del fiscal de Corte, Juan Gómez. Corresponde a Delitos Sexuales de 6° Turno, a cargo de Darviña Viera, que ahora subroga Alfaro.

El debate sobre libertad de prensa

La decisión judicial despertó cuestionamientos públicos de varios periodistas, y a la noche mereció un pronunciamientos de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que expresó "su gran preocupación por el pedido de allanamiento de un medio de comunicación realizado por la Fiscalía y autorizado por la Justicia en el marco de la investigación de un presunto delito". 

Según el comunicado, a APU “le preocupa el procedimiento utilizado para la obtención de pruebas en el marco de esta investigación de oficio ordenada por la Fiscalía, porque puede derivar –entre otras graves consecuencias– en la violación de un principio sagrado para el trabajo periodístico como lo es la reserva de las fuentes”.

Darío Klein, doctor en Periodismo, profesor de la Universidad Católica y corresponsal de CNN, escribió en Twitter que la acción de la Justicia sienta "un antecedente peligroso".

"Si quieren investigar a un periodista, deben citarlo a declarar. Allanar una radio y el domicilio de un periodista en busca de material que, además, ya salió al aire, es inútil o torpe. Y si lo que buscan son las fuentes, antidemocrático", afirmó. 

"Eso no quiere decir que los periodistas tengamos ningún tipo de inmunidad. Si cometemos un delito, nos sometemos a la Justicia como cualquier ciudadano. Pero la protección de las fuentes es la protección de la libertad de todos a estar informados", añadió Klein.

El abogado penalista Juan Fagúndez dijo a su vez que el allanamiento dictado por orden judicial "viola la ley buscando la prueba de forma ilícita". "No me refiero con delito a quien ejecuta la orden sino quien la emite. Este allanamiento busca saber la fuente que proveyó al periodista. No solo la ley protege a la fuente, sino que un periodista que entregue la fuente es defenestrado", argumentó el abogado.

Edison Lanza, ex relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y actual jerarca de la Intendencia de Canelones, dijo que "los periodistas no están por fuera de la ley, pero la libertad de prensa es un derecho constitucional". "Contiene protecciones específicas como la reserva de fuentes. Allanar medio e incautar dispositivos del periodista vulnera el derecho. Innecesario ante una situación pública".