La energía eólica desplaza a los indígenas de la etnia Wayú en el noroeste colombiano

En 2016, los representantes de las dos compañías pidieron a la familia Jusayú autorizaciones para construir un parque eólico y la vía para acceder a otro en el marco de un ambicioso plan reimpulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para instalar 55 parques eólicos con una capacidad de generación de 6.862 megavatios y avanzar en su promesa de renovar la matriz energética del país, fuertemente dependiente del petróleo.

La negativa de los Jusayú, hasta no hace mucho tiempo ganaderos de una zona rural del departamento de La Guajira, desató una campaña de hostigamiento que dejó un muerto, varios heridos y 34 desplazados, denuncia Elba. “Pese al miedo, el anhelo por regresar a nuestra comunidad pudo más”, explica la mujer. Al igual que otros integrantes de la comunidad Wayú, que congrega aproximadamente el 10% de la población de la región, ven con temor el avance de los proyectos Beta y Windpeshi, concesionados por el gobierno a EDPR Renovables y ENEL.

Por lo pronto, la construcción de los parques eólicos avanza en una región empobrecida que abarca unos 15.300 kilómetros cuadrados de estepas áridas o semiáridas en la que tanto la electricidad como el agua potable escasean, y en la que el gobierno de Petro proyecta la construcción de la "capital mundial de las energías verdes". La iniciativa se da en el marco de una política más amplia que impulsa la suspensión en todo el país de los contratos de exploración de hidrocarburos heredados de las anteriores gestiones.

“La Guajira no va a ver ni un sólo kilovatio de la energía que las empresas se comprometen a generar”, señala Jaonna Barney, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Según los informes generados por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de la ONG, muchos de los 380.000 integrantes del pueblo Wayú que habitan en Colombia cedieron su territorio en medio de "engaños" y acuerdos "irregulares".

El septuagenario líder wayú Moisés, padre de Elba, relata en una denuncia penal contra ENEL y ERPD que el 18 de febrero de 2018 su siesta fue interrumpida por un machetazo en la sien. Según su hija, la presión de las compañías por obtener los permisos desató una "tragedia" familiar con aires de telenovela. Las empresas habrían ofrecido "riquezas" al hermano menor de Moisés para que intentara persuadirlo y éste, a su vez, usó de emisario a su hijo, el autor del machetazo.  Moisés sobrevivió al ataque y “en defensa propia le dio otro machetazo al sobrino, que quedó muerto", recuerda Elba. Moisés fue hospitalizado a raíz de la pelea. Cuando fue dado de alta, su hermano lo había suplantado como autoridad indígena de la zona para dar vía a las obras.

La familia regresó a Windpeshi y levantó un nuevo rancho, pero las amenazas siguieron. En abril de 2022, varios hijos de Moisés fueron atacados. Uno de ellos, Dicto, fue herido de bala y asegura que los agresores "tenían uniformes de la empresa ENEL Green Power y las caras cubiertas”. La firma, subsidiaria de ENEL S.A., propiedad del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia, sostiene que "en ningún caso trabajadores de la compañía atentaron contra la vida de un miembro de la comunidad Wayú" y que la tierra de los Jusayú "no es parte del área de influencia directa" del proyecto.

EDPR, con sede en Madrid y oficinas en Houston, San Pablo y Singapur, guarda silencio.

La denuncia de Indepaz sobre la falta de beneficios que implican los parques eólicos para los Wayú es fácilmente comprobable. Los 14 aerogeneradores de la estación Guajira I cortan el viento del desierto con un zumbido eléctrico. A pocos metros, en los ranchos de los Wayú, la mayoría no tiene electricidad. Operado por ISAGEN, una subsidiaria de la canadiense Brookfield, el parque funciona desde principios de 2022 y es uno de los dos que operan en la zona.

"Amanecemos mirando a nuestros nuevos vecinos. Es extraño, porque crecimos siempre en contacto con la naturaleza y ahora la región está invadida por los molinos", relata Luis Iguarán, docente de la escuela de la localidad de Lanshalia, la única comunidad vecina a Guajira I que tiene suministro de electricidad. Desde el pequeño poblado se advierten los 10 aerogeneradores de 78 metros de altura del parque eólico, concesionado durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

"El impacto mayor es para los animales. Ya no pueden pastorear porque están los aerogeneradores", explica el docente. Su testimonio es coincidente con los relevamientos realizados por Indepaz, que registró una disminución del 50% de la población de cabras en la zona durante los primeros cinco meses de operación. “El proyecto podría acabar con una comunidad que vive de su pequeño hato ganadero", advierte Barney. “La compañía hizo una consulta previa con los indígenas antes de levantar los molinos y acordó financiar proyectos productivos a cambio de usar el territorio unos 30 años”, agrega la investigadora.

Gracias al acuerdo con los habitantes, la comunidad de Lanshalia adquirió paneles solares y recibe 20.000 litros de agua potable mensuales por parte de la empresa operadora de Guajira I. “Es una cantidad insuficiente para las familias que viven en el pueblo”, reclama Iguarán. La compañía asegura haber acatado los términos legales de la consulta, que tiene el visto bueno de la autoridad ambiental local. "Nos faltó mucha asesoría. De haberla tenido podríamos haber negociados mejores condiciones", se lamenta el docente.

Según Barney, las empresas se reservaron el derecho de aprobar o vetar los proyectos indígenas y omiten presentar información en su lengua, así como las ganancias provenientes de cada parque eólico. "En el papel parecen generosas. ENEL ofreció 1.000 millones (de pesos colombianos) anuales”, explica el docente. La cifra equivale a unos US$ 200.000. Sin embargo, lo que podría parecer una compensación razonable no lo es. "Hay un total de 19 comunidades y cada una de ellas puede tener entre 40 y 80 personas", agrega Barney. El cálculo es sencillo: la compensación se reduce a unos 45.000 pesos mensuales por persona. Apenas unos US$ 9,5 dólares por habitante.

Indepaz asegura que la “Política de transición energética” o la “Ley de acción climática”, sancionada a fines de 2021, compromete al Estado colombiano hasta 2028 con una agenda que “omite la discusión de los problemas concretos que se generan en diversos territorios” y “apenas lista una serie de proyectos en línea con los intereses de las multinacionales y del Estado por atraer inversiones”. Un contexto que, según la ONG, augura una intensificación de los ya 160 conflictos socioambientales que se registran en el país.

En lo inmediato, y luego de la puesta en marcha de los primeros molinos, muchas comunidades Wayú expresaron su disconformidad. La denuncia se repite: no los incluyeron en las consultas previas, ni les dieron información suficiente sobre los proyectos que incidirán en la calidad de sus vidas. “El recelo y la resistencia a abandonar las tierras es lógica. Muchos tienen presentes en el cuerpo y en la memoria las consecuencias del avance sobre sus territorios”, señala Barney. En definitiva, es una comunidad en la que sus integrantes se preguntan por el rumbo incierto de los vientos del presente y el futuro.