La fiscal de Delitos Sexuales Judith Rodríguez pidió el sobreseimiento de los tres imputados en el caso de la presunta violación del Cordón porque existían "debilidades, ambivalencias y fisuras probatorias" que hacen que no se cuente con la "certeza que sobrepuje la duda razonable" de que los señalados son culpables de acuerdo al Código del Proceso Penal. Así consta en el registro de la audiencia judicial al que accedió El Observador.
La víctima estuvo representada por el director del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, Juan Raúl Williman, quien esgrimió tres razones para que la jueza Blanca Rieiro otorgue el reexamen del caso, que implica que otro fiscal vuelva a evaluar la evidencia colectada y manifieste si mantiene la posición de Rodríguez o cree que el caso puede continuar.
La primera razón, citando al Código del Proceso Penal, es que "la garantía debe oficiar como garantía". O sea, que la víctima tiene el derecho de solicitar el reexamen y en este caso pretende ejercerlo.
En segundo lugar, afirmó que no comparte la valoración de la prueba que realizó Rodríguez. Resaltó que la declaración de la víctima en sede judicial tuvo "una contundencia importante" y que la consulta a la emergencia médica que realizó la denunciante el 21 de enero de 2022 "no deja de ser importante". A su vez, citó la existencia de fotos tomadas a su cliente el día posterior a los hechos donde se notan las lesiones.
También está transcripta la llamada a un servicio de orientación a mujeres víctimas de violencia doméstica de Inmujeres del 23 de enero de 2022 donde se denunciaron los hechos. Además de pericias psicológicas de imputados y víctimas, así como una pericia psiquiátrica sobre ella en la que la profesional concluye que sufre de estrés postraumático y síntomas depresivos, entre otros.
Por último, argumentó que hay evidencia que no fue recolectada. Por ejemplo, no se pudieron recuperar fotos, videos y mensajes eliminados de celulares y dijo que "el Ministerio del Interior cuenta con el equipo necesario para recuperarlos". Sostuvo que falta la pericia al celular de uno de los imputados y falta tomarle la última declaración a la amiga de la víctima, que la acompañó en todo momento y estaba en la casa donde según la denunciante sufrió el abuso.
"Fiscalía y Unidad de Víctimas dicen que no se pueden comunicar con ella para obtener esa declaración, nosotros sí nos comunicamos, ella dice que no fue citada nuevamente a declarar", alegó Williman.
Sobre este último punto, Rodríguez indicó que había una razón para los dos reparos del abogado. Respecto del teléfono, aseguró que desde Policía Científica le dijeron que el teléfono no se había podido desbloquear. Sobre la testigo, recordó que había declarado en sede policial el 23 de enero de 2022 y en Fiscalía tres días después. Pese a que tenía intención de interrogarla otra vez, la mujer no vive en Montevideo y se realizaría por videollamada de WhatsApp. Ella dijo que "no tenía batería en ese momento, que no podía, dio una serie de evasivas por las que después no se volvió a comunicar y no se pudo obtener más información al respecto", complementó la fiscal.
El abogado insistió sobre el punto y dijo que el oficio de Científica recomienda que se vuelva a examinar el dispositivo para intentar extraer la información dado que había actualizaciones del sistema que quizás permitieran acceder al material. El dispositivo no se volvió a examinar. En lo que refiere a la testigo, informó que estaba en condiciones vulnerables y "no se va a tomar un ómnibus" para declarar a Montevideo.
"Por convenios internacionales se exige el investigar con la debida diligencia. Es parte de las obligaciones del Estado", insistió y pidió que la Fiscalía realice las coordinaciones de rigor para que la testigo concurra a declarar.
