La inflación de alimentos no cede y Fernández amenaza a los empresarios

Es cierto que el índice viene bajando: en enero el IPC registró un 2,3%, una cifra positiva si se considera que en diciembre la inflación había sido de 3,7%. Y, según dejaron trascender desde el Banco Central, el número de febrero reforzará la tendencia, posiblemente con un 1,8%.

Sin embargo, el gobierno no se queda conforme con la situación. El motivo de fondo es que el rubro alimentos no sólo no baja sino que muestra una aceleración. La inflación para la canasta básica está registrando una evolución a contramano del resto de los precios, al punto que duplica el promedio de los demás precios.

Es una situación que irrita a Alberto Fernández, quien abandonó el tono amable para pasar a la amenaza directa contra los supermercados y las grandes empresas de la industria alimenticia.

Para el presidente, luego de sus últimas medidas económicas ya no hay motivos valederos que justifiquen las remarcaciones de precios y todo se centra en un ánimo especulador.

“El sector alimenticio tiene que hacer una revisión de lo que está pasando. Hemos ayudado a toda la producción a recuperarse. Lo hicimos frenando los aumentos de tarifas y los aumentos de combustible, y no es posible que con todo eso los precios sigan creciendo”, dijo Fernández en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, donde se congregó lo más granado del empresariado nacional.

Allí, el presidente prometió se “implacable” e “inflexible” ante lo que consideró casi una traición por parte de los industriales, a quienes les había dado las medidas que les reclamaban, incluyendo un virtual congelamiento del dólar y una acelerada caída de la tasa de interés de referencia, que en apenas tres meses cayó desde el 73 al 38 por ciento –en una economía con una inflación del 55 por ciento-.

Bien en el corto plazo, ¿peor en el largo?

Desde el punto de vista político, el enojo de Fernández es comprensible. Su gobierno ha presentado la lucha contra el hambre como el pilar de su política social, toda la campaña electoral se basó en el fracaso de la gestión Macri para reducir la pobreza y todas las medidas económicas han sido planteadas con un sentido de priorizar la urgencia social.

En ese contexto, el hecho de que los alimentos suban a un ritmo de casi 5 por ciento mensual no deja lugar para festejar por la caída del índice general de precios.

Hay, además, motivos de fondo para desconfiar sobre la reducción del IPC: los economistas plantean que puede tratarse apenas de una victoria de corto plazo basada en motivos pasajeros.

Ocurre que, tal como destacó el propio presidente, los motivos que están llevando a la estabilidad financiera son el congelamiento del dólar y las tarifas. Y cada vez se escuchan más fuerte las advertencias en el sentido de que esa receta no podrá sostenerse por mucho tiempo.

Fernández, que era jefe de gabinete cuando Néstor Kirchner era presidente, quiere replicar las políticas que le permitieron al fallecido mandatario sacar al país de la recesión y ponerlo a crecer a “tasas chinas”. Pero las circunstancias de hoy lucen muy diferentes, para empezar porque el dólar con el que se encontró Kirchner en 2003 era el más alto de la historia en términos reales, y eso permitía un “colchón cambiario” como para congelar al tipo de cambio sin temor a que se viera afectada la competitividad de la economía. Y para seguir, porque también los niveles tarifarios de los servicios públicos eran altos en términos internacionales y las redes estaban puestas a nuevo tras las privatizaciones de los años 90.

Hoy, en cambio, el panorama es diferente. Las tarifas son bajas aun luego de la brusca actualización dispuesta durante el gobierno de Macri. Tanto que, luego de atravesar la última ola de calor con un bajo nivel de apagones, las empresas eléctricas advirtieron que el próximo verano podrían volver los apagones masivos si no se permite un ajuste tarifario que ayude a las tareas de mantenimiento.

De la misma manera, es cada vez más fuerte la presión del sector petrolero y de las estaciones de servicios para que se aumente el precio de las naftas, a las que consideran con un retraso mayor al 20 por ciento por las suspensiones dispuestas en el cronograma de ajustes.

Y en cuanto al dólar, la estabilidad actual se explica por el duro “cepo” que prácticamente impide la compra de billetes al público. Pero eso no significa que no haya presiones para una suba del tipo de cambio. Una es interna, porque en la medida en que las tasas de interés siguen bajando, los ahorristas empiezan a buscar refugio en la divisa, para lo cual recurren al famoso “blue” del mercado paralelo.

La cotización del blue está en 22% encima del precio oficial, pero los economistas creen que esa brecha podría crecer en los próximos meses, en la medida que los aumentos salariales recompongan la demanda de los ahorristas, y además por el desincentivo de tasas en pesos que siguen a la baja.

Para colmo, hasta la crisis del coronavirus jugó en contra, porque desde la explosión de la epidemia se aceleró la devaluación de las monedas en la región, lo cual pone una presión adicional sobre el peso.

En definitiva, la advertencia de los economistas es que la mejora en el índice general de inflación se explica por fenómenos pasajeros, mientras que lo que hace subir a los alimentos son factores más estructurales de la economía. Básicamente, se quejan de la persistencia de un déficit fiscal que el gobierno admitió no podrá cerrar hasta dentro de tres años.

Y, para empeorar la situación, se volvió a constatar una expansión de la base monetaria justo en un momento de caída de la demanda de dinero por parte del público.

Amenazas en el aire