¿Cuánta ayuda pública es posible? ¿Y cuánto pude sostenerse la recaudación en medio de la crisis?
En las últimas dos semanas Uruguay registra un promedio de siete muertos por covid-19 cada día. Hay unas 120 personas en cuidados intensivos y muchos miles de casos activos. El riesgo de una sobrecarga del sistema de salud está a la vuelta de la esquina: en febrero o marzo.
Con más de 80 muertos por covid-19 por millón de habitantes (hasta el viernes 14), Uruguay todavía se destaca con nitidez al lado de los 1.000 muertos por millón que han sufrido Argentina y Brasil. Pero ya no es un punto verde en el mapa, un paraíso bucólico y confiado.
Los efectos de la pandemia deberán empeorar antes de mejorar. La vacunación masiva que provoque una “inmunidad de rebaño” no se alcanzará hasta bien entrado 2021, o incluso hasta 2022.
Los casos de coronavirus repuntan con gran vigor en buena parte del planeta, desde Estados Unidos a China, pasando por Europa y Latinoamérica. Todos tratan de mitigar esta segunda o tercera ola con encierros masivos, toques de queda y campañas de vacunación. Y se pronostica que nuevas variantes altamente contagiosas de coronavirus surgirán con frecuencia y provocarán nuevas infecciones en masa.
El gobierno uruguayo hasta ahora se ha mostrado adverso al confinamiento general y obligatorio, con sus secuelas emocionales y económicas. Pero, si las cosas empeoran, podría verse tentado a restringir aún más la movilidad y las reuniones fuera del horario de trabajo.
Hay mucho griterío, por supuesto, cual catarsis en la tribuna de una cancha de fútbol. Una paradoja es que el Frente Amplio, la sólida y altanera coalición que predominó durante 15 años, ahora luzca poco convincente debido a su actitud cerril y a la escasez de líderes de fuste. En ese desierto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se ha erguido como contrastante seria del gobierno nacional, aunque sus acciones tengan más valor simbólico que real.
Más preocupante para el presidente Luis Lacalle Pou parece ser la incipiente rebelión de Cabildo Abierto, su socio nacionalista por derecha, que lidera el general Guido Manini Ríos.
Ese sector, que obtuvo el 11,5% de los sufragios en las elecciones nacionales de octubre de 2019, tiene la llave de la coalición gobernante, y la sacude con énfasis creciente.
En diciembre, Cabildo Abierto rompió las líneas del gobierno y votó con la oposición un proyecto que limita la plantación de eucaliptos en campos que no sean de prioridad forestal. El presidente hizo saber que vetaría una ley así, pues rectificaría una exitosa política de Estado seguida por todos los partidos desde 1987; pero Manini le advirtió que de ese modo acentuaría el peligro político.
Luego Manini anunció su voluntad de impulsar un proyecto presentado en octubre para combatir la usura en los créditos personales y sus refinanciaciones.
El economista Eduardo Ache, un antiguo cuadro del Partido Colorado que ahora asesora a Manini, dijo a El Observador el sábado pasado que deberían disminuirse las cargas y tributos sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), que mueren en gran número debido a la pandemia y al peso del Estado.
Manini, apoyándose en esas opiniones de Ache, sugirió que la austeridad fiscal se opone a la reactivación socioeconómica.
Lo cierto es que la pandemia profundiza la destrucción. El derrumbe del sector turístico uruguayo, un gran creador de empleo, acentuó las quiebras y la desesperanza.
El coronavirus puso de manifiesto, otra vez, todas las fragilidades de la sociedad uruguaya: bolsones de pobreza irreducibles, abundancia de mano de obra no calificada, empleos precarios, baja inversión al menos desde 2013.
La izquierda sostiene que el gobierno no gasta lo suficiente para sostener a los más pobres, y propone una renta básica para unas 300 mil personas, el 8,5% de la población. Ese modelo de asistencia directa es similar al que aplicaron el último año los gobiernos de Estados Unidos o Brasil, a costa de llevar sus déficits fiscales a más de 10% del PIB y sus deudas públicas hasta 100% y más.
Jair Bolsonaro recuperó popularidad gracias a los subsidios concedidos durante nueve meses a 68 millones de brasileños, la tercera parte de la población, que finalizaron en enero debido al incipiente pánico en los mercados y la fuga de capitales.
El gobierno uruguayo sostiene que ya aplica una serie de beneficios a las empresas formales y a los desempleados, además de asistencias directas a través del Ministerio de Desarrollo Social para centenares de miles de personas y trabajadores informales.
El gobierno también parece confiar en que Uruguay se recuperará más rápido que el resto de los países de la región, debido a los menores daños sanitarios y económicos, y a un manejo austero de las finanzas.
¿Cuánto gasto es posible?
Lo cierto es que el Estado uruguayo no tiene equilibrio fiscal desde 2007, y ahora recauda solo un poco más de $ 80 por cada $ 100 que gasta. El déficit fiscal es el mayor desde 1989, y se financia con una creciente deuda pública. El Estado no se endeuda para invertir, o para reformularse, sino para cubrir gastos corrientes, salarios y pasividades (y el repago de su propia deuda).
Otro factor de debate y malhumor es la eterna carrera entre inflación, tributos, tarifas y salarios.
En el annus horribilis 2020 la economía uruguaya cayó cerca de 6%, casi todo lo que había crecido trabajosamente durante los cinco años anteriores, un período de cuasi estancamiento. Y se recuperaría 3,5% en 2021, si el diluvio cesa, y otro tanto en 2022.
La inflación de 2020 fue de 9,4%, y la de este año 2021 andará entre 6% y 8%. Este enero las pasividades aumentaron 7,5% y los salarios privados y públicos entre 3% y 4,4%, lo que significará una caída en términos reales.
Las tarifas de los servicios públicos (telefonía, agua, electricidad, combustibles) se incrementaron en promedio 6%, la contribución inmobiliaria más de 9% y la patente de rodado hasta 15%. La voracidad de los municipios no derivará en más recursos para ellos, porque aumenta la morosidad. Muchas familias tienen menos ingresos, por lo que se atrasan en el pago de tributos. Al cabo, el Estado y las intendencias se muerden la cola.