La minería provoca abusos en la República Democrática del Congo

Así lo revela un detallado informe titulado “¿Impulsar el cambio o seguir como siempre?” elaborado por  Amnistía Internacional (AI) y la organización Iniciativa por la Buena Gobernanza (IBGDH, por sus siglas en inglés) con sede en el país africano, investigación que incluyó 130 entrevistas a pobladores y que pone en foco la expansión de las operaciones de las multinacionales.

“Los desalojos forzosos que se están produciendo cuando las empresas intentan ampliar sus proyectos mineros de cobre y cobalto están destruyendo vidas y deben cesar ahora”, afirma Agnes Callamard, secretaria general de AI y responsable de la investigación desarrollada en la ciudad de Kolwezi y sus alrededores, en la provincia sureña de Lualaba.

“La justicia climática exige una transición justa. La descarbonización de la economía global no debe conducir a más violaciones de los derechos humanos. El pueblo de la República Democrática del Congo experimentó importantes explotaciones y abusos durante la era colonial y poscolonial, y sus derechos siguen siendo sacrificados a medida que se les despoja de la riqueza que los rodea”, agrega Callamard.

La creciente demanda de las llamadas tecnologías de energía limpia también ha creado una demanda de metales específicos, incluidos el cobre y el cobalto, esenciales para fabricar baterías de iones de litio que se utilizan para dispositivos como coches eléctricos y teléfonos móviles, entre otros.

Según los expertos, RDP tiene las mayores reservas de cobalto del mundo y la séptima mayor reserva de cobre, y se espera que la demanda de cobalto alcance las 222.000 toneladas en 2025, el triple que en 2010.

“Se está desalojando a la gente por la fuerza, se la intimida para que abandonen sus hogares, o bien se les engaña para que consientan desplazarse hacia asentamientos irrisorios. A menudo no hay ningún mecanismo de reclamo, rendición de cuentas o acceso a la justicia”, explica Donat Kambola, presidente del IBGDH.

Candy Ofime y Jean-Mobert Senga, dos investigadores de AI y coautores del informe, afirman que de las inspecciones y entrevistas realizas surgen “repetidas violaciones de las salvaguardas legales prescritas en el derecho y en las normas locales e internacionales de derechos humanos, además de un flagrante desprecio por las recomendaciones de Naciones Unidas con relación a los principios que deben respetar las empresas”.

Los investigadores, que revisaron documentos y correspondencia, fotografías, vídeos e imágenes satelitales, además de las respuestas de las empresas, señalan el caso de la ciudad de Kolwezi. Las comunidades de la zona, asentadas en el lugar desde hace décadas, han visto muchas de sus casas destruidas desde que se abrió en 2015 una gran mina a cielo abierto de cobre y cobalto.

El proyecto es operado por Compagnie Minière de Musonoie Global SAS (COMMUS), una empresa conjunta entre las china Zijin Mining Group Ltd y Générale des Carrières et des Mines SA (Gécamines), la empresa minera estatal de la RDC.

En el barrio afectado, Cité Gécamines, que alberga a unas 39.000 personas, las casas suelen tener varias habitaciones y están ubicadas en recintos amurallados con agua corriente y electricidad.

“Desde que se reanudaron las actividades mineras, a cientos de residentes se les ha pedido que se vayan, o ya han tenido que hacerlo”, relata Edmond Musans, de 62 años, uno de los residentes que tuvo que desmantelar su casa e irse.

Los testimonios recabados por IA y IBGDH indican que ni el gobierno ni las empresas han consultado adecuadamente a las comunidades, y que los planes para ampliar la mina no se han hecho públicos. Algunos residentes se enteraron que sus casas iban a ser demolidas sólo después de que aparecieran cruces rojas en sus propiedades.

Los desalojados denuncian que la compensación ofrecida por COMMUS es inadecuada para comprar viviendas equivalentes. Como resultado, muchos han tenido que mudarse a propiedades sin agua corriente ni electricidad en las afueras de Kolwezi, experimentando una caída impactante en su nivel de vida. “No disponen de medios efectivos de apelación o reparación”, puntualiza el informe.

“Tenía una casa grande, con electricidad y agua. Ahora tengo una casa pequeña que era todo lo que podía pagar con la compensación. Tenemos que beber agua de pozos y casi no hay electricidad”, explica Cécile Isaka, otra ex residente.

La mujer, además, dice que las voladuras para ampliar la mina causaron grietas tan grandes que temió que su casa colapsara. Sin otra opción, aceptó la oferta de la empresa y desmanteló su propiedad para poder reutilizar los ladrillos y reconstruir en otro lugar.

Musans ayudó a formar un comité para representar los intereses de más de 200 hogares en riesgo de ser desplazados y lograr una mayor compensación. El comité trasladó sus quejas y las de otros residentes a las autoridades provinciales, pero sin éxito. La compañía, en tanto, aduce que su objetivo es mejorar la comunicación con las partes interesadas, lo que no se ha efectivizado.

Cerca del sitio del proyecto Mutoshi, dirigido por Chemicals of Africa SA (Chemaf), una filial de Chemaf Resources Ltd., con sede en Dubai, los entrevistados describen la forma en que soldados del ejército incendiaron un asentamiento, llamado Mukumbi.

Ernest Miji, el jefe local, dice que en 2015, después de que Chemaf adquiriera la concesión, tres representantes de la empresa, acompañados por policías, fueron a decirle que “era hora de que los residentes de Mukumbi se mudaran”. Fue la primera de otras cuatro visitas intimidatorias.

Al recordar una de las visitas, Kanini Maska, un antiguo residente, asegura que el representante de Chemaf les exigió que abandonaran el pueblo en ese mismo momento. “Le preguntamos adónde iríamos. Es donde criamos a nuestros hijos, donde cultivamos tierras y donde nuestros hijos están registrados para ir a la escuela. Finalmente nos fuimos. No teníamos nada con qué sobrevivir y pasábamos las noches en el bosque”, recuerda Maska.

Las imágenes de satélite respaldan las versiones de que Mukumbi, que alguna vez contó con unas 400 estructuras, entre ellas una escuela, un centro de salud y una iglesia, fue destruida el 7 de noviembre de 2016.

Tras las protestas, en 2019 Chemaf acordó pagar a través de la autoridad local US$ 1,5 millones, pero algunos antiguos residentes recibieron apenas US$ 300. Chemaf niega cualquier acto ilícito, responsabilidad o participación en la destrucción de Mukumbi. También rechaza haber ordenado a las fuerzas militares que destruyeran el poblado.

Cerca de Kolwezi, una filial de Eurasian Resources Group (ERG), con sede en Luxemburgo y cuyo mayor accionista es el gobierno de Kazajstán, gestiona el proyecto Metalkol Roan Tailings Reclamation (RTR).

Veintiún agricultores, que forman parte de un colectivo que cultiva en los márgenes de la concesión, cerca de la aldea de Tshamundenda, denuncian que en febrero de 2020, sin ninguna consulta ni notificación previa, un destacamento de soldados, algunos con perros, ocupó la zona mientras los campos que habían cuidado eran arrasados.

Los agricultores han protestado repetidamente y pedido una compensación, pero no se les ha ofrecido una reparación efectiva. En respuesta, ERG dice que no tiene control sobre el despliegue de soldados. Argumenta, además, que el gobierno determinó que el colectivo de agricultores ya había recibido una compensación de un operador anterior, algo que los agricultores niegan.

El informe insta a las autoridades de la RDC a poner fin de inmediato a los desalojos forzosos e impulsar una comisión de investigación imparcial. También reclama fortalecer y hacer cumplir las leyes nacionales relacionadas con la minería y los desalojos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

“El trabajo demuestra que las afirmaciones de las empresas con respecto a que adhieren a altos estándares éticos son vacías. Tienen la responsabilidad de investigar los abusos identificados, proporcionar reparación efectiva y actuar para prevenir daños mayores. Todas las empresas deben garantizar que sus operaciones no dañen a las comunidades cercanas”, enfatiza el documento.

Donat Kambola, del IBGDH, destaca que “las mineras internacionales involucradas tienen mucho dinero y pueden permitirse el lujo de hacer los cambios necesarios para salvaguardar los derechos humanos, establecer procesos que mejoren las vidas de las personas en la región y proporcionar reparación por los abusos sufridos”.

Hasta ahora, nada de eso ha ocurrido y la creciente demanda de minerales para la transición energética hace temer mayores violaciones a los derechos de los residentes en las adyacencias de los yacimientos.

“La República Democrática del Congo puede desempeñar un papel fundamental en la transición mundial desde los combustibles fósiles, pero los derechos de las comunidades no deben ser pisoteados en la prisa por extraer minerales críticos para descarbonizar la economía global”, destaca Callamard.

(Con información de Amnistía Internacional e Iniciativa por la Buena Gobernanza)