La coalición sobrevivió a la reforma jubilatoria y baja tensiones antes de discutir varias leyes “importantes”

La aprobación fue el resultado de un largo y trabajoso proceso de negociaciones que puso a prueba la elasticidad del oficialismo y obligó al presidente a ceder en un momento clave en el que las líneas rojas estuvieron a punto de cruzarse.

Ese extremo, que provocó críticas cruzadas entre todos los socios, dejó algunas heridas que prontamente deberán cerrar para que la coalición pueda cruzar junta las cumbres que ya se avizoran.

“La coalición supo sortear un tema que tuvo sus tensiones”, reconoció el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, mientras que el presidente se refugió en la máxima de que la “política es el arte de lo posible” para explicar las razones por las que terminó aceptando las condiciones exigidas por Guido Manini Ríos.

Esa intransigencia, según reconstruyó El Observador con fuentes de la coalición, irritó a Lacalle Pou y provocó que el mandatario llegara a decir a los suyos que estaba pensando en pedirle a Cabildo Abierto que abandonara los cargos en el Poder Ejecutivo.

Pero, como se sabe, la sangre no llegó al río, y el comentario solo ilustra la temperatura a la que llegaron las conversaciones esos días de Semana de Turismo en los que el presidente estaba descansando en la residencia de Anchorena. 

Aunque le significara “perder 2 a 0” –como graficó uno de los líderes del oficialismo sin precisar si las palabras le pertenecían al presidente– el mandatario prefirió echarle más “agua a la leche” tras valorar que estaban en un punto de no retorno y esas modificaciones no alteraban el “espíritu” de la reforma.

Los dos chorros de agua exigidos por Cabildo Abierto fueron la baja de 25 a 20 de la cantidad de años para calcular el sueldo básico jubilatorio y el desglose del capítulo de inversiones que pueden realizar las AFAP’s en el exterior.

A estos, se sumaron otros tres impuestos por el Partido Colorado: la posibilidad de jubilarse a los 63 años con 38 de aportes; una mayor gradualidad en la suba de la edad de retiro para las primeras generaciones afectadas, y una reducción mayor del IASS que comenzará a regir el año que viene.

La última proyección de Rodolfo Saldain incluye estos cinco cambios y muestra que en 2050 el Estado destinará 9,8% del PBI en jubilaciones (el proyecto aprobado por el Senado en diciembre del año pasado lo bajaba a 9,68%). Sin reforma serían 11,3%.

La diferencia máxima se observa en 2100, año para el que sin modificaciones el Estado debería destinar 13,39% de su PBI mientras que ahora será 10,03% (con el texto del Senado eran 9,71%). Es decir, las modificaciones realizadas entre una cámara y otra significarán un gasto 0,33% mayor para ese momento y el “efecto reforma” se traducirá en 3,36% menos de erogaciones.

El futuro de la coalición

La reforma no había terminado de ser discutida cuando Manini Ríos reiteró al oficialismo que Cabildo Abierto está esperando una contrapropuesta del Ministerio de Economía sobre su proyecto de deudores y que –si no llega antes que termine mayo– está dispuesto a avanzar junto al Frente Amplio.

No se trató solo de un comentario al pasar, sino que –a su entender– configura un estado de situación acerca de lo que vivirá la coalición en los próximos meses, cuando deba resolver sobre varios proyectos definidos como “muy importantes” por los cabildantes.

A esa iniciativa, ubicada en el primer lugar, se suma el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 70 años y la nueva ley de medios, trancada desde el comienzo de la administración. 

A su vez, el Senado deberá discutir la eutanasia, el proyecto que promueve el diputado de Ciudadanos, Ope Pasquet, y que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes.

Fuentes cabildantes dijeron que –a diferencia de lo que podía pensarse a priori– la intensidad no cambiará y la coalición continuará siendo puesta a prueba, algo que se incrementará con los perfilismos una vez que la campaña se acerque.

En el gobierno, en tanto, evalúan que aprobar la reforma jubilatoria supuso los mayores esfuerzos para seguir adelante juntos por lo que descartan problemas para el final de la administración y señalan que el próximo mojón será la Rendición de Cuentas.

Este proyecto, que tiene que entrar al Parlamento antes que comience julio, será el último con posibilidad de incremento del gasto, lo que provocará una larga lista de pedidos desde los ministerios.

Presidencia ya estableció aumentos por US$ 337 millones que comenzarán a regir en 2024 en la rendición aprobada el año pasado pero el mandatario anunció que habrá incrementos para “salud mental y adicciones”. 

“Ya era importante, pero se agravó después de la pandemia. Creo que la proa de este gobierno rumbo a esta Rendición de Cuentas tiene que estar puesta en salud mental y adicciones, que es el gran desafío que tenemos por delante", declaró en marzo en un almuerzo organizado por ADM.

La idea de seguir “abriendo la canilla” no es compartida, entre otros, por el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, que es partidario de enviar –como hizo en su segundo gobierno– un proyecto de un solo artículo con “gasto cero” debido a la situación actual.

Si bien esta semana la calificadora de riesgo S&P subió la nota de grado inversor de Uruguay destacando el manejo fiscal del gobierno, y que la reforma de la seguridad social "debería contribuir" a estabilizar las finanzas públicas en los próximos años, los analistas son cautelosos con lo que pueda ocurrir en el corto plazo. 

En diversas publicaciones, técnicos independientes han cuestionando que los incrementos de gasto y la pérdida de recaudación por la rebaja del IRPF y el IASS, que será profundizado en la Rendición de Cuentas, se produzcan en momentos en que los efectos de la sequía son difíciles de calcular y la economía se desaceleró.

Las últimas proyecciones presentadas por el Poder Ejecutivo apuntan a que la actividad crecerá 2% este año. La cifra está un punto porcentual por debajo de lo estipulado en la última Rendición de Cuentas y está sujeta a la incertidumbre que genera el impacto de la falta de lluvias en el sector agropecuario.