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Las “multas salvajes” de la IM que denuncian los comercios chicos y que motivaron un planteo de Cambadu
La dupla de inspectores de la Intendencia de Montevideo (IM) llegó sin aviso al almacén de la calle Julio Sosa, en pleno Malvín Norte, escoltada con un efectivo policial, como de costumbre en estos operativos. El local permaneció cerrado mientras las autoridades confiscaban varios paquetes de galletas pasados de fecha, y algunos panes y latas. Más de un año después de ese control del 19 de mayo del 2021, pese a los descargos presentados, vender productos vencidos derivaría en una multa de 54 unidades reajustables (UR), equivalente a $ 80.693 a valor actual.
Ese día los inspectores se detuvieron también sobre un paquete abierto de nuggets en el congelador. “Les expliqué: ‘Acá en el barrio la gente no puede llevar una bolsa entera por $ 380’. Pero no hubo caso”, relata el dueño, que pide mantener su nombre en reserva. Un año más tarde, a menos de 30 días de haber recibido la otra sanción, llegó una nueva multa de $ 80 mil, esta vez por un fraccionamiento de congelados no habilitado. El local cerró pocas semanas después, incapaz de hacer frente a las deudas.
El caso propició que una comitiva del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu) se reuniera la semana pasada con la bancada de ediles del Frente Amplio. “Las multas son salvajes. La mayor que ponen son 54 UR”, afirma ahora el presidente de la gremial, Daniel Fernández.
Los inspectores de la propia IM reconocen estar atados de manos ante las disposiciones explícitas del digesto departamental, que por concepto de mercadería vencida o fraccionamiento indebido no admite la posibilidad de flexibilizar los montos según la gravedad de la infracción. Es decir, da lo mismo una decena de paquetes o una góndola entera de un producto fuera de fecha. La normativa tampoco distingue si se trata de un negocio de gran superficie o un pequeño almacén de barrio.
“Ellos no discuten la legalidad o no de las multas. Están planteando algún paso intermedio, que pueda haber algún aviso previo, y que el monto no sea tan grande”, señaló el edil comunista Miguel Velázquez, uno de los participantes del encuentro. El dirigente consideró que “no parece un reclamo disparatado” y que consultarán con la comuna para ver “qué posibilidades hay” de introducir cambios, tales como una eventual “diferenciación entre las multas para las grandes superficies y los pequeños comercios”.
“Solo buscan multar”
Carlos Díaz dice que acumula once multas de la comuna en los últimos años. Siete de ellas figuran en las resoluciones públicas de la Intendencia de Montevideo (IM). En cuestión de dos meses, el titular del depósito ubicado sobre La Blanqueada recibió dos sanciones de $ 80 mil cada una, la primera en junio de este año por fraccionamiento de alimentos constatado el año pasado, y la otra en julio por concepto de “falta de higiene”.
El año anterior recibió otra sanción por 30 UR (casi $ 45 mil). Todas ellas llevaron la firma de la secretaria general Olga Otegui, quien es la jerarca autorizada para dar la palabra final, una vez culminado el largo proceso de constataciones y descargos. Díaz entra en detalle para cada uno de los casos y señala reparos: que justo lo agarraron pasando productos congelados de un camión a otro antes de terminar en el depósito, que no contaba con permisos formales porque meses antes había cambiado el RUT –lo que invalida el anterior– y otras argumentaciones.
Más allá del caso concreto, el titular del depósito opina que “no es que en la intendencia no pueda inspeccionar”, pero que “todos coinciden en que lo único que buscan es multar sin aviso y no mejorar nada”. Las situaciones plantean un dilema que aqueja a cada administración, entre la necesidad de hacer valer la normativa y los emprendimientos que tratan de hacer pie entre los variados requisitos que se les exige.
“Las multas se aplican por algo”, sostiene el edil Velázquez, quien quedó a cargo de las conversaciones, aunque admite que “puede ser que haya desconocimiento (de los comerciantes antes de ser multados) o una imposibilidad real de pagar”. “Habrá que ver, es a conversar”, concluye.
