La Unión Europea (UE) aplica desde hoy un esquema de aranceles a las importaciones de cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno; sectores que se consideran intensivos en emisiones de dióxido de carbono que alimentan el efecto invernadero.
Conocido como Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) y aprobado por el Consejo Europeo (CE) y el Parlamento Europeo (PE), el objetivo es igualar el precio entre los productos locales con los importados de países con menores estándares medioambientales.
El esquema se originó en el contexto del paquete legislativo “Objetivo 55” (“Fitfor55”, por su denominación en inglés), que tiene por finalidad garantizar que las políticas de la UE se ajusten al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos el 55% para 2030.
Básicamente, las “fugas de carbono” ocurren cuando se produce una deslocalización de la producción de bienes intensivos en carbono hacia no miembros de la UE, motivada por políticas climáticas menos ambiciosas, o bien cuando productos fabricados en el bloque son sustituidos por importaciones intensivas en carbono.
Con tales objetivos, el mecanismo obliga a los importadores registrados en la UE de ciertos bienes originarios de terceros países a adquirir certificados equivalentes al precio del carbono que deberían haber pagado si esos mismos bienes se hubieran producido dentro de la UE de acuerdo con el Régimen de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés) del espacio comunitario.
Por su parte, los exportadores del conjunto de bienes alcanzados deberán informar sobre el volumen de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas durante la producción, presentado el primer informe antes del 31 de enero del año próximo.
Inicialmente, el reglamento prevé una fase de transición en la que el CBAM únicamente alcanza un universo limitado de bienes. Hacia 2026, el requisito se extendería a productos químicos y polímeros y, para 2030, a todos los productos comprendidos en el ETS.
Según los legisladores europeos, la transición “servirá como un período de aprendizaje” y permitirá a la CE “recopilar información útil sobre las emisiones incorporadas para perfeccionar la metodología para el período definitivo”, que comenzaría en 2026, momento a partir del cual se comenzarán a aplicar directamente las tarifas, que serían de unos € 100 por cada tonelada de emisiones.
Los analistas advierten que el esquema podría derivar a un incremento de precios en Europa, incluso antes que entren en vigencia las tarifas. “Si no se realizan acciones para resolver los problemas administrativos que comenzarán a enfrentar los importadores, existe un riesgo de que el esquema sea un escollo para la economía europea”, señaló Anuj Saush, de The Conference Board, portal especializado en las cadenas de suministro.
Según el medio, las categorías de bienes afectados en una primera instancia representan el 4,95% de todas las importaciones de la UE, calculadas en unos € 133.200 millones al año.
La medida no es la primera de la UE en materia de restricciones argumentando cuestiones medioambientales. Este año, Bruselas presentó un documento adicional al preacuerdo de libre comercio con el Mercosur firmado en 2019 en el que, como exigencia para un acuerdo final, plantea barreras y abre la posibilidad de represalias y sanciones basadas en una legislación ambiental europea extremamente rígida y compleja para su verificación.
Entre las medidas calificadas como "unilaterales" por el bloque sudamericano, se encuentra al llamado Pacto Verde, paquete regulatorio por el que la UE busca implementar reformas en aspectos como la energía, el uso del suelo, la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, regulación que se aplicará a las empresas de los países de la UE, pero que también impactará en sus proveedores, incluidos los del Mercosur.
(Con información de agencias)
