Leonardo Carreño

La peligrosa idea de usar reservas para pagar el combate al coronavirus

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02 de abril de 2020 a las 16:20

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La crisis que instaló el coronavirus en Uruguay y el mundo obligó a dejar las agendas de lado y a atender una situación de emergencia de repercusiones, todavía, insospechadas.
 
La magnitud de la crisis es incalculable y lo cierto es que cada día surge una nueva derivación que tiene que ser atendida desde el Estado, con los obvios costos que eso implica. No voy a abundar en precisiones sobre las repercusiones económicas a nivel local porque es el plato de cada día, pero me propongo en esta edición de Rincón y Misiones poner sobre la mesa algunos conceptos que siempre que hay necesidades económicas vuelven a aparecer.

Las medidas

El presidente Luis Lacalle Pou mencionó días atrás que el costo de las medidas económicas de emergencia implementadas hasta el momento, y para cuya financiación se recurrirá al Fondo Coronavirus que se creará por ley -entre otras cosas con los aportes del impuesto temporal a los salarios públicos mayores a $ 80 mil y a las jubilaciones elevadas-, ronda los US$ 400 millones.
 
Ya se están pagando miles de seguros de paromiles de subsidios por enfermedad, se reforzaron los recursos para la atención sanitaria, para los refugios de personas en la calle, se aumentaron las transferencias monetarias para las familias que atiende el Mides y la asistencia alimentaria, y hasta se amplió el presupuesto en seguridad para atender las situaciones de violencia doméstica derivadas del aislamiento social. El gasto estatal se acumula aún a un ritmo mayor al de los casos de coronavirus
 
Hay un combo de conceptos económicos que muchas veces se manejan de forma aislada y si no se tienen conocimientos mínimos de cómo funcionan las finanzas estatales son difíciles de asir e interrelacionar.
 
Uno de ellos, y que cada tanto resurgen en las declaraciones de figuras públicas, es el que refiere al uso de las reservas del Banco Central.
 
El antecedente más cercano fue el reclamo del PIT-CNT de recurrir al uso de las reservas para atender la emergencia social derivada del freno económico, como alternativa o complemento al impuesto a los salarios públicos y a las jubilaciones elevadas.
 
De hecho, la negativa a usar las reservas para atender situaciones coyunturales o necesidades de inversión fue también una constante mientras el Frente Amplio fue gobierno, pese a que existieron pedidos en ese sentido, tanto desde sectores de su propia fuerza política como de quien hoy preside el país, en ese momento líder opositor.
 
En general, quienes recurren al “uso de las reservas” como un latiguillo habitual en situaciones de crisis o de necesidades financieras lo hacen con desconocimiento de su naturaleza, o peor aún, conociendo cabalmente de qué se tratan. En este último caso, el argumento busca más que nada poner al administrador de turno en una posición de mezquindad por sentarse sobre millones de dólares supuestamente de libre uso en lugar de recurrir a ellos para atender las necesidades de la ciudadanía.

Cómo se componen

De acuerdo al último dato publicado por el Banco Central, los activos de reserva en resguardo de la autoridad monetaria totalizaban US$ 15.340 millones al 31 de marzo.

Es un fangote de dinero, equivalente a un cuarto del producto bruto interno anual de Uruguay. Pero no todo lo que brilla es oro.
 
Más de la mitad de esa plata son obligaciones en moneda extranjera del sector financiero, también llamados “encajes” bancarios, entre otros depósitos institucionales. Es dinero que quienes gestionan ahorros están obligados a mantener en la institución monetaria como forma de dar estabilidad al sistema financiero ante cualquier shock.
 
Eso baja el disponible a cerca de la mitad, pero US$ 7.383 millones sigue siendo un montón de plata ¿no? Veamos…
 
De esos, US$ 5.346 millones son las reservas “sin contrapartidas” de los sectores público y financiero. 
 
Pero, ¿se pueden usar? Sí, se usan, pero no con la libertad que se cree. Uno de los usos más comunes es  la defensa de lo que se conoce como “flotación sucia” del tipo de cambio. Con el actual régimen cambiario, el Banco Central deja que el dólar cotice al valor de mercado y solo interviene -ya sea con compras o ventas de dólares- cuando se registran variaciones bruscas en la cotización o cuando la tendencia no se alinea a los fundamentos económicos. Estamos de acuerdo que los “fundamentos económicos” pueden ser interpretados de muchas formas, pero un indicador que siguen los expertos para definir un parámetro es el tipo de cambio real histórico, que básicamente mide la evolución del peso frente al dólar descontados los efectos de la inflación y en relación a lo que acontece con la divisa en mercados competitivos con el nuestro.
 
Además, las reservas del Banco Central tampoco son técnicamente del Banco Central. Cuando compra dólares, la autoridad monetaria inyecta pesos en el mercado que luego tiene que “esterilizar” endeudándose a través de la emisión de letras de regulación monetaria. Si no lo hiciera, eso generaría una escalada inflacionaria. Entonces, los dólares de las reservas lo que hacen es respaldar la capacidad de pago del Banco Central de esa deuda de muy corto plazo que emite periódicamente. No se trata de un activo genuino generado por un ahorro estatal, un superávit fiscal. Es básicamente deuda.
 
Eso nos deja con US$ 2.038 millones, que son obligaciones en moneda extranjera con el sector público. Aquí está el dinero del gobierno central -que incluye liquidez de la Tesorería del Ministerio de Economía-, junto con cuentas del BPS, gobiernos departamentales y empresas públicas. Es el dinero que podría llegar a usarse más libremente, pero es también una salvaguarda que se construyó con el objetivo de financiar los vencimientos de deuda de corto y mediano plazo, con un horizonte de un año, previendo dificultades de acceso a los mercados financieros. 

¿Es lógico usar las reservas ahora?

En el contexto actual, la respuesta es No. Uruguay tiene una buena reputación crediticia y acceso prácticamente irrestricto a los mercados de capitales. Además, tiene líneas de crédito contingente de bajo costo con organismos internacionales (de hecho ya solicitó US$ 1500 millones, de los cuáles US$ 400 millones ingresaron a la caja) y negocia una ampliación por US$ 1.000 millones más. 
 
Si bien con la coyuntura actual del mundo el riesgo país aumentó en las últimas semanas y está en los 300 puntos básicos, los costos de acceso al financiamiento externo siguen siendo históricamente bajos en un contexto donde las tasas de referencia de la Reserva Federal de EEUU tienden a cero. Además, los bancos centrales de todo el mundo, y particularmente el de Estados Unidos, están inyectando toneladas de dinero en sus economías para estimular su funcionamiento y es esperable que la plata barata inunde el  mundo por un buen tiempo. ¿Para qué romper la chanchita si se puede captar deuda a bajo costo?
 
La repercusión será un mayor endeudamiento y más intereses que pagar, está claro, pero los ratios actuales no son tan pesados como en el pasado. Al cierre del año pasado la deuda bruta de Uruguay ascendía a poco menos de US$ 30.000 millones, equivalente a 51,3% del PIB, cuando durante la crisis de 2002 llegó a superar el 100%.
 
Una posición sólida en reservas es un mensaje también a los prestamistas de la capacidad de pago del país y de la tolerancia a soportar un shock de iliquidez, lo que baja el costo de endeudamiento. No es lo mismo prestarle a alguien que tiene opciones financieras que a alguien que te pide plata desesperado y como último recurso. El riesgo es otro.
 
El déficit fiscal es otra variable que se verá deteriorada en el corto y mediano plazo, porque al 5% del pib acumulado a febrero, se deberán añadir los gastos imprevistos de la actual crisis y una caída aún mayor a la que ya se venía registrando de los ingresos estatales por el bajón económico. Pero como te conté hace un par de semanas, la situación global llevará a una mayor tolerancia tanto de los prestamistas como de las instituciones de calificación de riesgo a que el encauzamiento de las cuentas públicas a niveles sostenibles a largo plazo demore más de lo estimado, o incluso empeore temporalmente en el contexto actual. 

Además

Con las medidas de cuarentena que han adoptado casi todos los gobiernos latinoamericanos a causa del covid-19 (a excepción de Brasil), se ha detectado un marcado aumento en el uso de algunas aplicaciones de mensajería y otros servicios de telecomunicación. Y es que, en la era digital, la obligación de tener que permanecer dentro de casa no excluye la posibilidad de socializar de manera remota. Así lo refleja la enorme cantidad de descargas que ha experimentado la aplicación Zoom Cloud Meetings, una plataforma desarrollada en Estados Unidos que permite realizar videollamadas y mantener reuniones virtuales.

Como muestra este gráfico de Statista, Zoom ha registrado nada menos que 1,4 millones de descargas en Google Play Store en Brasil del 25 de marzo al 1 de abril de 2020, lo que la convierte en la app más descargada de esa semana en el país carioca. Según estimaciones de la base de datos de Priori Data, esta aplicación de videos ha sido instalada 745.700 veces en México en los últimos siete días a través de la plataforma de Google, ubicándose en segundo lugar de las más demandadas en este país, después de TikTok. En el mismo periodo, Zoom también fue la aplicación más descargada por los usuarios chilenos, argentinos y colombianos. 

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