Las sanciones que impone Estados Unidos no obtendrían los resultados buscados

La secretaria Yellen afirmó que, si bien las sanciones de Estados Unidos contra Irán no han llevado a un cambio de comportamiento, han llevado en cambio a una “verdadera crisis económica en el país, e Irán está sufriendo mucho económicamente debido a las sanciones”.

Según escribió la abogada e investigadora en derechos humanos Ashleigh Subramanian-Montgomery  para Responsible Statecraft, Irán es solo el ejemplo más reciente de cómo las sanciones rara vez, si es que alguna vez lo hacen, cumplen sus objetivos declarados y, sin embargo, logran sistemáticamente causar sufrimiento y víctimas civiles en masa. En Corea del Norte, por ejemplo, las sanciones han creado barreras intensas para la distribución de ayuda humanitaria, ya que muchos bancos no quieren enfrentar los riesgos asociados con las transacciones de navegación al país. Tienen impactos de género, creando una "situación económica y alimentaria terrible" que obliga a las mujeres a espacios de mayor riesgo de "violencia sexual y de género, sexo transaccional y prostitución, y altos niveles de trata".

Además, si bien causan un daño significativo a los civiles, las sanciones económicas no han logrado evitar la proliferación de Corea del Norte de sus programas de misiles balísticos y armas nucleares.

En Venezuela, Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas, encontró que las sanciones tienen impactos “devastadores” que “violan los derechos a la libertad de movimiento, alimentación, salud, educación y acceso a la justicia”. Si bien crean y exacerban crisis económicas y humanitarias en todo el país, incluida la caída de la economía, las sanciones de Estados Unidos no han tenido el impacto declarado de obligar al gobierno venezolano a cambiar su comportamiento o disminuir su poder.

Tras la invasión a Ucrania, Washington emitió amplias sanciones contra Moscú, sin embargo, la economía rusa ha demostrado ser más resistente de lo previsto. La mayoría de los países todavía mantienen lazos económicos y diplomáticos con Rusia en lugar de aislar al país y la agresión militar rusa solo está aumentando con el anuncio del Kremlin de usar Bielorrusia como escenario para armas nucleares tácticas. Estos casos demuestran, como lo destacó el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), Richard Haass, hasta qué punto las sanciones “no se han acercado a persuadir a Putin para que revierta su política”.

En Afganistán, tras la retirada militar estadounidense en agosto de 2021, los talibanes tomaron el control y se instalaron como el gobierno de facto del país. Desde entonces han mantenido el poder, a pesar de ser una entidad sancionada en la lista de terroristas globales especialmente designados (SDGT, por sus siglas en inglés) desde julio de 2002, y de que Estados Unidos congeló activos afganos. Mientras tanto, la devastación económica y humanitaria arrasa el país. Las estadísticas del Programa Mundial de Alimentos (PMA) muestran que hay "más de 6 millones de personas al borde de condiciones similares a la hambruna".

En Somalia, la designación del grupo al-Shabaab como terrorista en marzo de 2008 desempeñó un papel destacado en la reducción y el bloqueo drásticos de la ayuda durante la hambruna de 2011, lo que jugó un rol principal en la muerte de “alrededor de 258.000 personas entre octubre de 2010 y abril de 2012”, de acuerdo con la Red de Alerta Temprana de Hambruna (FEWS NET). Mientras, al-Shabaab sigue siendo una amenaza activa en Somalia en la actualidad.

En Cuba, un Memorando del Departamento de Estado muestra que el embargo estadounidense, lanzado a principios de la década de 1960, pretendía debilitar el apoyo a Fidel Castro “mediante el desencanto y la desafección basados en la insatisfacción y las dificultades económicas”. Otro memorando de la CIA de 1982 expone el fracaso de esos objetivos, revelando que la política de sanciones hacia Cuba: 1) “no ha cumplido ninguno de sus objetivos” 2) “casi no tiene posibilidades de obligar a los actuales líderes cubanos” 3) “proporcionó a Castro un chivo expiatorio para todo tipo de problemas domésticos” y 4) “El ajuste cubano al impacto de las sanciones dejó a Estados Unidos con medios económicos limitados para influir en el comportamiento de La Habana”. Estos fracasos no han alterado las duras sanciones, y la administración Biden continúa con la campaña de “máxima presión” de la era Trump contra el país. 

Subramanian-Montgomery afirma que los académicos que han estudiado si las sanciones conducen a un cambio de régimen están de acuerdo en que “rara vez, o nunca, funcionan”, mientras que una amplia evidencia demuestra que las sanciones causan daño a las poblaciones civiles.

Hay algunas señales de que el Departamento del Tesoro podría estar reviendo sus posiciones. En octubre de 2021 se sometió a un proceso de modernización de sanciones estableció una  “Revisión de sanciones” que culminó con dos cambios de política en diciembre de 2022.

En primer lugar, Estados Unidos e Irlanda codirigieron la adopción de la Resolución 2664 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU), creando una excepción humanitaria permanente entre los regímenes de sanciones de la ONU existentes.

En segundo lugar, el Departamento del Tesoro implementó la RCSNU a nivel nacional al autorizar "Excepciones históricas de sanciones humanitarias", emitiendo licencias generales nuevas y enmendadas para facilitar el flujo de actividades humanitarias, de consolidación de la paz y otras actividades para salvar vidas en áreas sancionadas.

El Memorándum de la CIA sobre Cuba de 1982 indica que el gobierno de EE. UU. ha tenido al menos 41 años de evidencia interna de sanciones que no cumplieron con los objetivos declarados.

Para la autora de la nota, las excepciones humanitarias por sí solas no pueden mitigar significativamente los daños a los civiles en las áreas sancionadas, ni pueden crear el entorno propicio que la sociedad civil necesita para llevar a cabo su trabajo en apoyo de estos civiles. Sin reformas al estatuto de apoyo material de Estados Unidos que prohíbe la participación de organizaciones de la sociedad civil (OSC) en lugares designados como terroristas, la acción humanitaria seguirá estando funcionalmente prohibida.

Esto se debe a que, bajo la prohibición de apoyo material, las OSC podrían enfrentar responsabilidad civil o penal por involucrar a estas comunidades. Si bien la política exterior de Estados Unidos establece intenciones de castigar a las entidades terroristas, en realidad termina castigando a civiles inocentes y socavando sus propios objetivos declarados de contrarrestar el terrorismo y prevenir el extremismo violento.

Del mismo modo, las sanciones futuras deberían tener disposiciones de caducidad incorporadas. Esto proporcionaría enfoques basados en datos y pruebas para los regímenes de sanciones, en los que su continuación no está garantizada, sino determinada por los hallazgos de eficacia. Según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno. (GAO), a partir de ahora, "las agencias federales no realizan evaluaciones integrales que midan la eficacia de las sanciones para cumplir con los objetivos de política exterior de EE. UU."

Los regímenes de sanciones actuales deberían revisarse a través de evaluaciones de impacto de rutina para determinar su relevancia, eficacia y hasta qué punto cumplen sus objetivos. Se debe sentar un precedente para garantizar que las sanciones que no alcanzan los objetivos previstos se renueven o suspendan, precisa Subramanian-Montgomery.