La rendición de cuentas de Vázquez: una oportunidad perdida

En lugar de eso, el presidente optó por abordar los temas económicos desde el lugar de quien se defiende de un ataque. Y lo hizo apelando a una interpretación forzada de datos que en ocasiones resulta difícil vincular con su propia administración.

Vázquez comparó la actual situación de la economía, no con aquella que recibió en 2015 cuando asumió su mandato sino con aquel Uruguay que conoció por primera vez un gobierno del Frente Amplio, en 2005.

Minimizó la pérdida de casi 50.000 puestos de trabajo desde 2014, con el consuelo de los más de 200.000 empleos creados en los dos gobiernos anteriores. Mostró cómo aumentó el número de empresas, pero dejó a un lado que el empleo industrial está en su menor nivel desde el año 2003. Comparó los niveles de actividad con los de 2004, igual que los datos de pobreza e indigencia.

Habló del saldo favorable de la balanza comercial durante este período –como si fuera un indicador de éxito–, pero nada dijo de la caída de 17% en las exportaciones de bienes durante esta administración, producto de una fuerte desaceleración de la actividad.

Minimizó la magnitud de los problemas fiscales atribuyendo a las transferencias de la Caja Militar y a los intereses de deuda que paga el Banco Central (BCU) por el manejo monetario la mitad del problema, como si fueran problemas ajenos a la potestad y el cuidado del gobierno.

El manejo selectivo de los datos por parte del presidente tuvo su punto más alto al reducir los problemas de competitividad de la economía uruguaya a un único indicador: la carga tributaria comparada con la región. No solo es un indicador pobre porque solo muestra uno de los tantos elementos que afectan los costos empresariales que ponen en juego la rentabilidad y la viabilidad de los negocios en Uruguay, sino además porque solo muestra al país en una situación mejor a la de Argentina y Brasil.

Vázquez se esforzó en mostrar un país pujante y competitivo. Y es innegable que el Uruguay de hoy es un país más rico y cargado de oportunidades que lo que era en 2004, a la salida de la peor crisis económica de la historia reciente del país. Pero no es tan fácil demostrar que lo sea –en particular, en cuanto a oportunidades– cuando se compara con 2014.

La percepción de los empresarios, que es en definitiva quienes deciden si invierten y aumentan o reducen su planilla de trabajadores, es que poco puede esperar de esta administración, que se empecina en negar e incluso caricaturiza la problemática del sector empresarial, y le atribuye una intencionalidad partidaria a reclamos que nacen directamente de los bolsillos y la contabilidad.

Un gobierno aislado, sordo a cualquier tipo de reclamos, amplificó la desconfianza de los empresarios a niveles desconocidos en los dos períodos anteriores del Frente Amplio.

La oportunidad de esta última rendición de cuentas durante su administración era la de acercar un diagnóstico que con sus matices, acercara posiciones, pero sobre todo, permitiera imaginar un camino de acción creíble a través del cual las cosas cambien.

El presidente insistió en que piensa gobernar hasta el último día de su mandato, respondiendo a las críticas que demandan una agenda más activa por parte del gobierno. Sin embargo, no dio ninguna pista sobre sus planes para lo que resta de este año.

El gobierno desconoce en su presentación la gravedad de la situación que fuerza a las empresas a jugar al achique y cómo han jugado las políticas públicas de este gobierno para agravar esa situación.

Y en ese desconocimiento, por un lado, busca librarse de la responsabilidad que le corresponde. Por otro, echa por tierra la esperanza de medidas que si bien no solucionen en lo inmediato el problema, conduzcan a minimizar su impacto en el empleo y promuevan la realización de proyectos postergados por la falta confianza en la reactivación de las condiciones de competencia.