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Jutep señaló que Intendencia de Artigas contrató a tres empresas vinculadas a funcionarios

El organismo concluyó que Caram y dos funcionarios incumplieron las normas de probidad de la función pública; la intendencia acusa de "intencionalidad política"

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24 de enero de 2020 a las 05:02

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) concluyó en un dictamen divulgado este miércoles que el intendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, incurrió en varias irregularidades, vinculadas a licitaciones millonarias –por $146.196.756 (unos US$ 3,8 millones de dólares)– que se adjudicaron en los últimos años a tres empresas que, según constató el organismo, tienen vinculación con al menos dos funcionarios de la comuna. 

El dictamen de la Jutep concluye que tanto Caram como los otros dos funcionarios violaron los principios de probidad, legalidad y transparencia. El primero hace referencia a la conducta que debe seguir el funcionario público para "desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros en el desempeño de su función". La legalidad, en tanto, refiere al conocimiento y cumplimiento de la normativa, mientras que la transparencia supone divulgar toda la información vinculada a la función pública. 

Además de Caram, también aparecen como principales implicados su asesor, Emiliano Soravilla, y un contador del área de Proyectos, Omar Bicera. Mientras que este último es un técnico que ingresó en la anterior administración, Soravilla fue designado de forma directa por el intendente al asumir en 2015. 

Soravilla señaló a El Observador que hay una "intencionalidad política" detrás del informe de la Jutep.

Las tres empresas cuyos vínculos con la intendencia fueron investigados son Pedrera del Norte SRL, Prenorte SRL y la unipersonal Jiménez Felice Rodrigo, según el documento al que accedió El Observador. La primera registra adjudicaciones por $ 18.030.477, la segunda por $ 8.015.283 y la tercera por $ 120.150.995. Estas adjudicaciones tuvieron lugar entre julo de 2017 y enero de 2020. 

El organismo empezó investigando la relación entre el contador de Proyectos de la Intendencia de Artigas, Bicera, con una de las empresas, Pedrera del Norte SRL, ya que uno de los socios es hermano del jerarca. Los dueños de esa empresa son Martín Bicera y Rodrigo Jiménez. Este último, sin embargo, también es dueño de Prenorte SRL y Jiménez Felice Rodrigo, según la conclusión a la que llegó el organismo. 

La denuncia que desencadenó todo fue presentada en octubre de 2018 por el edil colorado Francisco Bandera, quien pidió a la Jutep investigar el vínculo entre Pedrera del Norte SRL y la intendencia. Ahora, con el dictamen de la Jutep, el edil promovió en la junta una sesión extraordinaria urgente para tratar el tema.

Bicera, como técnico de carrera, integraba la comisión de adjudicaciones de la intendencia, por lo que se investigó si este participó en la evaluación de procesos que incluyeran a la empresa de su hermano. 

Según respondió la intendencia, el contador "nunca quiso actuar en los tribunales de las licitaciones de la empresa en cuestión (Pedrera del Norte SRL)". Pero la Jutep aclaró que esa decisión personal del funcionario no se ajustó a la "normativa vigente en ese período que no deja esas situaciones a criterio de los implicados sino que exige la explicitación formal de los vínculos e implicancias existentes". Además, reclamó que la intendencia no hubiera aportado información sobre las licitaciones de las otras dos empresas (Prenorte SRL y Jiménez Felice Rodrigo), que si bien no son propiedad del hermano del funcionario sí lo son del socio. 

Además de la legalidad, transparencia y probidad, la Jutep determinó que este funcionario también incumplió la "obligación de efectuar la declaración jurada de implicancias". 

Mientras el organismo investigaba la denuncia inicial, encontró que Soravilla figura en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) como apoderado de dos de las empresas investigadas: Prenorte SRL y Jiménez Felice Rodrigo.

Jiménez, además de figurar como socio de Pedrera del Norte, figura como propietario de Prenorte SRL y Jiménez Felice Rodrigo. 

Soravilla explicó a El Observador que fue apoderado de forma "muy específica" en 2012 de esas empresas, ya que trabajaba como gestor –todavía no era escribano– y lo contrató una profesional para inscribir a estas empresas en el SIIF. "Nunca tuve contacto directo con la empresa, simplemente hice la gestión para que después pudiera funcionar", aseguró. 

"Después no hubo ningún documento, ni cheque, ni nada que haya usado en poder de la empresa. Es más, el poder que se me confirió era exclusivamente para ese acto, no podía hacer otro tipo de gestión", agregó. Consultado sobre por qué seguía apareciendo como apoderado en el SIIF –tal como concluye el informe de la Jutep–, Soravilla dijo desconocer el motivo. 

"Desconocía que se daba de baja (el poder en el SIIF). Ni siquiera conocía que eso quedaba registrado como apoderado. Como el poder era tan específico, en ese momento creí que se hacía la gestión y terminaba ahí mi vinculación posterior", aclaró. 

El asesor de Caram consideró que la Jutep "saca conclusiones apresuradas sin tener la totalidad de la información y la documentación", así como sin haber "dado vista" a la intendencia "para poder responder antes de que sea elaborado el informe". Sin embargo, en el dictamen las autoridades del organismo advierten que la intendencia no entregó parte de la información solicitada, por lo que debió recurrir a "fuentes públicas diversas" para continuar con la investigación. 

Además de esta información, la Jutep incluyó en su dictamen que Soravilla multiplicó por más de cuatro veces su sueldo: empezó cobrando casi $ 25 mil en setiembre de 2015 y actualmente cobra poco más de $ 98 mil. El asesor de Caram afirmó que ese aumento se debió a los cargos que ejerció a lo largo de estos años, ya que además de ser secretario político también fue designado de forma directa como director interino de varios departamentos de la comuna. 

Según concluyó la Jutep, "los cargos ocupados y la dependencia directa del intendente requerían sin dudas la adopción de medidas para transparentar la relación del escribano Soravilla con un grupo empresarial al que en cuatro años y medio se le adjudicaron obras por un importe superior a los ciento cuarenta y seis millones de pesos". 

El organismo también afirmó que debido a la "falta de respuesta" de Caram no fue posible determinar si Soravilla "declaró ser o haber sido apoderado" de ambas empresas. La Jutep pidió el 31 de octubre de 2019 información a la intendencia sobre los cargos ocupados por el secretario de Caram desde julio de 2015 a la fecha, así como fechas y forma de ingreso, tipo de vínculo con la intendencia en cada cargo y la retribución mensual. 

Consultado sobre la razón por la que no avisó a la Jutep de su vínculo empresarial, Soravilla dijo que no lo aclaró porque el organismo no le solicitó esa información. En el caso de Soravilla, la Jutep también concluyó que incumplió la "obligación de efectuar la declaración jurada de implicancias". 

La Jutep también encontró fundamentos para afirmar que la intendencia incurrió en otras irregularidades como fraccionamientos del gasto que eludieron los procedimientos legales, ampliación de licitaciones por un monto mayor al permitido, así como licitaciones que no debieron ser publicadas como abreviadas. 

El organismo comunicará la resolución del caso a la Junta Departamental de Artigas, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y la Fiscalía General de la Nación. 

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