La cooperativa autogestionada que asegura ser viable dice no tener apoyo político

La cooperativa -que de dedica a la fabricación de transformadores eléctricos- fue creada en 2002, en plena crisis económica, con trabajadores de la empresa Mak SA, que había bajado la cortina. En su pico de actividad llegó a contar con más de 90 cooperativistas, actualmente apenas lo hacen 17, pero aseguran que pueden rápidamente duplicar su plantilla si sus acreedores le dan cierto "aire financiero" para consolidar su producción.

Su principal aliado es UTE, un viejo cliente al cual le vende el 90% de la producción. De hecho, tiene un pedido entregado al ente por por US$ 630 mil, pero por el cual no activa su cobro porque el BROU le retiene esos fondos.

La cooperativa tiene un pasivo total por US$ 6,8 millones que están distribuidos de la siguiente manera: US$ 2,2 millones con el BROU, US$ 1,8 millones con el Bandes, otros US$ 1,5 millones con el Fondes y US$ 800 mil con UTE.

Resurgimiento

Hace prácticamente un año atrás, Urutransfor estuvo a punto del knockout. Su producción estaba detenida, tenía insumos retenidos en el puerto a la espera de ser despachados por unos US$ 500 mil, en su caja apenas había unos US$ 1.000 y tenía tres personas en su plantilla. Sin acceso a líneas de financiamiento, la empresa logró encauzar su operativa para mantenerse a flote. En mayo del año pasado, la cooperativa decidió vincular a un equipo externo de seis personas para que liderara ese proceso. Uno de sus integrantes,Jorge Couselo, explicó a El Observador que la firma pudo sostenerse gracias a la inyección de capital que aportaron inversores privados “que creen en la viabilidad” de Urutransfor.

Con su operativa de cobro paralizada a través del BROU, la cooperativa se hace de ingresos extra menores con tareas de mantenimiento y reparaciones particulares que realizaron sus integrantes. Con ello, se obtienen recursos mínimos para pagar los 17 sueldos y cumplir con el pago de servicios de su operativa. Asimismo, hace algunas semanas la empresa pagó amortizaciones de intereses con el BROU por unos US$ 30 mil, para dar una “señal” y mostrar su disposición a cumplir con sus deudas.

Couselo admite que la relación con sus tres principales acreedores (BROU, Fondes y el Bandes) “es compleja” y no encuentra una explicación a por qué sus acreedores no le dan cierta flexibilización para que la empresa pueda terminar de consolidarse. De hecho, tiene mercadería en stock por unos US$ 700 mil.

El gestor recuerda que Urutransfor siguió a rajatabla las recomendaciones que el propio gobierno les planteó cuando su continuidad estaba en duda y que implicaba que la empresa obtuviera los recursos necesarios y por su cuenta para volver a la actividad.

Couselo precisó que no todos dentro del Poder Ejecutivo y el sistema político le ha dado la espalda a la empresa. La actitud de UTE -como su principal cliente- ha sido un puntual en esta nueva etapa de la cooperativa de los últimos 11 meses.

El gestor considera que “no es claro el argumento político” por el cual el Ejecutivo no accede a apuntar el desarrollo de esta cooperativa autogestionada. “No estamos reclamando un apoyo como el de Caputto, solo queremos que se nos otorgue un plazo razonable para poder pagar a nuestros acreedores”, aseguró. De todas formas, la propuesta de repago de la empresa implica un “congelamiento” de su pasivo.

Según Urutransfor, sus licitaciones por transformadores rondan los US$ 8 millones anuales, de lo cual estima será capaz de captar unos US$ 4 millones durante los próximos dos años. Ello le permitiría cancelar en tres años su pasivo con UTE. En tanto, con BROU plantea abonar con el 7% de su facturación durante los 3 años primeros años, el 6% para el Bandes y 2% con el Fondes. Entre el año 3 y 5 plantea elevar el porcentaje de retención con el BROU al 10% y 8% con el Bandes (con lo que se cancelaría esa deuda), y dejar sin cambios el Fondes en 2%. Finalmente, a partir del 6 año sugiere dejar el 20% de su facturación para abonar su deuda con el Fondes. Urutransfor sostiene que este último terminaría de cobrar en un plazo de 1 año y medio si se cumplen sus supuestos de ingresos.

Para que esta operación de pago pueda llevarse a cabo, UTE debería ceder las órdenes de compra a favor de la cooperativa, que hoy tiene el BROU. También pide que se dejen sin efecto todas las garantías personales otorgadas a favor del BROU, Fondes y Bandes.

El Observador intentó comunicarse con autoridades del BROU y el Fondes para conocer su visión sobre este planteo, pero no fue posible ubicarlas.

Adentro con Venezuela

Urutransfor fue otra de las empresas uruguayas que quedó adentro con los negocios de exportación a Venezuela. El gobierno de ese país le adeuda US$ 2,4 millones. En su momento, la cooperativa tuvo la visita en su planta de la calle Burgues en Montevideo de los últimos dos presidentes venezolanos, primero Hugo Chávez y luego el propio Nicolás Maduro.

La cooperativa realizó ventas a Venezuela en el marco del Fondo Bolívar Artigas firmado por ambos países en 2005 por Tabaré Vázquez,  y ratificado luego por José Mujica y Maduro en 2014, y en 2015 por Vázquez y Maduro. Dentro de ese marco, se firmaron contratos de ventas con actores privados y públicos con el propio Estado venezolano.

En setiembre de 2016, un grupo de seis empresas (incluida Urutransfor) envió una nota dirigida a Presidencia de la República y el Ministerio de Industria denunciando el retraso en pagos por un acumulado de US$ 30 millones.

La nota recuerda que en 2015 se acordó la creación de un fideicomiso entre ambos gobiernos por la cancelación de la deuda con Ancap con Pdvsa -que tenía dentro de sus objetivos pagar las deudas con exportadores-, sin embargo, solo se transfirieron unos US$ 50 millones, que fueron utilizados para abonar parcialmente las deudas con el sector lácteo.

“Consideramos que no se ha actuado con la necesaria equidad con todas las empresas afectadas, ya que se priorizó cancelar los créditos a los sectores que concitaron la atención de la prensa y de la población”, cuestionaba esa misiva.

Couselo acaba de tramitar un pedido bajo la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer las actuaciones realizadas por el Ministerio de Industria, tras la nota que ese grupo de empresas presentó ante esa cartera y Presidencia en 2016.