Lo político versus lo jurídico

A ese debate se ha sumado ahora nada menos que el vicepresidente de la República. El contador Danilo Astori se situó en forma contundente en el sector de quienes piensan que lo político no predomina sobre lo jurídico, que los pensamientos y deseos del gobierno de turno, por más democrático que sea su origen, no pueden pasar por encima de la Constitución, las instituciones. Ello le implicó enfrentarse al presidente pero, a pesar del mensaje de falta de unidad que puede enviarse a la ciudadanía cuando presidente y vice discrepan en público, la controversia es una señal importante de que hay puntos que no se pueden dejar pasar por alto sin plantar posición. Son esos momentos en los que, o se habla o se calla para siempre, con todos los riesgos que ello significa.

Pero la disputa o discusión es importante mucho más allá si el ingreso de Venezuela en esta instancia es correcto o no. Lo que está juego, ni más ni menos, es saber si podemos saltarnos las Constituciones, las leyes o los tratados por el solo hecho de que obstaculizan lo que consideramos correcto o necesario. No es Venezuela o Paraguay lo que está en juego en este momento, sino la concepción que tenemos de las instituciones. Porque si las instituciones son un chicle que debe adaptar su forma a nuestros deseos, si las normas que nosotros nos dimos como fundacionales (la Constitución) o como operativas (las leyes y tratados) son apenas un envoltorio de una realidad muy superior, entonces estamos en un gran problema.

En efecto, no se trata de que las instituciones pueden rigidizar la vida política y social. En definitiva, las instituciones responden a las conveniencias de una sociedad en un momento determinado y se cambian, si es necesario, de acuerdo a los mecanismos previstos en cada caso: la reformas constitucionales con plebiscitos, las leyes con nuevas leyes, los tratados con otros tratados. Pero en tanto no se cambien, siguen rigiendo la vida social y no pueden ser soslayadas. Si no fuera así, no habría protección de las libertades individuales, no habría reglas de juego claras para las inversiones, nada sería predecible: habría que estar a lo que el gobierno de turno decidiera cada día. Y no estaríamos en una república democrática sino en una autocracia o incluso dictadura.

Es cierto lo que dice el presidente Mujica de que la norma sigue a la vida y no la vida a la norma. Para que ello ocurra está previsto que las normas puedan cambiar. Por algo las constituciones establecen sus mecanismos de reforma (aunque deberían cambiar poco porque representan los valores de una sociedad y hay valores como las instituciones democráticas y las libertades y garantías individuales que no pueden cambiar en tanto queramos seguir viviendo en una sociedad libre). Por algo las leyes cambian más que las constituciones, porque atienden a necesidades de épocas determinadas. La norma debe seguir a la vida, pero si la norma no nos gusta, lo que se debe hacer es cambiarla por el mecanismo establecido en vez de ignorarla total o parcialmente.

Nadie pretende petrificar la vida política, económica y social en aras de mantener unas normas dadas. Pero toda evolución de dichas normas debe hacerse en forma legal o constitucional. Para volver al ejemplo de Venezuela, si el gobierno quiere que entre al Mercosur, lo que debe hacer es cambiar el Tratado de Asunción y si no lo puede hacer, lo mejor es derogarlo y hacer otro tratado. Porque el día que tiremos por la borda lo jurídico en aras de lo político, estaremos abriendo el camino a la autocracia o a la tiranía o a la voluntad del más fuerte. Y habremos perdido algo que a Occidente le costó muchos siglos y mucho sacrificio construir: la limitación del poder del Ejecutivo y la vigencia de garantías y derechos individuales.