El comienzo en Uruguay de la campaña de vacunación contra el covid-19, que coincide con el primer año del gobierno de Luis Lacalle Pou, es una excelente oportunidad para lucir nuestra ventaja comparativa en relación con el promedio de la región, de una gestión de la pandemia plagada de irregularidades y que dejó otra vez al desnudo la debilidad institucional que ahuyenta las inversiones de calidad, algo vital en el futuro inmediato.
Visto con el diario del lunes, la demora de la llegada de la canasta de vacunas, en comparación con otros países de América Latina, puede terminar siendo un suceso para observar los inconvenientes que se pueden presentar en la planificación. Tan cierto de que la temprana inoculación significa salvar más vidas de los enfermos del virus, es que una mala administración de la política, tiene el potencial de poner en entredicho las bondades de la vacunación si no llega primero a las poblaciones más vulnerables o más expuesta al contagio.
Y ese ha sido el drama de la región desde hace un año, desde antes de la etapa de vacunación. En 2020, estalló un escándalo en Ecuador por una red criminal confabulada con funcionarios de salud para ganar un contrato millonario de venta de bolsas para cadáveres a los hospitales.
El diario de New York Times sugiere una espiral corrupta en la región formada por funcionarios públicos y empresarios, acusados de explotar la crisis del coronavirus para su enriquecimiento personal. Habla de tráfico de influencias en hospitales y gobiernos para vender con sobreprecio suministros básicos, incluidos mascarillas, desinfectantes y ventiladores, y menciona casos en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú.
Y la etapa de la vacunación no trajo mejores prácticas. En Argentina, Brasil y Perú se comprobó que políticos y personalidades distinguidas recibieron un trato preferencial a hurtadillas, inoculándose mucho antes de lo previsto.
El mundo desarrollado está atento al manejo de la pandemia en América Latina; es crucial entonces un desempeño apegado a la ley.
Esta semana, durante una conferencia de prensa sobre la lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe, funcionarios del Departamento de Estado fueron consultados sobre las polémicas desatadas en varios países latinoamericanos. Esas acciones “son malas, porque representan una amenaza en contra de las poblaciones”, dijo Heide Fulton, subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.
Uruguay, por el contrario, no ha enfrentado inconvenientes en ese sentido y confiamos en que en la campaña de vacunación se mantenga la vocación por la transparencia y el apego a la institucionalidad.
Y por eso es de recibo el planteo del presidente en el Consejo de Ministros, del lunes 22, de no hacer un “show” con la llegada y distribución de las vacunas. La política está llena de gestos sobre cómo se ejerce el poder, y, en este caso, es revelador de un respeto a los andariveles legítimos de la Administración para todas las etapas de la inoculación.
Otra vez, el país tiene la posibilidad de mostrar su excepcionalidad en la gestión de las vacunas que, como bien dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ahora “lo importante es cuándo se llega a la meta y no cuándo se arranca”.