Mundo > Dentro de la olla de presión
La "concentración de apellidos" y la incidencia de las redes familiares en la vida chilena
Eileen Hudson
Especial para El Observador
El estallido social chileno empezó la semana del pasado 14 de octubre, cuando “turbas de jóvenes”, que es la palabra que utilizan en Chile para referirse a una multitud de personas que genera caos o confusión, se abalanzaron en las estaciones del metro en Santiago y Valparaíso, saltaron los torniquetes gritando “Evadir, no pagar, otra forma de luchar”. Protestaban por el aumento del boleto, que una semana antes había subido 30 pesos chilenos, equivalentes a US$ 0,03, lo que implicaba pagar US$ 0,88 por viaje.
De lunes a jueves al menos tres millones de personas se quedaron sin locomoción y se vieron obligadas a caminar cinco, seis o siete horas para llegar a su trabajo o volver a sus casas. Algunos tuvieron la suerte de subirse a vehículos particulares que por iniciativa propia pegaron en sus parabrisas un papel con el hashtag #YoTeLlevo. Fue su forma de solidarizarse con ambas partes, los jóvenes y los usuarios del metro.
El viernes 18 de octubre el escenario recrudeció y hubo que cerrar todas las líneas. Las protestas habían derivado en la quema de las estaciones de metro, saqueos a bancos, cadenas de farmacias y supermercados y grandes tiendas. Fue el origen del estallido social más importante de la historia chilena, que ya no lideraba un grupo de estudiantes de liceo sino encapuchados entrenados para destruir, delincuentes que vieron una oportunidad y personas que robaron lo que necesitaban para comer.
Esto derivó en enfrentamientos entre civiles y la policía, quien con carros lanza aguas, conocidos como guanacos, y lanza gases, los zorrillos, dispersaron multitudes que se reagrupaban en otras zonas o se protegían en barricadas. Desde entonces han muerto 25 personas y se contabilizan más de 6.000 heridos entre los que se incluyen los 200 que recibieron perdigones en los ojos y las mujeres policía que fueron blanco de bombas molotov y se convirtieron en antorchas humanas. Durante tres días hubo tanquetas militares a la calle y toque de queda en la noche. Las marchas continuaron, fueron multitudinarias, muchas pacíficas.
El gobierno realizó un cambio de gabinete y la aprobación presidencial llegó a su mínimo histórico, 4,6% según la encuesta de Pulso Ciudadano publicada el lunes 2. Las repercusiones económicas en las pequeñas y medianas empresas y en los trabajadores independientes han sido gigantes. Treinta días sin trabajar, sin facturas, sin generar ingresos. A mediados de noviembre el gobierno lanzó un programa de apoyo –Arriba tu pyme– que fue bien recibido. Aun así han empezado los despidos masivos y los economistas prevén un desempleo de dos cifras.
¿Y todo esto por un aumento de US$ 0,03 en el pasaje de metro? No, claro que no. Las protestas lo aclararon con la consigna “No son 30 pesos, son 30 años” de inequidad social mantenida por un sistema político, económico y social injusto. El 24 de octubre, en conferencia de prensa, el presidente Piñera pidió perdón a la clase media chilena y a los más pobres en nombre de la clase política por no haber sabido reconocer estas situaciones y prometió una agenda social corta urgente.
Si bien existen otras variables que provocaron esta crisis que todavía no termina, es interesante analizar el origen y el desarrollo de una forma de vida y de gestión de lo público que ha fracasado en el intento de construir una sociedad cohesionada y que hizo de Chile una olla a presión.
Según el Banco Mundial (BM), Chile ha mantenido un crecimiento económico del 5% real promedio en su producto interno bruto desde el retorno a la democracia en 1990 hasta la actualidad, y por eso ha sido reconocido como una de las economías más robustas de América Latina. Sin embargo, la desigualdad en el ingreso es similar a la que tienen los países del sur de África, con un coeficiente de Gini de 0,46 (2017), lo que lo sitúa como el país más desigual de los 36 que integran la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es decir, algo de razón tenían los estudiantes.
Peor aún, según los últimos datos del Servicio de Impuestos Internos de Chile, el coeficiente Gini es ahora de 0,67 y si la inestabilidad continúa, el país retrocedería 30 años y aumentaría la desigualdad, advirtió en estos días Mario Marcel, director del Banco Central.
¿Y cómo se explica que reducir esta inconsistencia no haya sido el objetivo central del sector dirigente en estos 30 años?
Las razones deben ser múltiples y seguramente muy complejas. Hay una, sin embargo, que los chilenos casi no mencionan, pero que es notoria para los que no hemos crecido aquí. Chile es un país clasista. Pero de esto no se habla, aunque ahora sí se canta, tal como ocurrió en la marcha del viernes 25 de octubre cuando 1 millón de personas bailó El baile de los que sobran, un hit de Los Prisioneros que se estrenó en 1986 y que, por lo visto, sigue vigente.
Es clasista porque en 2019 los chilenos tienen muy claro cómo se determina el nivel socioeconómico de un grupo de personas, cómo se ubican ellos en esa clasificación y qué es lo que eso conlleva. Además, es endogámico, funciona como las castas, sobre todo en los niveles medio altos, quienes están dispuestos a endeudarse lo que sea necesario para que el sistema no los expulse y sus hijos conozcan a las personas adecuadas en los lugares correctos, que puede ser el barrio, el colegio o el lugar donde pasan las vacaciones, y repitan el ciclo.
Dos estudios recientes lo corroboran, el del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD, 2017) que se titula Desiguales, y otro realizado por un estudiante de doctorado de la Universidad de Cambridge, quien investigó la incidencia de las redes familiares en la élite política chilena (1600-2018). Ambos concluyen que en Chile existe “concentración de apellidos” – un indicador estadístico que solo he conocido aquí– en las profesiones de mayor prestigio y mejor pagadas y también en el Congreso Nacional.
Los investigadores del PNUD trabajaron con una base de 8 millones de datos. Calcularon la frecuencia de los apellidos que tienen mayor representación porcentual en la medicina, la abogacía y la ingeniería, las profesiones más prestigiosas y mejor remuneradas. Obtuvieron una lista de los apellidos que logran una frecuencia significativa y son 50.
La mayoría pertenecen a la aristocracia chilena, que son descendientes de castellanos y vascos, y también los de la segunda ola de inmigrantes, ingleses, alemanes, franceses e italianos, que no son aristocráticos pero que triunfaron en el mundo de los negocios. Son los Matte, Larraín, Délano, Zegers, Soffia, Risopatrón, Vial, Edwards, Errázuriz, Ariztía, Tagle, Solari, Walker, Undurraga, Irarrázaval y otros 35.
Ninguno de esos, sin embargo, está entre los tres apellidos más comunes en Chile según el Registro Civil. Los más numerosos son los González (411.000 personas), luego vienen los Muñoz (322.902) y en tercer lugar los Rojas (230.741) y solo hay 4.300 Larraínes, es decir casi 1 Larraín por cada 100 González. Aunque en la historia democrática de Chile han sido parlamentarios 107 Larraínes y 110 González, y eso que los González son muchos.
El presidente Sebastián Piñera inauguró su segundo gobierno el 11 de marzo de 2018 y dos de sus 23 ministros se apellidaban Larraín, ambos descendientes del mismo paisano navarro vasco que llegó a Chile en 1685. Otros cinco ministros deben de ser primos cercanos o lejanos, porque también son Larraín, aunque hoy el apellido les quede un poco más lejos. Lo insólito es que lo mismo le ocurre a Piñera, aunque él es décima generación.
