Opinión > Editorial

La raíz del caso de Moreira

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21 de octubre de 2019 a las 05:03

Carlos Moreira, intendente de Colonia y de una larga y reconocida trayectoria en el Partido Nacional –exsenador y exministro del Interior-, tuvo una reacción institucional acertada al renunciar a su colectividad como consecuencia del escándalo político que lo envuelve desde el viernes 18. 

Nos referimos a la difusión en redes sociales de dos audios que reproducen diálogos telefónicos entre el intendente Moreira y una mujer con quien llegó a tener una relación sentimental. En uno de ellos, la mujer –que es una edila del Partido Nacional- le pide al jefe comunal la extensión de una pasantía de trabajo, a lo que Moreira, al final del diálogo y en un tono de complicidad, le insinúa su buena disposición a acceder a la solicitud, pero a cambio de sexo; el segundo audio, tiene fundamentalmente un contenido sexual explícito en la voz del involucrado.  

El denominador común han sido las reacciones nubladas por la campaña electoral o sentimientos partidarios –en contra o a favor de Moreira- que retroalimentaron un debate superficial acerca de lo que es relevante del caso. 

Las expresiones de alto contenido sexual corresponden absolutamente al fuero íntimo de las personas, pero no así la actitud de un jefe comunal dispuesto a renovar una pasantía a cambio de un favor sexual, aunque haya mantenido una relación sentimental con la involucrada. Este aspecto es de interés público en la medida en que Moreira se muestra dispuesto a cambiar una directiva administrativa en beneficio personal y no de los electores. No importa si afecta mucho o poco el erario público, sino la manifestación de la intención del provecho propio. 

Ahí está la cuestión de fondo de un hecho que se convirtió en un escándalo político por la indignación que generó en la opinión pública. Hubo un esbozo de una conducta de abuso de poder que provocó una reacción social de rechazo. 

Es por eso que, en nuestra opinión, hizo bien Moreira en renunciar al Partido Nacional –y como candidato al Senado-. Lo mismo decimos de las decisiones previas de expulsarlo por parte de Alianza Nacional, así como la recomendación de máxima sanción de la Comisión de Ética partidaria al directorio blanco, todas medidas respaldadas por el candidato Luis Lacalle Pou. 

Lo que está en juego es el cumplimiento de uno de los pilares de la representación en una democracia republicana: los electores tienen el derecho a recibir las explicaciones de un caso que levanta sospechas o directamente acusaciones por una conducta impropia. De alguna manera es el modo en que el ciudadano está presente en el ejercicio del gobierno.

La confianza entre los gobernantes y los ciudadanos se renueva permanentemente por más excelente gestión municipal y de intachable labor parlamentaria. El comportamiento de un gobernante excede el cumplimiento de las leyes, cuya conducta es escudriñada como un todo por parte de los electores.

Es por eso que Moreira debería también alejarse del cargo de intendente municipal hasta que se aclare el caso, aunque su gestión termine antes de que se dilucide el caso. 
Con todas las garantías legales, se impone dar cumplimiento a algo que damos por bueno desde la época de Julio César: los hombres públicos tienen que estar por encima de toda sospecha.

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