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La calle que "destruye", acoso sexual y laboral: la historia de tres policías que precisaron apoyo psicológico
"¿Querés el arma o no querés el arma?", le preguntan en la Junta Médica Nacional de Aptitud a Victoria, una policía de Soriano, cada cuatro meses para evaluarla.
Victoria –nombre ficticio– lleva casi un año sin ejercer por estrés postraumático. Tuvo un intento de suicidio, toma medicaciones para la ansiedad y los ataques de pánico. Aun así le ofrecen el arma.
Según el sindicato, 19 policías se suicidaron en 2022, 16 en 2021, 4 en 2020 y 13 en 2019. Entre un "18% y 19%" de las certificaciones de policías "son por problemas psíquicos adquiridos en la función", dijo la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, a El Observador. Según Rodríguez, la persecución laboral y el acoso sexual son los principales problemas que afectan la salud mental de policías.
Victoria se conecta por Zoom para comunicarse con la Junta Médica, como cualquier otro policía del interior en su situación. Según contó, los dos o tres médicos que la atienden no se presentan, no le preguntan cómo está, ni cómo se siente. Dice que solo buscan hacerla sentir culpable para que vuelva a trabajar. "Todos los policías que van a la Junta, salen peor", asegura.
"¿Lleva un año haciendo duelo?", le pregunta una de las médicas. El año anterior murió la madre de Victoria, pero si bien la muerte la afectó emocionalmente, no es esa la razón por la que está certificada.
El problema empezó cuando ella y otros policías denunciaron a su jefe, un comisario, en 2016 por "irregularidades en la comisaría". Pero según contó la policía a El Observador, el jerarca tenía vínculos en Asuntos Internos y accedía a las declaraciones de sus subalternos.
Así comenzó una persecución laboral que nunca terminó. El comisario comenzó a hacerle "la vida a cuadritos" y a llamarlos "traidores". Además, el jefe hacía comidas con políticos en el fondo de la comisaría, se emborrachaba, maltrataba a sus subalternos y hasta llegó a vomitarle en los pies a Victoria.
La resolución de la investigación se fue dilatando hasta que, en 2018, les comunicaron a los denunciantes que se habían vencido los plazos legales –si bien cinco abogados que fueron teniendo el caso en Asuntos Internos pidieron el cese del comisario–. Por esto último, Victoria lleva adelante un juicio de varios años contra el Ministerio del Interior por "daños y perjuicios".
En la Policía hay un código tácito de no denunciar a los superiores. "Se corrió la bola de que nosotros éramos rebeldes", cuenta. El comisario incluso fue ascendido a jefe de zona y ella se volvió representante sindical. La situación le provocó, según contó, "estrés emocional, psíquico, pérdida de peso, de pelo, problemas familiares y sanciones económicas".
Empezó a hacer terapia en un sanatorio privado en 2016 cuando denunció al comisario. Fue a psicólogo y psiquiatra, pero pedía que no le dieran certificados, porque no los iba a presentar. Durante los años de persecución, muchos compañeros suyos pidieron el traslado, se dieron de baja o se jubilaron. Ella aguantó hasta que no pudo más.
Hace un año presentó el certificado con el diagnóstico "estrés postraumático agudo relacionado al ámbito laboral" y concurre a las Juntas Médica del Hospital Policial. El objetivo de esta junta es evaluar al funcionario para reintegrarlo o enviarlo al Seguro Transitorio por Incapacidad Parcial (STIP). Tras un año certificada, Victoria lleva un mes en el STIP; su seguro dice que la situación no tiene "nexo causal con la función"
Además, las sesiones de Zoom implican que –obligatoriamente– se traslade a una policlínica que queda al lado de la comisaría donde trabaja. Su psiquiatra mandó un informe a la jefatura de Soriano para que su paciente no fuera evaluada allí, pero hicieron "caso omiso". Cada vez que va, vomita. Le vienen ataques de ansiedad y de pánico.
Depresión y desconfianza de sanidad policial
Pablo tiene un certificado médico en su mano y lo rompe. Varias veces repitió la misma acción, hasta que vio que "no podía más".
Estuvo alrededor de un año certificado y desde setiembre se encuentra en el STIP por depresión. Varios factores llevaron a ese desenlace: la muerte de su madre y de su su tía, una separación, su situación económica y todo lo que vive un policía de calle.
"Estás permanentemente en terreno hostil. El riesgo de la función... Vaya y pase. Pero a veces me pregunto: esos policías que tienen que ir a un lugar donde el papá mató a los hijos y se suicidó... O vas a un lugar y ves que hubo un femicidio, ves a los niños llorando porque está la mamá muerta. O vas a un accidente y ves gente deshecha, que te está pidiendo a gritos ayuda y la ambulancia que te demora... ¿Eso quién te lo saca de adentro?", se pregunta el policía de San José.
Después de trabajar en una situación así, "tu turno sigue". No hay contención o seguimiento. "Por una cuestión de confidencialidad tú no podés hablar de lo que vivís. A veces ni siquiera en tu casa lo decís", cuenta Pablo –cuyo nombre, al igual que el de Victoria, es ficticio–.
Además, señala la poca preparación que tienen los policías. "¿Te parece que un agente en cuatro meses puede salir profesional de la Escuela (Policial)? La escuela te la da la calle, pero a veces la calle también te hace pedazos", asegura.
A lo primero que pudo acceder fue a terapia en el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID). La atención fue buena, pero después de tres meses le dijeron a Pablo que si quería seguir recibiendo asistencia, debía pasar a Sanidad Policial. "Lamentablemente a los psicólogos de Sanidad Policial no le tenemos confianza", afirma Pablo. Teme que se hagan informes a partir de lo que diga en sesión. Pero consultado sobre por qué duda tanto de Sanidad Policial, se limita a responder: "Porque está dentro del sistema y uno al sistema le tiene desconfianza".
En abril lo vio la Junta Médica. "Como que te presionan para que vuelvas a laburar. Sos simplemente un número de expediente", asegura. Coincide en otro punto con Victoria. Asegura que en los certificados psiquiátricos, aunque el policía se haya "enfermado" en el trabajo, "te ponen que no hay un nexo causal con la función".
Tras ser certificado, "la preocupación es doble: recuperarte y sobrevivir". En el STIP el policía recibe el 65% de su salario (y puede ser menos con la nueva reforma de seguridad social). Un policía certificado no pierde tantos ingresos, pero sí uno muy importante al perder el arma: el 222, que supone un ingreso de entre $10 mil y $15 mil.
Mientras se recupera, Pablo hace "changas": trabaja en construcción, limpia algún fondo, pinta.
Acoso sexual, complicidad y escupitajos
"Él quería otra cosa, que no la consiguió, y así empezó a degradarme", cuenta Jimena. El superior de su turno le hacía comentarios sugerentes mientras comía, la trataba de "inútil", le decía que "las mujeres no sirven para nada". Hacía que viajaran juntos en moto para que ella lo agarrara de la cintura y frenaba de golpe; aprovechaba que era invierno para que le costara volver sola.
Jimena –también un nombre ficticio– tenía en paralelo un trabajo como enfermera. Para ello debía salir a una hora específica. Lo acordó con la encargada de la seccional. Pero el superior del turno mandaba a los otros policías a la calle, para dejarla sola en la seccional. De esa manera, no podía irse a tiempo. Perdió su trabajo como enfermera. Jimena se lo planteó a la encargada, pero ella también participaba de las burlas y maltratos.
Más allá de todo, hubo una gota que colmó el vaso. Un día, Jimena estaba trabajando en la radio de la comisaría. El hombre se acercó y "le pasó la mano". "Lo aparté y ese fue el día que me retiré de la comisaría", cuenta a El Observador.
Se descompuso y fue al médico. La certificaron por "estrés". Explicó lo que había pasado a una psicóloga de Sanidad Policial y ella la derivó a la Comisión de Acoso. Le dijo que tenía que denunciar, que "esto no podía seguir pasando". Jimena presentó pruebas, contó lo que pasaba y se comprobó la actitud de su compañero. Él fue sumariado con separación de cargo y medio sueldo por seis meses. Después volvió a trabajar, aunque en otra seccional. La encargada de la seccional fue sumariada, pero "sin medida".
La investigación se llevó adelante en Montevideo, pero luego se hizo otra en el departamento de la denunciante. Y, una vez más, tuvo que contar su historia y presentar pruebas. Además, según Jimena, la abogada de la jefatura estaba del lado de los denunciados.
A Jimena la trasladaron a otra seccional, se adaptó, pero luego la volvieron a cambiar. La enviaron a a trabajar a un lugar en el que también cumplía tareas un allegado del denunciado. Iba a tener que volver a su antigua comisaría para firmar papeles. Jimena se quejó con la comisión y le respondieron que ellos la protegían solo "por 180 días".
Finalmente la devolvieron a la misma seccional donde la habían trasladado en una primera instancia. Pero, según cuenta, allí siguió sufriendo maltratos. Uno de los comisarios que tuvo no le dirigía la palabra porque era amigo de la superior cómplice de los acosos. Ese comisario se retiró, pero hasta el día de hoy Jimena tiene un oficial que no la mira, ni le habla, porque la tiene como "la que denuncia".
Otro policía, que tenía que ir a marcar la huella digital en esa seccional, iba y le "tiraba indirectas". Ella siempre bajaba la cara. En una ocasión, se descuidó, pasó por su lado y el hombre la escupió en la cara. Lo denunció, pero nunca lo pudo comprobar. También, le "rayaron todo el auto frente a la seccional".
Su esposo, al igual que ella policía, está certificado por "estrés". Lo afectó ver su sufrimiento y los comentarios que sus propios compañeros le hacían desu esposa.
Jimena envió cartas a la secretaría del ministro del Interior, a una unidad de violencia de género, a Cavid. Contó todo lo que pasó. "Nadie me dio una respuesta hasta el día de hoy", asegura.
El Observador intentó tener la versión del Ministerio del Interior sobre las historias de estos policías y la atención psicológica de los funcionarios, pero al cabo de esta nota no obtuvo respuesta.
