Las últimas crisis en América Latina y el Caribe: no son lo mismo, pero son iguales

América Latina da la razón, una vez más, a Sidney Tarrow en que hay ciclos de acción colectiva, es decir, una especie de efecto contagio entre los países y sus períodos de conflictividad. Pero, y esto lo hemos debatido en el Instituto de Iberoamérica, aunque las crisis muestran similitudes estructurales, también hay diferencias que permitirían clasificarlas en al menos tres: crónicas, tendencialmente políticas y tendencialmente económicas.

Vamos con las similitudes. Los militares son, una vez más, protagonistas, árbitros y el peso que inclina la balanza. Dan soporte estructural al gobierno de Venezuela – con un rol similar en Nicaragua-, evitaron que Moreno fuese el cuarto presidente electo del Ecuador contemporáneo que no termina su mandato, mientras que en Bolivia “sugirieron” renunciar al presidente. Esta última actuación ha generado un debate sobre la naturaleza de los golpes de estado en el siglo XXI centrado en que: 1) no hubo golpe al no haber acción violenta contra el presidente -como si la sola amenaza no lo fuera- y 2) las irregularidades electorales o la misma candidatura de Morales, fruto de la venia de una Corte Constitucional de dudosa independencia, son precedente y justificación.

Los niveles brutales de represión y muertos, además del dolor de personas y familias, son una pésima noticia para la democracia, no solo por el estigma sobre los gobiernos, sino como indicio de que la capacidad de las instituciones y de los actores para gestionar los conflictos es deficiente o ha sido superada. Además, la violencia no es solo del Estado, también hay grupos de manifestantes que la usan de forma premeditada y organizada.

Son crisis que tienden a convertirse en partidas del ajedrez geopolítico internacional. En Venezuela están presentes todos los “grandes maestros” y, en casos como el de Bolivia o Chile, los apoyos internacionales a los bandos se han dado por afinidad ideológica, más allá de los hechos. En el primer caso, hay que recordar la determinante actuación de la OEA. Y en los otros, la vuelta de un clásico: el Fondo Monetario Internacional, catalizador de la ira de las protestas ecuatorianas o culpable de la situación económica argentina para algunos.

Como siempre, para explicar lo que pasa en la región, hay que mirar la desigualdad estructural como variable explicativa, sin olvidar que no se trata de un fenómeno limitado a la abismal diferencia entre los más ricos y los más pobres, sino de una diferenciación estructural en las que también están factores sociales, étnicos, regionales, de clase y estatus, que traza una frontera entre grupos cuyo enfrentamiento se refleja, en lo político, en extrema polarización.

Dentro de las diferencias, casos de crisis crónicas son Venezuela y Nicaragua. Ambos países tienen gobiernos de tendencia autoritaria bastante consolidados en el poder, en los que ha habido episodios de represión de demandas sociales y cuya población busca permanentemente la acción colectiva a través de mecanismos de voz, salida o lealtad. Son crisis multicausales que pueden agravarse por problemas económicos o humanitarios. También se podría incluir aquí el particular caso de la crisis estructural de Haití, con la diferencia de que no cuenta con un gobierno fuerte que controle del aparato del Estado.

AFP

Son crisis tendencialmente políticas los casos de Bolivia y Perú, en los que se ha dado una estructura de oportunidad que ha permitido aflorar el descontento de la población y/o actores políticos a partir de situaciones de polarización y conflictos sociales o institucionales no resueltos. En el primer caso, se ha sumado el orden social y político que dio forma a un Estado cruzado por una “frontera étnica” que el gobierno del MAS no pudo reducir. Por el contrario, fue potenciada de forma latente por la reacción conservadora a sus medidas de inclusión y visibilidad multicultural. En este escenario la democracia no ha funcionado, pues no se ha impuesto la idea de igualdad ciudadana (base del régimen y del Estado de Derecho) ni el respeto a las normas sobre distribución del poder. Los múltiples intentos del gobierno de Morales por reelegirse o el proceso para que “Dios vuelva al Palacio” son la mayor evidencia. Perú es un país atípico en el que las crisis políticas no generan extrema conflictividad social, quizá por la falta de actores o partidos que movilicen. Resulta sorprendente que la salida de PPK y la disolución del Congreso por Vizcarra no hayan tenido repercusión social o económica.

Son casos de crisis tendencialmente económica Chile y Ecuador. Del primero mucho se ha dicho mucho ya de la desigualdad económica y de un modelo que confía en un mercado poco regulado, que no permite a las familias satisfacer sus necesidades. Mientras, en Ecuador estamos más bien ante un Estado quebrado en el que el sector público ya no puede tirar de la economía, con el agravante de un sector privado poco dinámico. El periodo anterior representó la mayor bonanza de la historia, lo que dejó una estructura de gasto insostenible a cuyos intentos de ajuste reaccionó la sociedad. En los dos casos una condenable represión fue la primera respuesta a las demandas sociales; pero, a diferencia de Ecuador, que tiene actores políticos y un gobierno débil poco operativo, Chile ha sacado a relucir esa fortaleza institucional, que en su momento fue tan poco permeable a las demandas sociales, a través de una convocatoria por parte del gobierno y los partidos a un proceso que haga replantearse el modelo económico, político y social heredado de la dictadura.

*Director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Profesor de Ciencia Política con especialidad en política comparada de América Latina. Doctor y Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.

www.latinoamerica21.com, un proyecto plural que difunde diferentes visiones sobre América Latina.

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