La Intersocial Feminista denunció que Raúl Iglesias, nuevo fiscal de Delitos Sexuales de 4º Turno, archivó 300 casos en una semana, en un tuit el pasado jueves 19 de mayo. Debido a esta determinación y a la decisión de Iglesias de pedir el cambio de prisión preventiva a domiciliaria para los procesados por la violación grupal ocurrida en Cordón en enero de 2022, la agrupación pidió reunirse con el fiscal de Corte, Juan Gómez.
Iglesias dijo a El Observador que pidió el archivo de casos "muy viejos" que se cerraron por falta de evidencias.
Las denuncias archivadas en cuestión datan de entre el 2018 y el 2021, y en estas "no se colectó la evidencia suficiente" para llevar a los acusados a una formalización, y tampoco hay posibilidades de progresar, afirmó el fiscal. "Las víctimas no las ubicás, no hay testigos, no hay pruebas físicas, no hay nada", detalló Iglesias.
Por esto, el funcionario judicial indicó que "hay que depurar" este tipo de casos, debido al volumen que acumula cada fiscalía de Delitos Sexuales: "Después tenés 650 casos que tenés que chequear, y hay casos que tenés cerca de la formalización, y tenés que priorizar", expresó.
Además, aclaró que estos archivos son provisionales, ya que si otro fiscal en la materia entiende que se equivocó con la decisión, puede reabrir la investigación.
Según Iglesias, la decisión no busca "desalentar las denuncias" por delitos sexuales, sino que, por el contrario, "el mensaje es una crítica" que intenta llevar a que cuando se presente una denuncia se haga "todo de la mejor manera para que esto no suceda", y eso solo se puede lograr si en el sistema hay "un número razonable de casos por Fiscalía, si no, es inviable".
Iglesias ingresó a la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º Turno a mediados de mayo y tomó el caso de la violación grupal ocurrida en el barrio Cordón, el 23 de enero de este año, por la que fueron imputados tres personas con prisión preventiva por 180 días, dos por un delito de abuso sexual especialmente agravado, y otro por ese delito y otro de difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la víctima.
Apenas ingresó, el funcionario judicial pidió cambiar la medida preventiva de los procesados a una prisión domiciliaria. "Los peligros procesales han cesado y se puede optar por una medida menos aflictiva para los imputados, pero que garantice a la víctima y los riesgos procesales", dijo Iglesias en entrevista a Subrayado (canal 10) el 17 de mayo.
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