Nicolas Garrido

La pobreza infantil, un lastre que condena el desarrollo

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13 de octubre de 2022 a las 19:01

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Uruguay se caracteriza por ser un buen alumno en la región cuando se lo compara en diversos índices internacionales de instituciones, democracia, clima de inversión, igualdad (...). Como en todo, también hay algunas zonas sombrías como la educación secundaria o los preocupantes datos de pobreza infantil. De esto último te escribiré en esta nueva entrega de Rincón y Misiones. 

La falla del Estado (y la política)

De acuerdo a los últimos datos que divulgó el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza en los menores de 6 años trepó del 16,1% en enero-junio de 2021 a 22,5% en igual período de este año y alcanzó el mismo nivel del primer semestre de la pandemia (2020). A su vez, quedó 6 puntos por encima del nivel que se había registrado en igual período de 2019 (16,4%). En la franja de 6 a 12 años, la pobreza se estimó en 18,5%, y en la de 13 a 17 años, en 17,1% al cierre del primer semestre, según el INE.

 

Más allá de la discusión que se generó sobre si la pobreza había bajado, subido o estabilizado en términos generales, las cifras de pobreza infantil vienen rompiendo los ojos y no solo desde que estalló la pandemia. Durante las administraciones del Frente Amplio (2005-2020) tampoco se logró una mejora sustantiva en ese indicador en uno de los ciclos de crecimiento económico y generación de empleo más vigorosos y extendidos de la historia uruguaya.

El director de la OPP, Isaac Alfie, admitió en una entrevista radial con radio Carve que no tenía una explicación a por qué la pobreza infantil no había disminuido pese al incremento en las transferencias que instrumentó el gobierno de Lacalle Pou durante la pandemia y mantuvo luego con una partida anual que se estimó en unos US$ 50 millones para atender distintos programas de la primera infancia o un IVA focalizado a los beneficiarios de Asignación Familiar Plan de Equidad que cobren a través de la aplicación TuApp.

"Lo que es cierto es que (la pobreza infantil) no mejoró en todo caso pese a las transferencias monetarias; no tengo una respuesta explicativa para eso. Hemos pensado y no la tenemos", admitió Alfie.


En esa entrevista, el director de la OPP consideró que quizás se deban "focalizar" más esas transferencias monetarias para familias o personas que realmente lo requieran. "Son temas que están a estudio del Mides, que es el que tiene a cargo esas políticas. Los recursos que se han puesto son bien importantes", aseguró.

Aflie considera que la única manera de lograr una mejora "genuina" en los niveles de pobreza en el largo plazo es con más empleo.

¿Cambios en las transferencias? 

El latiguillo de que los niños no votan parece un argumento pobre para que los partidos políticos con representación parlamentaria no logren sentarse en una mesa para definir una política de Estado y discutir grandes líneas de acción para que ese número arriba del 20% de niños pobres en Uruguay se transforme en una no sorpresa cada semestre cuando el INE publica sus cifras.

Si hubo voluntad y un acuerdo para cambiar la matriz energética o se creó una Comisión de Expertos para proponer una reforma de la seguridad social, ¿por qué no se puede instrumentar algo similar con la pobreza infantil? Que es un problema multicausal lo han repetido distintos expertos. Y que su solución no es sencilla, también. Pero no por ello debe dejar de intentar hacerse algo distinto en el manejo de la política pública para el sector más vulnerable y desprotegido que tiene la sociedad uruguaya.

Si las políticas de transferencias que se vienen aplicando desde la salida de la crisis del 2002 no son suficientes y si los planes que se aplican no dan el resultado esperado, parece ser hora de cambiar la pisada.

La escasez de recursos no debería ser un impedimento para buscar algo diferente. Uruguay cuenta con buena reputación en los mercados y acceso a crédito en distintos organismos multilaterales para financiar una política pública a 10, 15 años para (al menos) intentar hacer algo distintos en los próximos años y cambiar esa triste realidad.

Mi colega Tomer Urwicz, experto en temas educativos de El Observador, mencionó en un hilo de Twitter algunos datos más que interesantes que se los tomo prestado para aportar al análisis. De esos casi 23 niños pobres que tiene el país cada 100, “en el mejor de los casos dos culminará la educación obligatoria, nueve habrán repetido la escuela y ocho no habrán  alcanzado el desarrollo cognitivo esperado antes de entrar a la escuela. Además, casi la la totalidad habrá faltado un mes lectivo entero en cada año del jardín. Y antes de nacer, incluso, no habrán recibido la correcta nutrición y tal vez ni siquiera los controles médicos del embarazo. Y así podría seguir agregando evidencia”, escribió Urwicz.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) debería ser el abanderado natural en impulsar esa política, pero no el único. Las carteras de Trabajo, Economía y Salud y hasta los propios gobiernos departamentales tendrían que ser parte de un programa integral para atacar ese problema estructural que tiene el país.

En una reciente conferencia que organizó Bloomsbury Policy Group en el World Trade Center, el director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Antonio Manzi, anunció que se está evaluando la posibilidad de implementar un sistema único de transferencias en Uruguay.

“Es hacer algo juntando las mejores prácticas de todos los programas. Estamos pensando, por ejemplo, en una base incondicional, otra base sujeta a cumplimiento de condiciones y una tercera en base a incentivos. Por ejemplo, en Chile tienen un programa en donde si conseguís un empleo formal, y lo sostenés por tres meses, te dan un plus. Es pensar en eso”, indicó el jerarca del Mides. 

Manzi insistió en que el contexto que genera la evidencia va cambiando, y eso hace que se tenga que repensar el diseño y la parte operativa de los programas cuando sea necesario. A modo de ejemplo, el jerarca mencionó que el control de tope de ingresos que existía hasta enero pasado para que un hogar tuviera acceso a una asignación familiar “estaba generando una tendencia hacia la “informalidad” y la “subdeclaración” entre las personas, por el temor de perder esa prestación. Desde principios de este año, se eliminó ese control de ingresos.

“Varias de las medidas que se han tomado en Uruguay como la ventanilla única, como la declaración jurada van en la dirección correcta, pero no solucionan el problema de fondo. Seguimos teniendo situaciones de exclusión cuando no las queremos, seguimos teniendo costos altos para el acceso, y la suficiencia y sostenibilidad son las de un sistema focalizado marginal y no las de un pilar básico de prestación. (…) No me negaría nunca a instrumentos focalizados, pero hay que discutir la sostenibilidad de un modelo más universal”, consideró en esa conferencia el jefe de Oficina Uruguay del Fondo de Población de Naciones Unidas, Fernando Filgueira.

Esta semana se conoció una estimación del FMI que estima que el PIB per cápita de Uruguay superará la barrera de los US$ 30 mil para 2024 y relegará a Chile al segundo lugar en la región. Ese dato puede ser simplemente una anécdota pero parece bastante evidente que si el país no logra resolver el lastre de la pobreza infantil y los efectos colaterales que ello conlleva, será difícil anhelar dejar de ser un país subdesarrollado en el mediano plazo.

 

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